El rector como autoridad ejecutiva de la Universidad, está obligado también, en dar conocer a la comunidad universitaria y a la opinión pública, los avances sobre el diagnóstico, el reordenamiento y saneamiento de la nómina, como primera medida para solucionar el déficit financiero.
PEDRO SOSA GUTIÉRREZ
El 27 de febrero del año en curso, la Dirección de Comunicación Social de la UABJO, socializó en todos los medios de comunicación, la reunión sostenida en la Ciudad de México por el rector Eduardo Carlos Bautista Martínez, en la que presentó ante autoridades federales educativas y de auditoría superior los aparentes avances sobre el diagnóstico integral de la institución, “… en cumplimiento del convenio de austeridad y transparencia, con voluntad de revisar las finanzas”. Dijo que una coincidencia es evitar que el tema de las auditorías a la Máxima Casa de Estudios de la entidad oaxaqueña se politice y que confunda tanto a la opinión pública como a la comunidad universitaria.
Reiteró la importancia de la auditoría integral que se realiza al Alma Mater de las y los oaxaqueños, mediante la máxima coordinación entre autoridades federales, estatales y legisladores para evitar que el tema se politice de manera innecesaria y se proceda con respaldos políticos del más alto nivel para lograr el saneamiento institucional”.
Tal manifestación no deja de llamar la atención de la comunidad universitaria, así como de la opinión pública, en especial al tono enfático relativo a “evitar que la auditoria se politice”.
Es importante resaltar que las acciones anunciadas en vía de diagnóstico a que se refiere el rector, no solo contribuye a informar a la sociedad oaxaqueña y a los universitarios sobre el uso que hace la Universidad de los recursos púbicos y sobre todo el efecto que busca para su saneamiento, impone también un compromiso real de unir la acción a la palabra; en contrario, la simulación traería como consecuencia responsabilidades de carácter legal.
A casi tres años de distancia de su administración como rector, es necesario colocar elementos de juicio que permitan identificar en su justa dimensión las políticas públicas implementadas por su administración y los efectos positivos o negativos que justifiquen el rescate financiero que reclama.
En el plano educativo, no existe un plan institucional emanado de la administración central que conduzca a la excelencia académica como consecuencia de la actualización de planes de estudio en todas las unidades académicas, así como las estrategias metodológicas enfocadas al desarrollo de las habilidades del pensamiento, a favor del estudiantado, como un valor agregado a su formación, la actualización docente, publicaciones, investigación, divulgación y todas aquellas acciones que distinguen a toda Institución de educación superior de calidad; en lo individual existen honrosas excepciones en el que por sus propios méritos pocas Facultades han trascendido favorablemente, la antítesis lo es la Facultad de Derecho por lo que urge su rescate.
El aspecto financiero, es el punto más álgido que ha generado discrepancias al interior de la Universidad, la auditoría integral a que se refiere en su ponencia, debe realizarse no solamente a los recursos relativos a fondos federales, estatales y extraordinarios, los esfuerzos también deben dirigirse a los recursos propios de Unidades Académicas, Escuelas, Facultades e Institutos y que al amparo de la autonomía no rinden cuentas a nadie, incluida la administración central, la negativa es el obstáculo impuesto por la mafia del poder universitario, que impide el saneamiento tantas veces invocado.
De datos dados a conocer por el rector el 27 de febrero de 2019 en la Ciudad de México, en cuanto a la plantilla laboral no reconocida, expuso que se tiene 136 plazas de trabajadores administrativos que exceden lo autorizado, de un total de 2 mil 243 administrativos y del personal académico informa que existen 1,905, de una simple operación aritmética arroja como resultado en su conjunto 4 mil148.
Sin embargo, omite informar las contrataciones realizadas en los últimos 5 años por directores de Escuelas y Facultades, así como por la Secretaría de Finanzas, que desde luego no han cumplido con los trámites administrativos establecidos en el Estatuto Académico, lo que conduce a determinar que el personal académico no reconocido asciende a un número superior al que se ha dado a conocer.
Los datos a que hace referencia, son discordantes con la proyección financiera del 6 de abril de 2018 para la UABJO ( http://www.transparencia.uabjo.mx/obligaciones/rectoria/articulo-70/fraccion-29/70-29-938-proyeccion-financiera-uabjo-2018-presentado-ante-e…-2018.pdf ), en donde ante el Pleno del Consejo Universitario manifestó que el gobierno estatal y federal, sólo reconoce a 2 mil 510 trabajadores, esto entre administrativos, académicos, mandos medios y superiores; sin embargo la plantilla real de la UABJO es de 3 mil 610 trabajadores, distribuidos entre el mismo clasificador antes referido, lo que reflejaba que el pago de aproximadamente mil 100 trabajadores no estaba reconocido por la Secretaria de Educación Pública.
La frialdad de los números no miente, si para 2018 se contaba con 3 mil 610 trabajadores, de los cuales mil 100 no estaba reconocido, ¿porqué en el presente año se cuenta con 4 mil 148?, es alarmante que en tan solo 11 meses se pasara de mil 100 trabajadores no reconocidos a un mil 905, es decir, 805 trabajadores aparecieron de la nada y que influirán por necesidad en la próxima elección de rector que se avecina para mayo de 2020.
Ante una realidad innegable, la ley impone al rector la obligación de implementar en el marco de la supuesta auditoría, una revisión integral a las nóminas de todas las Secretarías, Unidades Académicas, Escuelas, Facultades e Institutos, así como la nómina de trabajadores administrativos, que contengan las cargas horarias, de trabajo, percepciones, adscripción, funciones, y todos aquellos datos que permitan conocer que se cumplieron con los trámites legales y administrativos para su contratación.
El rector como autoridad ejecutiva de la Universidad, está obligado también, en dar conocer a la comunidad universitaria y a la opinión pública, los avances sobre el diagnóstico, el reordenamiento y saneamiento de la nómina, como primera medida para solucionar el déficit financiero, en caso contrario, estaríamos, como ya se dijo, ante un escenario de simulación que lejos de resolver, confirmaría la percepción que es del dominio público, que su auditoría es una utopía.
De resultar cierta la intervención de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de las Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), de Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y de la Dirección de Educación Superior de Secretaría de Educación Pública (SEP), permitirá destapar los actos de corrupción, y conocer los nombres de los responsables de tales actos e iniciar los procedimientos administrativos con todas sus consecuencias legales; el escepticismo campea, al tiempo.
