En los dos años del mandato de Enrique Peña Nieto se han producido el 70 por ciento de todas las desapariciones ocurridas durante la administración de Felipe Calderón; hay 22 mil 322 personas que se encuentran en el estatus de “no localizadas”, un misterio que el gobierno sigue sin resolver. Los únicos que se movilizan e investigan son los familiares
Alejandro Salazar
La impunidad es el afrodisiaco de los delincuentes en México. Las desapariciones de hombres y mujeres de todas las edades ocurren en medio de historias que parece ficción o un cuento de horror escalofriante.
En 20 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, 9 mil 790 personas tienen el estatus de “no localizadas”, es decir que cada mes han desaparecido 489 personas, 16 personas por día, un mexicano cada 90 minutos.
Los desaparecidos de este sexenio equivalen a llenar todas las butacas del Auditorio Nacional. Los desaparecidos representan seis veces la lista de invitados al Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional el 2 de septiembre pasado.
En 577 días ha privado la incertidumbre de la muerte, pero sobre todo de la vida de 9 mil 790 personas, igual hombres que mujeres, niños o adultos mayores, albañiles o ingenieros. Detrás de cada uno de ellos hay una familia, un dolor, una tristeza, una cicatriz abierta, un corazón angustiado por no saber.
Las vacaciones semestrales de Israel se volvieron inolvidables y quedarían grabadas en la mente de la familia Moreno, no sólo porque su hijo pasaría 30 días en las costas de Oaxaca, sino porque desde el 8 julio de 2011 no volverían a escuchar su voz, no porque haya muerto.
Israel, un joven de 20 años estudiante de la licenciatura de Geografía de la UNAM y vecino de Coyoacán, visitó Oaxaca, pasó dos días en Puerto Escondido y finalmente llegó a Chacahua donde ya no hubo comunicación.
Carlos Moreno, padre de Israel, denunció la desaparición de su hijo ante la Procuraduría estatal pero fue como hablar con la pared, dijo. Sólo se inició averiguación previa.
“Yo me aboqué a la búsqueda, encontré sus pertenencias, donde se quedó, rastreé el teléfono y supe quién los estaba usando, quién se repartía el crédito porque le seguía poniendo para que estuviera activo para poderlo rastrear. Hablé con el procurador Jesús López López y me dijo que el caso estaba en buenas manos, después de buscarlos unas 20 veces para que me diera una cita, pero el señor no tenía idea de lo que le estaba hablando”, recuerda Carlos Moreno.
Insistió y tocó puertas hasta lograr que algunos engranajes de la enquistada burocracia comenzará a girar pero no fue suficiente, todo fue un juego, una simulación: “ellos no han aportado un dato duro, toda investigación se ha basado en lo que yo aporté. El subprocurador de la Costa, Francisco Javier Vázquez, acompañó a la zona, fuimos pero no obtuvimos ningún resultado”.
El 22 de diciembre de 2011 citaron a Carlos Moreno en Oaxaca para decirle que a su hijo lo mataron en la Laguna de Chacahua. Todo era otra simulación para dar carpetazo.
“Me doy cuenta que no era real su investigación, entonces les digo: no iba vestido como ustedes dicen, no llevaba estos aparatos, no tenía ese corte. De acuerdo con la versión de la procuraduría de Oaxaca dicen que tiburoneros vieron un cuerpo 10 días después y que lo habían matado para robarle”.
Le describieron el cuerpo: piel morena, estatura 1.50 metros, aproximadamente de 35 años y calvo. Carlos respondió que ese no era su hijo, ya que Israel mide 1.70 metros, delgado, blanco y con el cabello rizado.
También la ciencia le dio la razón, ya que se hicieron tres pruebas de tejido hemático de rastreo y salieron negativas. Carlos define la actuación de la Procuraduría como “un montaje para darle carpetazo al asunto”.
Son más de tres años sin noticias de Israel, los días siguen corriendo y las autoridades sin encontrarlo. El desgaste económico y emocional le pega cada vez más fuerte la familia, pero seguirán buscando.
El negocio familiar quebró. Carlos consiguió dos trabajos y lo despidieron de uno porque pedía permiso para asistir a las procuradurías a insistir que buscarán a Israel.
“La vida cambia en una forma radical. Las amistades y los familiares se van, prácticamente te quedas solo. Te mermas económica, mental, física, emocionalmente. Lo que antes era importante ahora deja de serlo. Te enfocas única y exclusivamente a la búsqueda”, relata Carlos.
De mal en peor
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la administración de Enrique Peña Nieto recibió el registro de 29 mil 707 personas “no localizadas”, se han localizado 17 mil 175 personas de esa lista, de las cuales 16 mil 274 se encontraron con vida y continúa la búsqueda de 12 mil 532 personas.
Del 1 de diciembre de 2012 con corte al 31 de julio de 2014, se han localizado 13 mil 444 personas, de las cuales 12 mil 821 se localizaron con vida, es decir el 95 por ciento. Y continúan desaparecidas sólo en este sexenio 9 mil 790 personas.
En menos de dos años se han producido el 70 por ciento de todas las desapariciones ocurridas durante la administración de Felipe Calderón.
Actualmente en México 22 mil 322 personas se encuentran en el estatus de “no localizadas”.
Ximena Antillón, de la asociación civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, afirmó que la manera en que el gobierno federal presenta las cifras no ayuda a esclarecer los hechos ni garantizar el derecho a la verdad, sino que generan más confusión.
“Las cifras no están desagregadas ni presentadas como estadísticas, entonces no podemos reconocer patrones, no podemos decir que están ocurriendo de esta manera, en tal estado, en contra de estas personas”, aseguró la activista.
Señaló que las cifras oficiales están incompletas: “En este momento lo que las autoridades han dicho es que tienen registro de 22 mil 322 personas desaparecidas, pero esto se integró con datos de las procuradurías locales, son averiguaciones previas y actas circunstanciadas de las procuradurías locales, no de la PGR, o sea hay otros casos que solamente están en el fuero federal que no están incluidas aquí”.
Expuso que la impunidad da el mensaje de permisibilidad y de que las desapariciones se pueden cometer en México.
“El Estado incumple su deber de proteger a las personas, de darles seguridad, pero también de acceso a la verdad, la justicia y a la reparación. La impunidad genera nueva violaciones de derechos humanos, tanto a las víctimas como a sus familiares y a la sociedad en su conjunto”, indicó.
La activista de Fundar dijo que es urgente mejorar las capacidades de investigación de los servicios médicos forenses de todo el país y es que dentro del «Plan Nacional de Búsqueda Sistematizado» se tendrá un software ante mortem – post mortem para ubicar a las personas con vida, pero también avanzar en el análisis forense para su plena identificación.
“Existe una gran preocupación porque con qué peritos van a operar ese sistema si sabemos que en México no tiene las capacidades periciales forenses necesarias para eso”, refirió.
El objetivo del gobierno mexicano es dar cifras y no dar explicaciones, la verdad sobre estos hechos.
“En la administración de Peña Nieto se han localizado 13 mil 444 personas, de estas se han localizado con vida a 12 mil 821, nos importa mucho conocer cuáles de estos casos son desapariciones forzadas e involuntarias, en cuáles interviene la delincuencia organizada, en cuáles hay responsabilidad del Estado por omisión; todas esas cifras no las tenemos, eso abona a la confusión y a que no podamos entender el fenómeno”, puntualizó Ximena Antillón.
Nadie sabe si los “no localizados” fueron cooptados por la delincuencia organizada para la trata de personas, tráfico de órganos, cosecha de droga o si fueron asesinados. La desaparición es peor que la muerte por la carga de incertidumbre que la acompaña.
Las desapariciones persisten, pero en México son un misterio que el gobierno sigue sin resolver. Los únicos que se movilizan e investigan son los familiares. (La Silla Rota)
