Con una evaluación promedio de 5.25, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria ubicó a los centros de readaptación de la entidad como los sextos más deficientes del país, producto de las condiciones de hacinamiento, autogobierno y/o cogobierno, falta de acceso a la salud y bienestar de las personas privadas de su libertad que prevalecen en ellos. Las diversas problemáticas que se suscitan al interior de este sector confluyen en un mismo origen: falta de recursos. Como ejemplo, basta señalar que el gobierno del estado destina 21.73 pesos al día para la alimentación de los reos del fuero común y que los 500 custodios que resguardan las 16 instalaciones que existen en Oaxaca, permanecen desarmados
Flor HERNÁNDEZ / Jorge VEGA
El Sistema Penitenciario de Oaxaca está reprobado. La calificación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) efectuado en 2016 a una muestra de cuatro Centros de Reinserción Social (CRS), ubica a la entidad en la sexta posición con peores resultados.
La Penitenciaría Central de Ixcotel y los centros de reclusión de Miahuatlán y Tehuantepec, tienen una evaluación promedio de 5.25, producto de las condiciones de hacinamiento, autogobierno y/o cogobierno, falta de acceso a la salud y bienestar de las personas privadas de su libertad.
En el penal Ixcotel, cuya capacidad supuestamente es de 850 internos, hasta el 2015 había una población de mil 239.
En el de Tehuantepec, en ese mismo lapso, el número de presos era de 463; en el de Tanivet, de 230, y en el de Miahuatlán, de 553, aunque, ello, afirman las autoridades, ha cambiado.
Para evaluar el funcionamiento de los centros de readaptación social, hay una escala que va de 0 a 5.9; de 6.0 a 8.0, y de 8.1 a 10.
La medición encontró a Nayarit (4.37), Guerrero (4.39), Hidalgo (4.62), Quintana Roo (4.69) y Tamaulipas (4.95), en los cinco primeros lugares de violaciones a las garantías individuales de la población penitenciaria.
En Oaxaca, tres mil 881 personas, de las que 3 mil 698 son hombres y 183, mujeres, se encuentran recluidas en 16 centros –13 para adultos y tres especializados: Femenil, Pacientes Psiquiátricos y para Adolescentes en Conflicto con la Ley penal–.
El director general de Reinserción Social del Estado, Juan José Rodríguez Molina, en entrevista para Real Politik, afirma que el sistema penitenciario está bajo control y al inicio de este nuevo sexenio que encabeza Alejandro Murat (2016-2022), se busca mejorar la calificación otorgada por la CNDH en 2016.
Desde su oficina, en el último piso del edificio de la Subsecretaría de Reinserción Social, ubicado al sur de la capital, se aprecia el cerro de San Felipe y El Fortín, también la zona oriente, donde se ubica la Penitenciaría Central del estado, la más grande por el número de internos.
“El hacinamiento lo hemos abatido, únicamente tenemos sobrepoblación en Santa María Ixcotel. Cuando lo recibimos, había mil 400 personas en un espacio con capacidad para 860. Actualmente tenemos una población de 973”, indica.
Y aunque considera que no existen condiciones de autogobierno, ni cogobierno en los Centros de Reinserción de la entidad, debido a la desaparición de las Mesas Directivas, así como a la “atención permanente” de las necesidades de los internos, reitera que el control de las cárceles es una tarea de cada minuto.
En octubre de 2001, tras un operativo en Ixcotel, fueron decomisados cientos de objetos prohibidos, cesado el director Pedro Omar Ruiz Cruz y, supuestamente, desmantelado el autogobierno, además de que 30 reos fueron trasladados a otra cárcel.
En esa ocasión, en un operativo denominado “Saturno II”, donde participaron alrededor de mil elementos de las policías federales y estatales con apoyo de militares irrumpieron en el penal donde decomisaron objetos punzocortantes, teléfonos celulares, televisiones y bebidas embriagantes; además, había familiares de reclusos que dormían en el penal.
En el 2013, Oaxaca figuraba en la lista de estados con cárceles con un menor promedio de gobernabilidad, con 4.8 de calificación, mientras que Tamaulipas tenía 3.65; Nuevo León, 3.80; Sinaloa, 3.97; Zacatecas 4.27, mientras que Aguascalientes, Guanajuato, Baja California, Querétaro y Colima contaban con menores deficiencias o fueron los mejor calificados.
Carencias
Los centros de privación de la libertad enfrentan diferentes problemáticas, que confluyen en un mismo origen: falta de recursos.
Diariamente, el gobierno del estado destina 21.73 pesos por persona recluida para alimentación, en caso de haber incurrido en un delito del fuero común; mientras que el gobierno federal, canaliza 50 pesos a este mismo rubro, a quienes son procesados o tienen ya una sentencia por delitos del fuero federal.
“No hacemos diferencias entre lo que comen unos y otros, el recurso se distribuye por igual”, apunta el director de Reinserción Social.
En la vida en libertad, 22 pesos (redondeando los 21.73), son suficientes para comprar un kilo de tortilla y medio de frijol.
Aunado a las carencias en materia alimentaria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó que la Penitenciaría Central, presenta deficiencias en instalaciones, higiene, atención médica, personal de custodia, clasificación, entre otros puntos que le dan la peor calificación, de las visitadas por el organismo en la entidad, con un 4.11.
El director de Reinserción Social confía en que los resultados de la evaluación para el otro año mejorarán, ya que se atiende la problemática, principalmente en la presencia permanente de las autoridades, así como en la vigilancia de que no exista circulante de dinero superior a 500 pesos por interno, lo que de acuerdo a su experiencia, impide el autogobierno.
Custodios sin armamento
Los 500 custodios que resguardan la seguridad de los 16 centros penitenciarios del estado, están desarmados, debido a que no están incluidos dentro de la “licencia estatal colectiva”, lo que es sin duda el talón de Aquiles del sistema.
Rodríguez Molina asegura que Oaxaca es una de las pocas entidades del país y quizá la única, que tiene esta particularidad, por lo que es necesario recurrir a la Policía Estatal para el traslado de privados de la libertad a hospitales y a diligencias judiciales, así como de la vigilancia de las torres.
Aunque detalla que las armas de fuego no están permitidas en ningún penal del país, sí las de tipo de disuasión como: aire comprimido, gas pimienta, entre otras que utilizan los cuerpos de contención. Sin embargo, en el estado, ningún custodio puede portar algún tipo de armamento.
Agrega que pese a ello, se inició la capacitación del personal de vigilancia para que en algún momento de presentarse una contingencia, pueda actuar de manera adecuada.
Drogas
Las revisiones periódicas en los Centros de Readaptación Social –tres a la semana— confirman la presencia de drogas entre los reclusos, principalmente mariguana, cocaína y cristal. Lo que la CNDH identificó como “insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria”, uno de los rubros que provocó la calificación reprobatoria del sistema en la entidad.
El responsable de los penales en el estado, confirma que el ingreso de los estupefacientes es generalmente vaginal y que en breve, al menos la Penitenciaría Central, contará con equipo tecnológico para detectar presencia de enervantes, sin que esto violente los derechos de las mujeres.
Precisa que de manera periódica, los custodios revisan los centros de internamiento por áreas, como medida para garantizar el orden.
Penal femenil de Tanivet
El penal de Tanivet, registra la más alta calificación del sistema en Oaxaca, es el único que aprobó el diagnóstico de la CNDH, con un 6.02. El centro, tiene una población de 179 mujeres y capacidad para 253. Aquí, también cohabitan nueve menores al lado de sus madres.
Rodríguez Molina asegura que en lo que va de esta administración se han efectuado cambios determinantes en este Centro de Reinserción Social. “Los niños reciben colaciones de fruta y cereales al mediodía, aunado a sus tres comidas”, indica.
Al respecto, la presidenta de la asociación civil Comité Pro Defensa de las Mujeres Reclusas de Tanivet, Ana Laura Herrera López, confirma que la situación de las privadas de libertad y sus hijos ha mejorado en materia de derechos humanos.
“Los niños reciben alimentación adecuada, al igual que las mujeres, además de que actualmente se permite el ingreso de especialistas del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) a las instalaciones, e inclusive, en breve el Comité llevará un curso de capacitación de diseño de imagen”, abunda.
La abogada, quien comercializa las bolsas que se producen en el reclusorio, en un local ubicado en la calle de Guerrero número 503 del centro de la ciudad, refiere que la agrupación atiende principalmente a 50 reclusas que han sido abandonadas por sus familias, aunque sostiene tener relación con la mayor parte de la población femenil de Tanivet.
Integrada por seis personas –cinco mujeres y un hombre—la organización inició labores hace cuatro años en el penal, tiempo durante el cual, considera, se ha registrado una mejoría notable en la atención de las privadas de libertad.
Sin embargo, precisa que las injusticias son permanentes, lo que es evidente porque un porcentaje importante de las internas son inocentes, cometieron delitos menores, o bien fueron envueltas por sus parejas para cometer algún tipo de ilícito.
“Hay quienes traficaron con droga por presión de sus maridos, o porque requerían dinero de manera urgente para la realización de estudios médicos de sus hijos. Detrás de cada una de ellas hay una historia”, añade.
¿Privilegios?
El director del Sistema Penitenciario sostiene que hay un trato igualitario para los internos y pese a que el Diagnóstico 2016 señala ineficiencia en la clasificación, el servidor público afirma que existe una adecuada separación de los privados de la libertad, de acuerdo al delito cometido.
“No hay internos de primera, ni de segunda. El ex secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos no tendrá ningún tipo de privilegios”, garantiza.
Los procesados llegan a un área de nuevo ingreso, posteriormente pasan a clasificación y finalmente se les asigna un dormitorio, que compartirá con personas que cometieron un ilícito similar, indica.
La Penitenciaría Central, con una historia de más de medio siglo, se convertiría en un museo, de acuerdo a la planeación de la anterior administración de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016), luego de la inauguración del Penal Varonil de Tanivet, el 30 de marzo de 2016.
Más de un año después, Rodríguez Molina sostiene que hasta el momento, la “mudanza” de los 973 internos de Ixcotel, al penal de Tanivet no está prevista y la contratación de personal para este nuevo centro es aún lejana.
El centro penitenciario que se presumió, cuenta con un innovador sistema de vigilancia, permanece semivacío, operando únicamente con el mínimo de personal, mientras persiste la sobrepoblación y malas condiciones en el centro de reclusión más grande del estado.
Contradice Defensoría
informe de la CNDH
Por su parte, el Visitador General de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Juan Rodríguez Ramos, refiere que en las cárceles de la entidad “no han detectado autogobiernos”.
Señala que en los 15 centros penitenciarios del estado, hay una población aproximada de 4 mil presos, y este año no tenían señalamientos que hubiera autogobiernos.
Dice que sólo ha habido quejas por traslados injustificados, deficiencias en la alimentación y servicios médicos, falta de actas de los Consejos Técnicos de los penales y, en el caso del reclusorio de Tanivet, en diciembre de 2015 recibieron una denuncia de un caso de tortura, y en lo que va del año, la DDHPO, tiene en trámite 40 quejas.
No obstante, el año pasado, el organismo el año pasado “detectó” problemas en la alimentación y quejas por maltratos y torturas por parte de personal de custodia en los reclusorios, sobre todo, en Tanivet, la cárceles regionales de Etla, Juquila y la Penitenciaría Central de Ixcotel.
En este último, el organismo constató graves problemas de ingobernabilidad, por lo que, la DDHPO emitió una recomendación al gobierno estatal debido a situaciones de corrupción, hacinamiento y diversas violaciones a los derechos humanos de los internos.
Derivados del autogobierno, prevalece el tráfico de drogas, ingreso de bebidas embriagantes y prostitución, además de las celdas de castigo y excesos en las revisiones en el área de visitas.
Antecedentes
El año pasado, la Cámara de Diputados federal recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015”, donde precisa que las deficiencias detectadas con mayor incidencia en 130 centros revisados, de los 359 que hay en el país, están relacionadas con la clasificación entre procesados y sentenciados, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.
Una constante es la falta de manuales de procedimientos de ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuerza, solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita íntima, familiar, revisión de visitantes, de estancias, deficiente difusión de la normatividad que rige el Centro hacia los internos.
Menciona que el problema de la ingobernabilidad en las cárceles radica en la falta de acciones que busquen evitar casos violentos como motines, evasiones, homicidios, riñas y extorsiones, como los ocurridos en Topo Chico, Apodaca y Cadereyta en Nuevo León; Ciudad Victoria en Tamaulipas; Culiacán en Sinaloa; Cancún en Quintana Roo; Matías Romero en Oaxaca; y en la Ciudad de México.
“El problema se agrava por el aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada o con capacidad económica, recluidos en centros estatales y municipales, quienes controlan la prisión, lo cual es tolerado por algunas autoridades”.
La CNDH, considera que es inaceptable que existan muchas prisiones en el país con condiciones de autogobierno y/o cogobierno, pues en los últimos cinco años, 42 centros presentaron esta condición.
La aplicación del Diagnóstico, se realizó sobre una muestra conformada por 130 (36 por ciento) centros penitenciarios estatales, varoniles, mixtos y femeniles, de un total de 359 que hay en el territorio nacional, cuya población total de acuerdo al dato obtenido al día de la supervisión fue de 194,977 internos, lo que corresponde al 87 por ciento del total de la población recluida en centros estatales
El Diagnóstico precisa que en el caso de la Penitenciaría Central de Ixcotel, es importante que las autoridades presten atención en aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, como sobrepoblación, hacinamiento, servicios para mantener la salud de los internos, insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos, prevención de violaciones a derechos humanos y atención en caso de que sean detectadas.
También en la insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, atención a internos en condiciones de aislamiento (sancionados y/o sujetos a protección).
En el rubro para garantizar una estancia digna, plantea que haya condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a los internos (ingreso, y dormitorios), equipamiento e higiene del área médica, de la cocina, comedores y en las instalaciones para la comunicación con el exterior (visita familiar, íntima y locutorios).
En relación a la gobernabilidad, menciona aspectos de la normatividad que rige al Centro (reglamento, procedimientos y difusión de los mismos), insuficiencia de personal, deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones disciplinarias.
De igual manera, el ejercicio de funciones de autoridad por parte de internos del Centro (autogobierno/cogobierno), actividades ilícitas, falta de capacitación del personal penitenciario.
En el tema de reinserción social del interno, menciona que hay deficiencias en los estudios para la clasificación de los internos, en la clasificación entre procesados y sentenciados, también en las actividades laborales y capacitación, educativas y deportivas.
No hay atención a adultos mayores, ni a personas con discapacidad física y/o psicosocial, además de la insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
