EDITORIAL
Alejandro Murat inició su gestión con mucha enjundia. Nada casual en quien inicia y pretende insertarse en la conciencia ciudadana como alguien que pretende hacer bien su trabajo. Pese a ello, a mes y medio de trabajo, hay ciertos rubros en los que parece no haber ningún avance. Uno de ellos es el de la inseguridad; otro, el de la gobernabilidad. Los conflictos postelectorales devinieron un infierno para el automovilista, el transportista o el ciudadano común, en virtud de los bloqueos carreteros. En el ámbito de la seguridad, la Cuenca del Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec, siguen como teatro criminal cotidiano, en donde lo mismo se dan ejecuciones que operaciones de trasiego de droga o secuestros.
En este tiempo, aún se desconoce sobre cuáles ejes caminará el actual régimen. Es decir, no se perfila aún la política social o económica; el fomento al turismo o la promoción de la cultura, entre otros. Se ha dicho sobre las inversiones, pero no sobre la seguridad y la generalizada protesta social que se ha convertido en uno los peores obstáculos. Tampoco se ha mencionado en los discursos oficiales, el restablecimiento del Estado de Derecho, sobre el cual debe caminar la entidad, si de paz social y gobernanza se trata. Y es que existe un riesgo adicional a los dos rubros anteriores: un sistema de transporte concesionado anárquico, violento y amafiado. Durante el tiempo que lleva el actual gobierno, los enfrentamientos, incendio de unidades y otros ilícitos no han cesado.
Si en algunas entidades, cuyas administraciones fueron saqueadas por los ex gobernadores, Veracruz, por ejemplo, los nuevos titulares han tomado acciones enérgicas, Murat Hinojosa ha obrado con cautela, no obstante la situación tan dramática y devastada, en la que encontró la administración estatal. Diversas voces ciudadanas exigen ir por los corruptos del pasado, asegurar sus propiedades, obligarlos a cumplir con procesos resarcitorios y otros. Pero tal parece que se camina demasiado lento en ese aspecto. Pareciera que no hay voluntad política para llevar a los corruptos del pasado ante la justicia, al menos en lo inmediato. Sin duda es prematuro adelantar vísperas. No obstante, existe una exigencia ciudadana que, en cualquier circunstancia, permitirá al ejecutivo estatal, consolidar su régimen bajo la perspectiva de que no habrá impunidad para nadie.
Hay ciertas áreas del gobierno que el mismo ejecutivo debe poner bajo la lupa. Se trata de dos dependencias en las que, en el pasado, se cometieron los mayores actos de corrupción: la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) y la Secretaría de Salud. Cualquier anomalía, omisión, descuido y poca transparencia, sin duda alguna será magnificada en los medios de comunicación. Es evidente que nadie medianamente informado quiere que se escriba un nuevo capítulo de corrupción y peculado. He ahí el por qué, recientemente, la segunda se puso en el eje mediático. Una licitación pública se manejó con tal opacidad que se filtró a los medios. Y si bien no era una acción ilegal o contra la normatividad vigente, lo cierto es que se hizo un escándalo innecesario que tuvo que aclarar el área competente del gobierno estatal. La actual administración, teniendo a la vista la opacidad y discrecionalidad del pasado, debe caminar sobre pasos firmes sobre la vía de la transparencia y la rendición de cuentas. Al menos, es lo que ha dejado en claro el gobernador Alejandro Murat.
