Con una copia fiel de la legislación federal, en Oaxaca se pretende echar a andar la Ley de Comunicación Social y Publicidad Oficial para el Estado de Oaxaca, que tiene como propósito central reducir en 70 por ciento el presupuesto destinado a medios de comunicación, lo que representaría un duro golpe a periódicos, televisoras, radiodifusoras y medios digitales; la propuesta presentada por el Partido del Trabajo pretende ejercer un control exhaustivo al ejercicio periodístico, en un abierto atentado a la libertad de expresión
Sustento legal
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. (Párrafo ocho del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)
Yolanda PEACH
Recorte de personal, desempleo, impresos más caros y sueldos inestables para periodistas, son los efectos colaterales que podría generar la Ley de Comunicación Social y Publicidad Oficial para el Estado de Oaxaca, propuesta por el Partido del Trabajo (PT) y que analiza el Congreso local.
Una crisis económica a corto plazo lo que se avecina para medios escritos, electrónicos y digitales en la entidad.
No bastan los atentados a medios de comunicación, agresiones, amenazas y asesinatos a periodistas, el Estado ha encontrado formas más sofisticadas para la censura.
Una reducción de más del 300 por ciento en gastos en publicidad oficial es lo que pretende legalizar, la iniciativa presentada el legislador petista Saúl Cruz Jiménez, operador en la LXIV Legislatura local, del diputado federal Benjamín Robles Montoya.
El planteamiento también sugiere conformar un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Social y Publicidad Oficial, que trabajará en colaboración con la Secretaría Administradora de cada sujeto obligado, entre los que se encuentra el Poder Ejecutivo, El Poder Judicial, el Poder Legislativo, los municipios, los organismos públicos y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, entre otros.
Por lo pronto, la Comisión Permanente del Congreso del Estado turno a comisiones la iniciativa con proyecto de decreto, la cual, según explican, pondrá topes al gasto público, precisará los criterios de asignación a medios de comunicación y frenará la imagen indiscriminada de funcionarios públicos.
Ni premio ni castigo
Ponderan, en su iniciativa, evitar que la publicidad oficial se convierta en un instrumento para censurar, castigar o premiar a medios de comunicación por sus líneas editoriales, según reza en el artículo 8 de esta iniciativa.
La propuesta establece como límite para el gasto en comunicación social el equivalente a 0.1 por ciento del total del presupuesto anual del estado.
El proyecto, presentado por el Partido del Trabajo (PT) en la LXIV Legislatura, pretende reducir y limitar el gasto público asignado a los medios de comunicación, para pasar del 0.33 por ciento que se asigna actualmente, al 0.1 por ciento, para los próximos ejercicios fiscales.
Un plagio matizado que impusieron el PAN, PRD y PRI en abril del 2018 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Todo inicia con un amparo promovido por un colectivo de organizaciones, como Artículo 19, quienes pidieron que se obligara a diputados y senadores elaboraran la ley prometida con la Reforma político-electoral de 2014.
Consideraron que esta omisión violaba la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de un marco normativo reglamentario al artículo 134 de la Constitución permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial.
Artículo 19, explicó que lo que pretendía que se regule el gasto de la publicidad oficial para que estos recursos no se utilicen de forma arbitraria, con opacidad o con fines de autopromoción, al señalar, en esas fechas, que el gobierno federal había erogado cantidades exorbitantes en publicidad.
Finalmente se expidió la tan pedida ley reglamentaria del párrafo ocho del artículo 134 de la Constitución Política y la política en materia de asignación de convenios que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a nivel federal.
“Una publicidad reglamentada permitirá demostrar que aquellos que reciben dinero público efectivamente le devuelvan a la sociedad información útil y no propaganda encubierta”, señalaron.
Un refrito de la ley federal
Ahora, el diputado del PT, Saúl Cruz Jiménez -quien pertenece al grupo político del diputado federal Benjamín Robles Montoya- elaboró su iniciativa, emulando casi en su integridad, la aprobada ley federal.
No es la primera vez que los diputados petistas, copian propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Hace más de 11 meses, Benjamín Robles Montoya propuso reducir el 50 por ciento a las percepciones de los diputados, ejecutivo estatal y magistrado. Al reducir los salarios, transparentar los ahorros generados por la disminución de pago.
El diputado, quien ha vivido del erario y logró colocar a su esposa, también como legisladora estatal, ha encabezado diversas campañas para desprestigiar a sus opositores políticos. Su hijo, también candidato plurinominal, estuvo a una posición de llegar al Congreso, con lo que la familia estaría en la curul, impulsando la austeridad.
Precisamente fueron los diputados del Partido del Trabajo quienes, hace un año, advirtieron que impulsarían las reformas necesarias para reducir privilegios al gobernador Alejandro Murat y funcionarios, en cumplimiento a la política de austeridad que impulsaba López Obrador
Ahora, al igual que la propuesta federal, el petista Saúl Cruz Jiménez explica, en la exposición de motivos que, de acuerdo al presupuesto del 2019, se han destinado 235 millones 574 mil 615.63 pesos al rubro servicios de comunicación y medios.
Recalcó que el objetivo es garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos para la contratación de servicios de comunicación en prensa escrita, radio, televisión y cualquier otro medio de comunicación.
Al igual que la medida federal, su objetivo es asegurar que las pautas publicitarias lleguen eficazmente al público; vigilar el respeto a los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos correspondientes.
Comprobó que el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2019 es de 235 millones 574 mil 615.63 pesos. Lo que equivale al 0.33% del presupuesto para el gobierno estatal, que corresponde para este año.
Propuso, para desalentar la discrecionalidad en el gasto en publicidad oficial, la creación de un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Publicidad Oficial.
Los integrantes serán expertos en las materias que atraviesan esta dinámica, emanados de la academia, el periodismo y las organizaciones de la sociedad civil., con atribuciones para emitir opiniones vinculantes sobre las proporciones y las condiciones de las asignaciones presupuestales por parte de los sujetos obligados.
Lo anterior, representa que dicho consejo va a decidir a quién se le darán pautas publicitarias.
“También delimita el tipo de mensajes que podrán considerarse publicidad oficial, en el afán de evitar que la comunicación social sea aprovechada para la promoción simulada de individuos, partidos políticos o campañas específicas”.
Censura disfrazada
Sobre el gasto en comunicación social, propone que los entes públicos no puedan convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a favor de la autoridad, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en materia de comunicación social.
Sobre los imprevistos, se establecería que los sujetos obligados reserven el diez por ciento del total del presupuesto asignado para el rubro de comunicación social y publicidad oficial, para eventos que por su naturaleza no pueden ser previstos y requieran de un mensaje extraordinario.
Como fiel discípulo de la política en medios de comunicación de Andrés Manuel López Obrador, establece que ningún medio de comunicación podrá recibir más del quince por ciento de la inversión anual en publicidad oficial. “Queda prohibido que un medio de comunicación sea adjudicatario de un porcentaje mayor al 30 por ciento de la totalidad de la pauta oficial prevista para una campaña particular”.
Además, para garantizar la equidad, establece que ningún medio de comunicación que reúna características análogas a las de los que accedan a la pauta oficial, debe ser excluido de una contratación sin existir causa justificada.
Varios candados
La citada ley prohíbe la asignación y contratación de publicidad oficial a medios de comunicación cuyos titulares fuesen servidores públicos.
Si se tratara del cónyuge, pariente en línea recta sin limitación de grado y en la colateral por consanguinidad y afinidad hasta el cuarto grado, podrían acceder a la publicidad si presentan su declaración de intereses, tener una antigüedad superior a seis años a la fecha del inicio del cargo del servidor y haber celebrado, con anterioridad, por lo menos dos contratos de publicidad.
En cuanto a los criterios de asignación y contratación de publicad oficial, el artículo 23 establece que considerarán los parámetros de cobertura geográfico y formato del medio, tarifas, circulación, rating y métricas de usuarios web, así como público objetivo.
Sin embargo, en el artículo 25 propone que deben privilegiar los espacios publicitarios a través de medios públicos y redes sociales institucionales.
“Tratándose de redes sociales personales de los funcionarios públicos de los sujetos obligados, la difusión de publicidad oficial y campañas de comunicación social deberá sujetarse a lo establecido en la presente ley, sin poder difundir a título personal o a través de su imagen personal, los logros institucionales de los entes públicos”.
Medios a prueba
En cuanto a la asignación y contratación de espacios publicitarios, los medios de comunicación masiva deberán estar registrados previamente en el Padrón Estatal, tener un código de ética con mecanismos claros para su cumplimiento; tener un defensor del lector o de audiencias y garantizar el derecho de réplica.
Y emulando la política federal, el recorte al presupuesto a medios de comunicación podría generar los mismos efectos, ya que las empresas, desde hace varios años, han disminuido considerablemente la inversión en publicidad.
Se avecina que algunos medios ajusten su operatividad de recursos y reduzcan personal; otros, simplemente desaparecerán.
Un arma de dos filos. Al no existir compromiso del medio con el gobierno, se tendrá la tan ansiada “libertad de expresión”. Solo que, si siguen emulando la política López Obrador, también se espera represión, condena y menosprecio a los medios que empiecen a publicar información crítica.
