Aunque intentó esconder la paternidad del paquete de reformas al sistema de justicia penal, Alejandro Gertz Manero dejó ver su mano dura y tuvo que asumir que las propuestas regresivas y violatorias a los derechos humanos –como ampliar la figura del arraigo a todos los delitos y terminar con la presunción de inocencia- forman parte de su visión para crear una Fiscalía con más poder, autoritaria y con un poder absoluto para detener y violar los derechos de cualquier presunto culpable
♦ “Desde una perspectiva de derechos humanos, si estas cinco propuestas (hechas por Gertz Manero) quedarán incluidas en la iniciativa sería alarmante e irían en el sentido contrario del fortalecimiento de las garantías procesales dentro del sistema de justicia”
Santiago Aguirre.
Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
CIUDAD DE MÉXICO.- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero pretende desmantelar el sistema penal acusatorio, para, en su lugar, imponer un sistema de justicia penal regresivo que echaría abajo los avances logrados en materia de justicia en los últimos 100 años, advierten especialistas.
El Abogado de la Nación preparó un paquete de iniciativas de reformas al sistema de justicia penal que fue filtrado a los medios de comunicación y que, a decir de los expertos, representa un grave riesgo de violaciones a los derechos humanos constitucionales. “Es una regresión de más de cien años”, califican especialistas.
Por su contenido, este conjunto de reformas ha generado una disputa con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso ha tenido que desmarcarse de los cambios propuestos.
Línea por línea, la propuesta de Gertz resulta, desde la perspectiva de especialistas en derecho y defensores de derechos humanos, altamente problemática pues incluye, entre otros elementos, ampliar la figura del arraigo para todos los delitos y no solo para los vinculados con la delincuencia organizada, además de aceptar como válidas pruebas obtenidas ilegalmente en un juicio y, omitir la presunción de inocencia que se ha tratado de defender a través del nuevo sistema de justicia.
“Eliminar la presunción de inocencia es una regresión de 100 años, ampliar el arraigo es una medida regresiva que atenta contra los derechos humanos, porque es un detener mientras se investiga, en los países democráticos se investiga para detener, pero en México las fiscalías no investigan ¿por qué? porque no es negocio, es muy cara y el gobierno no va a invertir en investigar quién mató a Juan Pérez cuando hay una carretera que construir, cuando faltan escuelas, la investigación no es negocio económico, ni político, ni electoral”, advierte el abogado especialista en Amparo, Juan Matías Hernández.
“Es un enfoque regresionista, ni siquiera regresa al sistema anterior al acusatorio, regresa como un sistema que estaba vigente antes de la Constitución de 1917, lo cual es bastante preocupante, el problema al acceso a la justicia no está en la sede judicial, puede haber vicios pero el problema principal está en los ministerios públicos, en las fiscalías que no tienen la capacidad y a veces ni la voluntad política para perseguir delitos”, señala Cristina Reyes, abogada de la ONG México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
LAS PROPUESTAS DE GERTZ
El camino de Gertz Manero, coinciden los especialistas, es endurecer a la Fiscalía a costa de lo que sea, incluidas las garantías individuales de los mexicanos. En su visión de la procuración de justicia, no importa si se amplía la figura del arraigo para mantener en prisión a cualquier imputado ni si se elimina el plazo constitucional de 72 horas para conseguir pruebas suficientes de su culpabilidad. Su objetivo principal es, aseguró ante legisladores de Morena el jueves 30 de enero, “ir desmantelando el sistema penal acusatorio.
Las reformas, señala Matías Hernández, son una transición que implicaría “pasar de un sistema como el acusatorio que privilegia la presunción de inocencia a uno inquisitorial en el que la presunción de culpabilidad es la regla.
“Antes veíamos gente ir a prisión porque robó una gallina, porque robó un Oxxo, porque no tenía dinero para la fianza, si se aprueban estas reformas el sistema va a reventar, el sistema acusatorio privilegió el arreglo mediante soluciones alternativas, pero de aprobarse estas reformas no va a haber a dónde meter a tanta gente que estará en espera de que un ministerio público investigue y obtenga pruebas de que es culpable”, señala Matías, profesor de Derecho de la UABJO.
Para Cristina Reyes, sin embargo, desde la Fiscalía no hay señales que permitan modernizar su actuar. “Se necesita una verdadera transformación que cambie el paradigma del ministerio público policía, en el que también había un alto índice de impunidad. Lo que necesitamos son fiscales que sepan litigar ante los jueces, que tengan estándares altos probatorios y que impidan la actuación irregular de las policías al momento de la detención, que investiguen para poder llevar casos sólidos ante los jueces, la puerta giratoria no está en las audiencias, están dentro de la misma sede ministerial, los jueces no pueden bajar los estándares probatorios porque eso nos asegura que la persona que es acusada, vinculada a proceso o sentenciada merece una sanción por la comisión de un hecho delictivo, eso es lo que realmente va a acabar con la impunidad”, asegura.
De igual forma señala que Gertz Manero tiene todavía deudas en su actuar como fiscal del país, entre ellas entregar al Senado su plan de persecución penal, que es la priorización de los delitos que perseguirán sus agentes, lo que permite administrar recursos y capacidades.
ALARMAS
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señala que hay cinco graves riesgos de las iniciativas de reforma como se planteaban de acuerdo con los documentos que fueron filtrados:
- Que la figura del arraigo se amplíe para más delitos; 2. permitir que un juez valide pruebas obtenidas ilegalmente en un juicio, bajo tortura o a pesar de haber sido alteradas; 3. Eliminar figuras centrales para la justicia oral, como el que el juez de control sea el mismo que emite la sentencia; 4. Ampliar el régimen de excepción de la delincuencia organizada a otros delitos, sin criterios acotados; 5. Crear una jurisdicción especializada para conocer de delitos cometidos por jueces, lo que podría violar su independencia.
“Desde una perspectiva de derechos humanos, si estas cinco propuestas quedarán incluidas en la iniciativa sería alarmante e irían en el sentido contrario del fortalecimiento de las garantías procesales dentro del sistema de justicia”, señala el director del centro, Santiago Aguirre.
Para la analista Claudia Aguilar, integrante de la Junta Directiva de la Escuela Libre de Derecho, el paquete de reformas planteado originalmente resulta vergonzoso, pues atenta contra los derechos garantizados tanto en la Constitución como en tratados internacionales firmados por México.
Entre los elementos que considera riesgosos de esa propuesta se encuentra además la desaparición de la vinculación a proceso y mantener la prisión preventiva oficiosa, lo cual deriva en la eliminación por completo del Control Judicial de la Privación de la Libertad de una persona y que permitiría que cuando un Ministerio Público formule una imputación por algún delito del catálogo del artículo 19 constitucional, se mantenga en prisión preventiva a una persona hasta por dos años, sin necesidad de satisfacer estándar probatorio alguno.
Para el columnista Carlos Ramírez, la presentación de las iniciativas para reformar el sistema penal resulta un paso adelantado, pues lo que se requiere de inicio es que los tres niveles de gobierno entreguen un diagnóstico de la inseguridad, una evaluación de lo logrado y no logrado en 2019 y un replanteamiento de articulación entre la estrategia de seguridad y el nuevo modelo judicial-penal.
EL ENCONTRONAZO EN MORENA
El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió el cisma que significó la presentación de este paquete de reformas. “No tengo nada que ver”, dijo el miércoles 29 de enero durante la conferencia mañanera en relación al paquete de reformas.
“No la he visto, no la conozco”, prosiguió. “Entonces, no tiene nada que ver con nosotros, nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad, la expresión de las ideas, el derecho a disentir”. Y resaltó que la facultad de presentar iniciativas de reforma “corresponde al presidente, al titular del Ejecutivo y los legisladores”.
El discurso presidencial dejó ver que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no solo estaba actuando solo, sino sin coordinación con el presidente López Obrador.
El columnista del periódico El Universal, Salvador García Soto, informa que el pasado 15 de enero el fiscal Gertz Manero y el consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer, se reunieron con el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, para presentarle el paquete de iniciativas. Éste, expresó su rechazo.
Ese mismo día, de acuerdo con el relato de García, a las 11:30 horas Gertz y Scherer se presentaron en el Senado para reunirse con el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, a quien pretendieron entregar el paquete de iniciativas. El legislador zacatecano rechazó la recepción y preguntó por la ausencia en la reunión tanto de Durazo como de la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Las respuestas de ambos funcionarios en comunicación fueron “me están quitando facultades a la secretaría para dárselas a la Fiscalía, yo no puedo avalar eso”, por parte de Durazo y “yo no conozco esas iniciativas y no puedo avalar algo que no conozco”, por parte de la encargada de la política interna del país. Ese mismo día se decidió postergar la entrega de las iniciativas de reforma. El pasado 30 de enero, la secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero aclaró en conferencia de prensa que la iniciativa que se presentará ante el Poder Legislativo será coordinada con la secretaría de Seguridad y la consejería Jurídica.
