Como diputado integrante de la LXI Legislatura local en 2010 firmó la iniciativa por medio de la cual se creó el Consejo de la Judicatura — órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial del Estado–, entonces era “amigo” del gobierno de Gabino Cué; ocho años después, ya como parte del grupo que encabeza el ex gobernador José Murat, pretende mantener el control absoluto del Poder Judicial, luego de apropiarse de casi 70 millones de pesos
Agencia OMNIAmedia
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, que hoy pretende desaparecer el Consejo de la Judicatura, avaló como diputado del Congreso local la creación de ese órgano.
La iniciativa, que se presentó con proyecto de decreto, para reformar, adicionar y derogar 30 artículos de la Constitución Política del Estado, fue enviada el 8 de diciembre del 2010, a petición del gobernador Gabino Cué Monteagudo, quien había rendido protesta nueva días antes.
Como integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Raúl Bolaños Cacho Guzmán impulsó la reforma constitucional junto con el presidente de la misma, Alejandro López Jarquin y quienes eran integrantes Elías Cortés López, José Antonio Hernández Fraguas y Flavio Sosa Villavicencio. En ese entonces, Bolaños Cacho Guzmán era cercano al grupo político de los Cué, con quien está emparentado. Después del gobierno de José Murat, fue arropado por Ericel Gómez Nucamendi y el sobrino de este, Alfredo Lagunas Rivera, quien llegaría a ser titular del Poder Judicial.
Hoy, de vuelta al grupo de los Murat, mantiene una riña legal con Lagunas Rivera, integrante del Consejo de la Judicatura, al cual quiere desaparecer.
La historia es esta:
El 21 de febrero del 2011, los legisladores de Asuntos Constitucionales se reunieron con el presidente del Tribunal, para analizar el tema, y al siguiente día con representantes de la sociedad civil. El 9 de marzo, los diputados celebraron reuniones con organismos autónomos y el 18 de marzo celebraron un foro con especialistas en la materia, además de debates legislativos del 15 al 30 del mismo mes.
El 31 de marzo de 2011 los diputados de las fracciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT) presentaron el dictamen al pleno, en el que incluye la creación del Consejo de la Judicatura como instancia interna de control y vigilancia del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia. «Esta institución supervisa la administración del Poder Judicial, así como la disciplina y promoción de sus integrantes».
Con ello se le quitaba al presidente del Tribunal Superior de Justicia la facultad de elegir a los magistrados y el gobernador solo podría emitir la convocatoria y el Consejo de la Judicatura aplicaría los exámenes de oposición. Después de lo anterior –se estableció en la reforma– se entregan ocho propuestas al Ejecutivo para que éste conforme una terna que deba ser enviada al Legislativo, donde los magistrados serían electos por mayoría calificada.
Tras la modificación constitucional, el Consejo de la Judicatura quedó integrado por Raúl Bolaños Cacho Guzmán (presidente), Leandra Jacequelina Ortega Ramírez, Alfredo Lagunas Rivera, César Martin Cervantes Hernández y Rogelio Morales Cervantes.
El jubilado que regresó… Por más
Previamente a esta reforma, en la que Bolaños Cacho Guzmán ya era legislador, había solicitado su jubilación de forma voluntaria como magistrado, luego de que durante el gobierno de José Murat fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia.
El 11 de diciembre de 2009, el tribunal autorizó su retiro y cobró como jubilado.
Con la llegada del Gobierno de Alejandro Murat, se le impuso como presidente del Tribunal, después de que Alfredo Lagunas Rivera solicitara licencia por tiempo indefinido al cargo de presidente, tras ejercer el cargo durante la administración de Gabino Cué Monteagudo.
Por ley, y ante la falta de una convocatoria, Bolaños Cacho Guzmán debió someterse a un examen de oposición.
Y aunque hubiera aprobado el examen, después debió haber integrado a una lista de aspirantes que tenía que ser presentada al titular del Ejecutivo.
El tercer paso que debió haber cumplido Bolaños Cacho Guzmán era haber sido propuesto en una terna para que finalmente el Congreso del Estado lo nombrara por mayoría calificada.
«Ejercicio indebido de funciones»
Uno de los primeros que puso en entredicho el cargo de Raúl Bolaños Cacho Guzmán fue el doctor en Derecho Rafael García Zavaleta.
Le ganó un amparo en el Poder Judicial Federal, luego de que lo acusara del delito de “ejercicio indebido de funciones” y contra el pleno del Tribunal Superior de Justicia por “abuso de autoridad”.
El especialista advirtió con solicitar la desaparición de poderes en Oaxaca porque el Judicial «está constituido de manera ilegal porque al jubilarse (Bolaños Cacho Guzmán) dejó de ser magistrado, no se sometió a examen de oposición ni estuvo integrado a una sala al menos tres años, como lo requiere la ley.
El desvío por propia boca
Ya como titular del Poder Judicial en el actual gobierno estatal, Raúl Bolaños Cacho Guzmán rindió su informe anual de actividades el 30 de noviembre de 2017, y evidenció que se apropió personalmente de unos 70 millones de pesos, cuando leyó la pagina 55:
“Recursos no presupuestales. Se analizó e implementó la aplicación del beneficio contenido en el decreto publicado el 5 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, consistente en generar saldos a favor mediante la presentación de declaraciones complementarias del pago del Impuesto sobre la Renta, retenido en cada uno de los meses de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, conforme al procedimiento del decreto, generando en forma paulatina un estimulo mensual…”
Lo anterior se explica de la siguiente manera: a su llegada al Poder Judicial, Bolaños halló en ese decreto de 2008 una veta de oro. Imaginó poder apropiárselos y después justificarlo.
Esto generó que los magistrados del Consejo de la Judicatura solicitarán una explicación. En vez de aclararlo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raúl Bolaños Cacho Guzmán, solicitó la renuncia de los magistrados y envió una iniciativa de ley para desaparecer la Judicatura.
En el oficio TJAO/P/119/2018, fechado el 25 de abril de 2018 y firmado de recibido por la magistrada María Elena Villa de Jarquín, encargada del despacho de la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa, los integrantes de la Judicatura le solicitaron formalmente a Bolaños Cacho que explicara en qué aplicó los alrededor de 70 millones de pesos que el gobierno regresó a través de la Secretaria de Finanzas al poder judicial.
Ese monto fue retirado sin el consentimiento del Consejo y lo solicitó Bolaños Cacho Guzmán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR), retenido a trabajadores del Poder Judicial, correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014.
Los magistrados Leandra Jaquelina Ortega Ramírez, Alfredo Lagunas Rivera y Rogelio Morales Cervantes, se deslindaron de ello porque “en ningún momento se autorizó la contratación de los servicios de algún despacho para la asesoría e implementación en la determinación y compensación de saldos a favor del ISR”.
Por esa razón y en consecuencia “se les instruye suspender cualquier pago o gasto con cargo a los recursos recuperados”, asentaron.
Asimismo, piden que explique el procedimiento por el que contrató a la empresa Monitor Administrativo Logístico Sociedad Civil, la cual le habría pagado 16 millones de pesos para que hiciera la recuperación de esos cerca de 70 millones de pesos.
Señalaron que el pleno del Consejo de la Judicatura no autorizó dicha operación por ser un gasto excesivo en un estado con pobreza.
En el documento oficial, firmado por los integrantes del Consejo de la Judicatura, señalaron que dicha empresa “se dedica más al tema de sistemas de agua potable y de alcantarillado que todo a la búsqueda fiscal de recursos de entidades federativas. Nunca ha hecho alguna”, asientan.
Los magistrados señalaron que el dinero debe ser devuelto a los trabajadores y en caso de no ser justificado su uso lícito, se podría estar cometiendo un delito.
Escándalo por ley que
desaparece Judicatura
La iniciativa de ley que mandó el titular del Poder Judicial para desaparecer la Judicatura fue presentada al Congreso por la diputada del PRI, Nayeli Hernández, pero de manera subrepticia.
El 5 de julio, la prensa reveló que el Tribunal Superior de Justicia del Estado habría pagado más de 10 millones de pesos a diputadas y 258,337 pesos en nómina mensual a los mismos para desaparecer el Consejo de la Judicatura.
El portal expresa.com, que dice tener en su poder documentos obtenidos del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, señaló que Bolaños Cacho Guzmán habría pagado dichas cantidades para que la empresa Monitor Administrativo y Logístico S.C. entregara al poder legislativo la iniciativa para desaparecer al Consejo de la Judicatura.
El sitio web señala que la operación fue hecha mediante una asignación directa operada por la C.P. Gloria Lourdes Rojas Gutiérrez, directora de Planeación e Informática del TSJEO.
El contrato, dice, era para obtener los consensos legislativos, ya que los actuales legisladores no tienen «futuro político ni económico». Se trata, agrega, de un «chantaje del presidente del TSJEO».
Esto obligó al Congreso del Estado a aceptar que sí existía una demanda de desaparecer el Consejo de la Judicatura pero aclaraba que «como cualquier iniciativa, debe cumplir con el procedimiento legislativo de análisis, discusión, votación y en su caso aprobación, ante comisiones y el Pleno de la LXIII Legislatura Local.»
En un comunicado de prensa, el poder legislativo reconoció que el debate de ese tema o cualquier otro en los medios de comunicación es un ejercicio normal, -incluso de “salud pública” en Oaxaca-, cuando se sustenta en diagnósticos con evidencias y con elementos de juicio de especialistas y conocedores del tema.
«Sin embargo», afirmaba, «cuando se soporta en la especulación, las presunciones y las descalificaciones, el Congreso del Estado tiene el deber de reiterar que tiene un mandato que obliga por ley a las y los legisladores a cumplir estrictamente con el procedimiento correspondiente, sin ningún interés político o económico, que no sea el bien de los ciudadanos.»
Magistrados paran a diputados
Ante la polémica de tratar de desaparecer a la Judicatura, los magistrados sostuvieron encuentros por separado con las comisiones de Administración de Justicia y de Asuntos Constitucionales.
El 10 de julio, los consejeros de la Judicatura se entrevistaron en la sede legislativa con los integrantes de la Comisión de Administración deJusticia, presidida por la diputada de Morena Hilda Pérez Luis e integrada por María Mercedes Rojas Saldaña y Donovan Rito, ambos del PRI, Silvia Flores Peña, del PRD, y Juan Mendoza Reyes, del PAN.
De ese encuentro a puerta cerrada, solo el panista se pronunció públicamente en contra de la pretensión de Raúl Bolaños.
El pasado martes, los magistrados volvieron al Congreso, pero ahora para entrevistarse con los cinco diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales: Eufrosina Cruz Mendoza, del PAN, presidenta; León Leonardo Lucas, de Morena; Horacio Antonio Mendoza, del PRD, así como Adriana Atristrain y Donovan Rito, del PRI. Éste último repite en las dos comisiones.
Los magistrados le entregaron un estudio de los Consejos de las Judicaturas del país y las recomendaciones internacionales en la materia, por lo que los legisladores se comprometieron a analizar a conciencia la iniciativa de desaparición, así como convocar a un debate público y foros académicos.
En ambas reuniones, los diputados pidieron que fueran a puerta cerrada, porque temen que la prensa los «difame», ya que el escándalo alcanzó rango nacional.
