El gobierno venezolano defendió su teoría de un intento de golpe de Estado, tras denunciar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue atacado el martes con granadas desde un helicóptero y se hicieron 15 disparos hacia el Ministerio de Interior, lo que recrudeció la tensión en el país.
Previo al ataque, el presidente Nicolás Maduro dijo que defendería su gobierno y que “¡lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas, liberaríamos nuestra patria con las armas!”.
En un caso que genera suspicacias entre los opositores, el vicepresidente Tareck El Aissami informó que el helicóptero usado el martes para atacar al máximo tribunal fue localizado por las autoridades en el estado de Vargas.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, condenó el supuesto ataque y llamó a los venezolanos vía Twitter a mantener la calma.
El gobierno cerró filas en torno al hecho, que calificó como un “ataque terrorista” de un “sicópata asesino”, y dijo que buscaba al piloto, Óscar Pérez, a quien acusó de estar vinculado con la CIA y sobre quien emitió una orden de captura internacional a través de la Interpol.
En la capital, re registraron cortes de vías convocados por la oposición que terminaron con varias personas detenidas y heridas, entre ellas un diputado, mientras que varias concentraciones fueron dispersadas por la fuerza pública, según informaron dirigentes antichavistas.
El vicepresidente Tareck El Aissami anunció que las autoridades localizaron en la población costera de Osma, del estado de Vargas, el helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que fue utilizado por Pérez en el ataque. En la operación no se detuvo a ninguna persona.
Pérez, actualmente prófugo, se identifica en su cuenta de Instagram como investigador, piloto de aeronaves y filántropo. Hace dos años, el policía protagonizó y produjo la película Muerte suspendida, que relata la historia del secuestro de un empresario y su posterior liberación por parte del CICPC.
GANA MÁS PODER
El Defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, pidió a la Justicia “investigar y sancionar” los “delitos” cometidos “en el marco del llamado a golpe militar”, luego de que una sentencia del TSJ le diera acceso a algunas atribuciones de la Fiscalía.
Saab solicitó al Ministerio Público que realice las acciones pertinentes contra los “responsables de los actos de insurrección, conspiración, alteración del orden público.
GARANTIZAN PRÓXIMOS COMICIOS
El poder electoral venezolano afirmó ayer que las elecciones de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro se realizarán como está previsto para el 30 julio, a pesar de las “amenazas” de la oposición para impedirlas.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, declaró eso tras un ataque con granadas contra el máximo tribunal, denunciado el martes por el gobierno como parte de un intento de golpe de Estado.
“No van a existir pequeños focos (…) que efectivamente puedan impedir el ejercicio del sufragio”, añadió Lucena.
Al invocar artículos constitucionales que consagran el derecho a la desobediencia civil, la oposición llamó la semana pasada a desconocer al gobierno de Maduro y su convocatoria a la Constituyente, por considerarla “un fraude” para instaurar “una dictadura”.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exhortó además a sus seguidores a “organizarse” y evitar “el uso de los centros electorales y comunitarios para una violación de la Constitución”.
Lucena, por su parte, anunció que se aumentará de 100 a 500 metros el “perímetro de seguridad” frente a centros de votación, y que coordina con el poder judicial “las acciones necesarias contra aquellas personas que cometan delitos de naturaleza electoral”.
El Tribunal Supremo de Justicia y el CNE son acusados por la oposición de servir al gobierno de Maduro.
-AFP
EL GOBIERNO DA NUEVO GOLPE A LA FISCAL
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela citó a la fiscal general, Luisa Ortega, a comparecer el 4 de julio a una audiencia que decidirá si es enjuiciada, ante lo que le prohibió salir del país.
La instancia aprobó ayer las medidas cautelares solicitadas por el diputado chavista Pedro Carreño contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que incluyen la prohibición de salir del país y la congelación de sus cuentas bancarias.
Carreño, quien también pidió al TSJ evaluar la salud “mental” de Ortega, afirma que la fiscal “mintió” al asegurar que no había aprobado la selección de 33 magistrados, que según ella fueron designados irregularmente por el anterior Parlamento de mayoría chavista, en 2015.
Previamente, la fiscal dijo que el gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto un “terrorismo de Estado” a través del máximo tribunal de justicia y los militares.
También reiteró que en Venezuela se continúa “en presencia de la ruptura constitucional, se sigue violando la Constitución y se sigue desmantelando el Estado”.
