El ex secretario de Salud fue detenido la mañana del sábado en el estado de Jalisco, trasladado a Oaxaca y recluido en el penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz; está acusado de malversar al menos 10 mil millones de pesos durante su gestión como funcionario público. Faltan otros “peces gordos” como Jorge Castillo Díaz, y los ex secretarios de Administración, Alberto Vargas Varela; de las Infraestructuras, Netzahualcóyotl Salvatierra; de Turismo, José Zorrilla de San Martín Diego y el propio ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, entre otros personajes que en su conjunto dejaron un desfalco superior a los 30 mil millones de pesos en perjuicio de la administración pública estatal
David Méndez
Siete meses después de haber arrancado el ejercicio de la presente administración, el gobierno de Alejandro Murat dio su primer golpe espectacular con la captura del ex secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, a quien se le achaca un desvío de recursos de al menos 10 mil millones de pesos.
Sin embargo, esta detención es apenas la punta de la madeja, toda vez que en la lista de acusados se encuentran Jorge Castillo Díaz, el principal operador político y financiero del ex gobernador Gabino Cué; Alberto Vargas Varela, ex secretario de Administración; Netzahualcóyotl Salvatierra, ex secretario de las Infraestructuras; José Zorrilla de San Martín Diego, ex secretario de Turismo y el propio Cué Monteagudo.
Esta acción podría traducirse en una válvula para desfogar la presión acumulada en el gobierno priista y desvanecer los señalamientos que apuntan a un acuerdo de impunidad a favor de Gabino Cué.
Tan sólo Jorge Castillo es señalado de haber amasado entre 2010 y 2016 una fortuna de al menos 7 mil millones de pesos, en tanto que a Alberto Vargas Varela, cercano a Castillo, se le atribuye un desfalco por el orden de los 2 mil 500 millones de pesos y la materialización de múltiples negocios como la creación de cajas de ahorro, bajo el amparo de la administración pública estatal.
Tenorio Vasconcelos fue detenido la mañana del sábado pasado en Jalisco, en una acción realizada por la Fiscalía General de aquella entidad, a petición de la Fiscalía de Oaxaca.
De acuerdo con el órgano autónomo, hoy encabezado por Rubén Vasconcelos Méndez, la aprehensión se llevó a cabo gracias a órdenes de arresto emitidas por la juez Segundo de los Penal del Distrito del Centro, bajo cargos abuso de autoridad, en perjuicio de la sociedad oaxaqueña mientras fungió como servidor público.
Ningún instancia ha precisado cuántas órdenes en contra de Germán Tenorio fueron ejecutadas y si en ellas existen otras imputaciones. El ahora detenido fue trasladado a Oaxaca y recluido en el penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
En prácticamente todas las áreas en las que Tenorio dispuso de recursos, han sido detectados malos manejos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y denuncias del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud (SNTSS) y del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud (SITyPS).
En conferencia de prensa ofrecida la tarde del sábado, el Fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez, aseguró que se registraron las causales necesarias para aprehender a Tenorio en el estado de Jalisco.
Vasconcelos Méndez afirmó que hay pruebas contundentes que prueban el desvío de recursos en contra del erario, así como falsificación de documentos oficiales.
A su vez, el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz externó que el ex funcionario incurrió en diversas irregularidades durante su ejercicio público.
Testigo clave, asesinado
La noche del 5 de marzo de 2015, el ex subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud, Rafael Pérez Gavilán Escalante, fue asesinado al interior de su domicilio por unos pistoleros.
De acuerdo con fuentes no oficiales, Pérez Gavilán contaba con información reveladora sobre los manejos turbios dados a los recursos públicos durante la estancia de Tenorio Vasconcelos al frente de los SSO.
Rafael Pérez, sobre el que caían múltiples señalamientos de corrupción, entre ellos malos manejos y venta de plazas, fue cesado el 19 de febrero.
Dos semanas después fue ejecutado al interior de su domicilio, situado en la colonia Lomas de Sierra Juárez.
En un principio, el gobierno de Gabino Cué pretendió mantener el caso en completo hermetismo, la intervención de la Subprocuraduría para la Atención de Delitos de Alto Impacto confirmó el crimen.
Pérez Gavilán fue denunciado por la dirigencia de la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) por presuntos desvíos de recursos y venta de plazas, al igual que los directores de Administración, Rubén Portillo Mijangos, y de Recursos Humanos, Marco Antonio Fuentes del Toro, precisó la revista Proceso.
También fue acusado por los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud (Sityps) de manejar una “nómina secreta” y un presunto desvío de 2 mil millones de pesos en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), añadió la publicación.
El 14 de septiembre de 2015, el entonces fiscal del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, le informó a Proceso que de las 20 líneas de investigación que se habían comenzado por el asesinato del ex funcionario, únicamente quedaban tres, entre ellas el desvío de recursos en los Servicios de Salud y una venganza del crimen organizado.
Hasta el momento, el caso no ha sido esclarecido.
Los desvíos
Como ejemplo, durante el pasado proceso de entrega-recepción, el equipo del entonces gobernador electo, Alejandro Murat, reconoció que fueron detectados malos manejos por entre 8 y 10 mil millones de pesos en los Servicios de Salud, que de 2010 a 2015 estuvieron a cargo de Germán Tenorio.
La crisis que actualmente impera en el sistema estatal de asistencia médica es tan grave como la que históricamente ha arrastrado la entidad en el sector educativo, afirmó, tras dar a conocer lo anterior, Rafael Aragón Kuri, quien fuera secretario de Salud durante el sexenio de José Murat Casab y formara parte del equipo de transición de Alejandro Murat, hijo de exmandatario.
El funcionario sostuvo en su momento que tocaría a las autoridades correspondientes investigar y sancionar a los responsables de tal malversación.
Seguro Popular
A ello, se añade otra presunta malversación, ésta por más de 6 mil millones de pesos del presupuesto del Seguro Popular, acusó el Sindicato Independiente de la Secretaría de Salud.
Estos recursos tuvieron que haber sido utilizados en la compra de medicamentos, equipamiento e infraestructura hospitalaria; sin embargo, fueron erogados en pagos irregulares a personal y en otros rubros que, hasta la fecha, no han quedado establecidos, pero que están siendo rastreados, agregó la organización.
El secretario de la agrupación, Saúl Ulises Cortés Maldonado, indicó que únicamente por concepto de pagos ilegales, el Seguro Popular ha perdido 9 mil 900 millones de pesos en los últimos nueve años, de los cuales 6 mil 300 corresponden al sexenio de Cué.
Lo anterior, dijo, deriva de un acuerdo signado en 2008 por el anterior director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Yuri Arias, a través del cual despojó a este sistema de protección social de mil 100 millones de pesos anuales para el pago de sueldos, cuando ese gasto debió haber sido ministrado obligadamente por el gobierno del estado.
Así, aquella determinación echada a andar durante el gobierno de Ulises Ruiz, fue avalada por Gabino Cué, quien prolongó esta práctica hasta 2015.
«Hemos vivido el saqueo de Ulises Ruiz, el saqueo de Gabino Cué, y los únicos que han padecido estos robos es la gente más pobre», manifestó, en entrevista.
«Hay un desfalco de más de 10 mil millones de pesos. Estamos investigando…».
En 2014, desvíos
por mil millones: ASF
Por su parte, en la Cuenta Pública de 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades entre 815 y mil millones de pesos en los recursos que Oaxaca recibió por parte del gobierno de la república por concepto de programas, fondos y acuerdos de apoyo para el sistema estatal de salud.
Las inconsistencias, contempladas como «observaciones» de presuntos quebrantos y «solicitudes de aclaraciones», fueron documentadas en el Seguro Popular –donde se detectaron supuestas malversaciones por casi 900 millones de pesos–, el Programa de Inclusión Social «Prospera», el Programa de Apoyo para Fortalecer los Servicios de Salud y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, precisó la Auditoría.
Otro saqueo al
Seguro Popular
Según la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 14-A-20000-02-1534, en 2014, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado recibió un total de 2 mil 452 millones 37 mil 700 pesos por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para el funcionamiento del Seguro Popular.
De ello, la ASF auditó el 60.5 por ciento; es decir, mil 482 millones 376 mil 600 pesos, cuyos resultados arrojaron al menos cuatro irregularidades graves.
En primera instancia, la ASF descubrió que la Secretaría de Finanzas no transfirió en tiempo y forma 255 millones 860 mil 500 pesos, a pesar de que ésta ya disponía en su cuenta bancaria de la totalidad del presupuesto etiquetado para el estado: 249.4 millones correspondían a transferencias federales y 1.1 millones por rendimientos bancarios.
Al ser notificada de la intervención de la Auditoría, Finanzas informó que había reintegrado los 255.8 millones de pesos a la cuenta de la Secretaría de Salud estatal; sin embargo, al 30 de septiembre de 2015, los recursos no habían sido utilizados en los objetivos del programa, en lo que fue catalogado como un «posible daño al erario».
Aunado a lo anterior, la administración estatal notificó que, al 31 de diciembre de 2014, no había gastado 437 millones 928 mil 200 pesos, que representaban el 17.9 por ciento del monto total transferido por el Seguro Popular. Ante ello, el ente fiscalizador demandó una aclaración sobre el destino del capital.
Además, la Auditoría exigió una nueva aclaración sobre otro monto; ahora, por 188 millones 533 mil 823 pesos, que tampoco habían sido devengados; no obstante, el organismo no especificó si esta cantidad era independiente a los 437 millones referidos anteriormente.
Y hay más: la auditoría reveló que la autoridad estatal utilizó 294 mil 592 pesos del Seguro Popular para pagar el sueldo de cuatro trabajadores que no reunían el perfil de la plaza para la que fueron contratados. Nuevamente, pidió la documentación que corroborara la idoneidad de aquel personal o, de lo contrario, la reintegración del monto a la Tesorería de la Federación.
De acuerdo con la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), el quebranto que prevalece actualmente en el Seguro Popular ronda los 4 mil 500 millones de pesos y, de ellos, mil 500 se requieren con urgencia para estabilizar a ese sector.
Observaciones por
34 mdp en Prospera
En lo que respecta al programa Prospera, la ASF halló inconsistencias por 34 millones 275 mil 303 pesos: 31 millones 866 mil 600 pesos por un presunto daño al erario emanado de recursos no transferidos de Finanzas a la Secretaría de Salud y, el resto, por el pago de 985 mil 314 pesos por concepto de intereses generados en la banca por la primera cifra.
Asimismo, la Federación demandó al gobierno estatal una aclaración por el gasto de 417 mil 700 pesos erogados, supuestamente, en la capacitación de personal, pero que no fueron comprobados con la documentación respectiva. También pidió una explicación por la no reintegración de un millón 991 mil pesos en cheques cancelados.
Otras inconsistencias
A través de la Tesorería de la Federación (Tesofe), Hacienda transfirió a la Secretaría de Finanzas de Oaxaca recursos del Programa Calidad 2014 por 89 millones 168 mil 100 pesos.
Este pago, argumentó el gobierno federal, fue hecho «conforme al calendario convenido».
Sin embargo, al 31 de diciembre de 2014, la autoridad estatal notificó que únicamente habían sido devengados 7 millones 81 mil pesos, por lo que a esa fecha estaban pendientes por ejercer 82 millones 87 mil 100 pesos, sin que haya justificado el porqué de esa determinación.
Además, los 89 millones de pesos del presupuesto total del programa que permanecieron depositados en las cuentas de Finanzas generaron un millón 197 mil 900 pesos de rendimientos que, al momento de la revisión, no habían sido transferidos al sector salud. De esa manera, el monto total de las irregularidades asciende a 83 millones 284 mil 977 pesos.
Desvíos en FASSA
En lo que respecta al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), fueron documentadas inconsistencias por tres millones de pesos.
Los conceptos son los siguientes: un supuesto quebranto por 883 mil 62 pesos, que no habían sido devengados al 31 de diciembre de 2014, y el requerimiento de aclaraciones por 2 millones 770 mil 199 pesos por concepto del pago de dos servidores públicos que no cuentan con la documentación que acredite el cumplimiento del perfil de la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2014.
A ello, se añaden 223 mil pesos que por el pago de intereses bancarios.
Las cifras anteriores, precisó la ASF, generaron un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un importe de 223 mil 800 pesos y aclaraciones por 3 millones 653 mil 300 pesos.
Y, en 2015, los SSO efectuaron pagos ilegales en favor de 291 trabajadores sin título profesional o que fueron «formalizados» de manera irregular por las autoridades estatales, lo que se tradujo en una presunta malversación de 13 millones 768 mil 908 pesos, alertó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Estas inconsistencias se aúnan a otras por 3 millones 636 mil 492 pesos en el mismo ejercicio, que hacen un total de 17 millones 405 mil 400 pesos.
Pagos indebidos
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2015, los SSO, que en ese año tuvieron como titulares a Germán Tenorio y Héctor González, mantuvieron en la nómina a 287 empleados que en apariencia habían sido contratados como personal eventual, pero que recibían tratos preferenciales, entre ellos, incrementos salariales injustificados.
El daño al erario provocado por esta anomalía, precisó la ASF, asciende a 13 millones 425 mil 752 pesos; a ello, se suman otros cuatro trabajadores que cobraron 343 mil 156 pesos con 87 pesos tras haber sido contratados sin contar con estudios universitarios.
Sobre el primer grupo de 287 empleados, el organismo fiscalizador detalló: «Con una muestra de 287 contratos de trabajadores eventuales, se constató que están acompañados de un convenio para incrementar los sueldos del personal y (los servidores públicos) fueron formalizados en la misma fecha del contrato.
«Sin embargo, los convenios no establecen alguna vinculación con los contratos presentados, la metodología utilizada y la justificación para el otorgamiento del incremento de los pagos y la fundamentación legal de la formalización de los convenios», subrayó.
Sobre los trabajadores que no contaban con título profesional, resaltó: «Con la revisión de una muestra de 391 expedientes de personal, se verificó que cuatro expedientes carecen de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2015.
«Adicionalmente, en la consulta a la página de internet de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, no se localizó el registro de los servidores públicos señalados, lo que generó pagos improcedentes en relación con el puesto inmediato anterior», sentenció.
La entidad no precisó qué puestos ocupaban esos ciudadanos.
“Jinetean” 30 millones
Asimismo, la ASF constató que, bajo el concepto de “préstamo”, los SSO transfirieron 30 millones 623 mil pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) a una cuenta que administra recursos estatales.
La transacción, precisó, fue realizada el 21 de diciembre de 2015.
El 5 de abril de 2016, la dependencia reintegró 27 millones de pesos; sin embargo, al cierre de la revisión, quedaron pendientes de devolver 3 millones 623 mil pesos, así como los intereses correspondientes.
Inhabilitado, pero no enjuiciado
Tras ser comprobados actos de malversación de recursos, el ex secretario de Salud de Oaxaca recibió en septiembre pasado una inhabilitación acumulada de 80 años –cuatro sanciones de 20 años cada una– para ocupar cualquier cargo público por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
El entonces titular de la dependencia, Luis Felipe Cruz López, la autoridad confirmó malos manejos por el orden de los 81 millones de pesos durante la gestión del ex servidor público, quien, en 2014, un año antes de su renuncia, se hizo de un avión para uso privado, valuado en 3.5 millones de pesos, y cuya propiedad ocultó en sus declaraciones patrimoniales.
En entrevista, Cruz López indicó que las nuevas sanciones se sumaron a dos suspensiones más –una por tres y otra por 10 años–, que fueron resueltas a comienzos de año y que, según el gobierno, ya han sido ratificadas tanto por la Contraloría como por tribunales en materia administrativa.
Cuestionado sobre la poca trascendencia de las resoluciones emitidas por la secretaría a su cargo, luego de que los ex servidores públicos no reciben castigo de cárcel después de ser inhabilitados, Luis Felipe Cruz indicó que una vez que las instancias jurisdiccionales ratificaran las sanciones, las autoridades podrían proceder judicialmente en contra de Tenorio Vasconcelos.
Asimismo, indicó que con esas sanciones, la dependencia a su cargo concluyó los seis expedientes abiertos en contra de la gestión del exsecretario de Salud, entre diciembre de 2010 y julio de 2015.
Impunidad
Uno de los mayores escándalos en torno a la figura del político priísta estalló cuando fue revelado que el entonces titular de Salud poseía un avión tipo Cessna Aircraft con matrícula XB-LKO y número de serie 340-0230, adquirido a un precio de 3.5 millones de pesos a la Inmobiliaria Tenorio SA de CV.
Además, los expedientes refieren que Tenorio Vasconcelos contrató de manera irregular a su hija, Daniela Tenorio Bernal, quien cubría una plaza y estaba comisionada para trabajar en un centro de salud con un salario de 4 mil pesos mensuales.
Fraude al Sindicato
En noviembre de 2016, la Sección 35 del SNTSA denunció que el gobierno del estado había malversado mil millones de pesos que le fueron descontados a la base trabajadora entre 2009 y 2016 y que debieron haber sido destinados al pago de terceros institucionales y no institucionales.
Aquel monto deriva de los descuentos que la autoridad hace al sueldo de los obreros para cubrir las cuotas de crédito de vivienda, sistema de ahorro para retiro, pensiones, financiamientos bancarios, préstamos con cajas de ahorro o autofinanciamientos.
Los descuentos le fueron hechos puntualmente a cada obrero, pero el dinero nunca fue depositado a las cuentas correspondientes.
“No han querido decir quién es el responsable, no se han transparentado las cuentas; no sabemos quién es el responsable por peculado”, dijo, en su momento, el dirigente Carlos Alberto Pérez Bautista.
