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AMLO será un presidente con poder absoluto en el Congreso

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Con el 61.40% de las curules en la Cámara de Diputados y 53.13% en el Senado, la alianza Juntos Haremos Historia tendrá mayorías simples en ambas legislaturas, según proyecciones del Instituto Nacional Electoral (INE). Lo anterior representa que el próximo titular del Ejecutivo Federal tendrá una varita mágica para echar a andar dos de los programas estrella de su administración, la entrega de becas a jóvenes estudiantes y el aumento al doble de la pensión a adultos mayores; será también la clave para cumplir promesas como la cancelación de la reforma educativa

 

Alonso PÉREZ AVENDAÑO

 

Andrés Manuel López Obrador comienza a dar visos de cómo utilizará la mayoría legislativa que ganó el domingo 1 de julio. Algunos temas para los que la utilizará, como la legalización de la mariguana, fueron invisibles durante la campaña electoral; otros, como el rechazo a la reforma al artículo constitucional 102, del cual depende la designación del fiscal general de la nación, obtuvieron una o dos menciones en sus discursos; otros, como la cancelación de la reforma educativa, cuentan incluso con compromisos firmados con sectores populares como el magisterio oaxaqueño de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Para todos estos temas la ruta del éxito incluye un Congreso de la Unión en el cual los deseos del líder de Morena serán órdenes.

El próximo 1 de septiembre cuando en el Congreso de la Unión comience la LXIV Legislatura, Andrés Manuel López Obrador tendrá una varita mágica para hacer de dos de sus compromisos principales de campaña una realidad prácticamente inmediata: duplicar la pensión para adultos mayores y garantizar becas y trabajo para dos millones 600 mil jóvenes. El pasado 4 de julio en conferencia de prensa con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, el presidente electo anunció que para ambos programas requeriría mil 150 millones de pesos anuales y se harían realidad “aunque nos quedemos sin camisa”. La camisa del futuro presidente no obstante se quedará en su lugar, junto al saco y por debajo de la banda presidencial porque los recursos que pide los obtendrá sin desfajarse, aprobando sin retrasos el Presupuesto de Egresos de la Federación con la mayoría simple que tiene garantizada en la Cámara de Diputados federal. Sí, López Obrador tiene el erario a su disposición para iniciar la cuarta transformación de México, más de cinco billones 279 mil 667 millones de pesos que fueron el presupuesto de 2018.

Aunque aún sin concluir los cómputos distritales, las proyecciones del Instituto Nacional Electoral indican que la alianza Juntos Haremos Historia tendría 61.40% de las curules en la Cámara de Diputados y 53.13% en el Senado, mayorías simples en ambas legislaturas. A la Cámara alta irían 55 senadores de Morena, seis del Partido del Trabajo y siete de Encuentro Social; a San Lázaro llegarían 191 diputados morenistas, 61 del PT y 55 del PES.

“La mayoría legislativa le facilitará mucho la tarea de gobierno a Andrés Manuel López Obrador, basta recordar cuál fue buena parte de la retórica foxista, que no tuvo mayoría en ninguna de las cámaras, que eso complicaba demasiado su toma de decisiones, después del 2000 los momentos de gobierno unificado han sido muy raros, prácticamente inexistentes, lo que hemos vivido es fundamentalmente escenarios de gobierno dividido, ahora vamos entrando a un momento distinto de la transición, con un gobierno unificado, sólido, un gobierno de izquierda”, asegura Javier Martín Reyes, profesor asociado de la división de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

 

Temas invisibles

 

Luego del triunfo del 1 de julio, las señales sobre el proyecto de gobierno de López Obrador han comenzado a tomar forma a través de quienes ha señalado como futuros secretarios de Estado. La ministra  en retiro de la Suprema Corte de la Nación, Olga Sánchez Cordero, delimitó algunos de los temas del proyecto que impulsará desde la Secretaría de Gobernación, entre ellos, la legalización de la mariguana y la amnistía para personas involucradas en delitos como narcomenudeo y plantación de enervantes. Si se ponía suficiente atención a las palabras de la ex ministra, lo que se escuchaba es para atender dichas propuestas, el Congreso tendrá la última palabra.

En la precampaña y campaña presidencial, las evasivas del líder de Morena fueron la constante: “No me voy a meter… porque luego me acusan de que estoy apoyado por los rusos, no quiero que saquen de contexto mi propuesta”, dijo el 26 de enero en Chiapas. El 27 de abril en un encuentro con estudiantes del Tecnológico de Monterrey, cuando en un ejercicio se le pidió contestar con una sola palabra su posicionamiento sobre “legalización de las drogas”, su elección fue consulta. El 7 de mayo, en entrevista aseguró que “en el caso de la legalización de las drogas es un tema que debe de debatirse”.

No obstante, Sánchez Cordero había empezado a delinear estos temas incluso antes de la elección presidencial. En una reunión con directivos de medios de comunicación de diversos estados a la que asistió el director de Real Politik, Benjamín Fernández Pichardo, esbozó las rutas por las cuales transitaría el desarrollo de estas políticas de Estado.

El 5 de julio, la ex ministra continuó ampliando el proyecto sobre la legalización de drogas. “Yo ya platiqué con Andrés Manuel y probablemente estaremos presentando una iniciativa para legalizar por lo menos la mariguana, el trasiego.

“Andrés es muy de consultas, tenemos que tener foros, me instruyó para tener varios foros, tanto en la política de seguridad como en este tema”, expresó en entrevista con Televisa.

“Canadá lo acaba de hacer hace dos semanas, en 25 estados de la Unión Americana ya lo tienen y nosotros nos estamos matando, tenemos que avanzar en todo lo que es la tendencia mundial”, aseguró.

Sánchez vinculó directamente este tema con otro que muy poco logró aclarar López Obrador como candidato y para el cual requerirá que la Cámara de Diputados apruebe al menos dos iniciativas, la de la amnistía para personas de escasos recursos que por condiciones de pobreza se vieron obligadas a sembrar mariguana o amapola o incluso a ser narcomenudistas y la de la reducción de penas para quienes aporten a esclarecer temas como desaparición forzada de personas.

“Es una ley, una iniciativa, porque el Congreso, tendrá la última palabra, una amnistía lo que trae detrás es un tema de justicia social, esta figura no es ajena a nuestro sistema jurídico”, explicó la ex ministra.

“Tienes que determinar en qué periodo del pasado vas a dar esta amnistía, es una ley general pero tienes que establecer el universo de personas, a los cuales se va a dirigir esta ley, tienes que establecer las hipótesis legales muy claramente, quiénes entran en esta ley de amnistía”, agregó.

Enfatizó que los crímenes de alto impacto o de lesa humanidad como tortura, homicidio, violación, trata de personas, desaparición, extorsión, secuestro están fuera de la amnistía, mas no de la posibilidad de la reducción de penas en un periodo comprendido posiblemente entre el 1 de diciembre de 2006 y 2018. Sería un periodo de justicia transicional, dijo Sánchez.

“Es clave en sociedades cuando tienen una gran descomposición social, una gran violencia, una guerra civil, una guerra religiosa, este tipo de eventos, por ejemplo en el Franquismo, hay una justicia transicional, en esta justicia transicional el centro es la víctima, la víctima tiene cuatro derechos, el derecho a la verdad, requiere saber en dónde está su familiar o qué pasó, cómo lo mataron, ese es el derecho más importante”.

 

Detallar la propuesta

 

Martín Reyes, egresado de la universidad de Columbia, subraya que tanto la amnistía como la legalización de drogas son temas que se enmarcan dentro del proyecto de pacificación que impulsará López Obrador, para el cual ha anunciado una convocatoria a organizaciones sociales, expertos, académicos, tanto de México como del mundo.

Sobre la propuesta específica de legalizar la mariguana, coincide en que estuvo ausente de la discusión durante la campaña y aun cuando se anticipe ya una iniciativa al respecto, asegura que se requerirá un análisis detallado, “muchas veces el debate no está entre si legalizar o prohibir, sino cómo regular, qué tipo de regulación específica para la siembra, para el traslado, el comercio de mariguana, eso es lo importante, los detalles de la propuesta, habría que discutirlos con mucha información, con mucha seriedad, con mucha evidencia”. Todos esos detalles deberá atenderlos la mayoría legislativa de Juntos Haremos Historia.

 

Se necesita ir más profundo

 

El académico señala además que López Obrador deberá utilizar la mayoría legislativa para transformar otro tema trascendental para la vida democrática del país, la procuración de justicia, en el cual López Obrador ha dado un paso atrás para rechazar la propuesta de organizaciones de la sociedad civil que formaron los colectivos #Fiscalíaquesirva y #Vamospormás.

Como parte de la reforma constitucional de 2013 se aprobó la sustitución de la Procuraduría General de la República por una Fiscalía General que sin embargo no ha iniciado operaciones porque carece de un reglamento y de un titular. Actualmente, el artículo 102 de la Constitución establece que el fiscal será nombrado entre el Senado y el Ejecutivo federal. El Senado enviará una lista de 10 propuestas al Ejecutivo, que a su vez realizará una terna. El colectivo de organizaciones, entre las que se encuentran el Instituto Mexicano de la Competitividad y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, exige que se le incluya en esta decisión, además de que se genere un debate profundo sobre las nuevas funciones de la Fiscalía y su operación, para lo cual se requiere una reforma al artículo 102 constitucional.

El pasado 6 de junio, previo a reunirse con su gabinete de seguridad, López Obrador anunció su rechazo a esta propuesta. Descartó la modificación constitucional y aseguró que propondrá a los tres fiscales –general, electoral y anticorrupción- en la forma en la que está dispuesto legalmente.

Propondré “gentes de inobjetable honestidad, lo mejor de lo mejor, porque son dos objetivos que tenemos”. A las organizaciones, Obrador les pidió “que nos den oportunidad de que iniciemos con este proceso, porque en México se va a acabar la corrupción, vamos a limpiar de corrupción el país, ese es el compromiso que hicimos en la campaña y vamos a cumplir. Se va a desterrar la corrupción del país, me canso ganso”.

Para el profesor del CIDE, López Obrador debería considerar modificaciones profundas al tema de la procuración de justicia, sobre el que hay poca certeza aún, “en la campaña dijo que no le gusta mucho la propuesta de cómo se tendría que nombrar de acuerdo con las organizaciones al fiscal general de la nación, en ocasiones parece sugerir que le gustaría más un modelo en el que el procurador es parte del gabinete en vez de que sea parte de un órgano autónomo.

“Es un tema pendiente importantísimo, si no lo atendemos no resolvemos la criminalización que estamos viviendo, lo que hoy sabemos es que la procuración de justicia ha servido para bastante poco. En México tenemos una procuración de justicia que no tiene capacidad de investigación, que no tiene una política criminal clara, con capacidad operativa para realizar operaciones complejas, la procuración de justicia es uno de los temas que debe ser prioritario”.

-En el rediseño de la procuración de justicia puede ayudar la mayoría legislativa de Morena.

-Sin duda, López Obrador va a tener muchísimo margen para implementar su programa de gobierno, cualquiera que éste sea. Las decisiones en términos de materia fiscal se van a facilitar, las decisiones en materia económica se van a facilitar, las decisiones en materia de combate a la corrupción se van a facilitar, es una mayoría única en la historia de la democracia mexicana.

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