Este tipo de obras, además de representar un engaño para las comunidades indígenas, ponen en peligro el medio ambiente y la biodiversidad, advierten ecologistas; el Gobierno del estado argumenta que estos trabajos permitirán suministrar energía eléctrica a los pueblos más alejados, sin embargo, sólo buscan beneficiar a grandes empresas, alertan
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
Un total de 67 municipios comprendidos dentro de las 18 cuencas hidrológicas de la entidad se encuentran amenazados con proyectos para la construcción de presas hidroeléctricas impulsadas por la Reforma Energética y el Gobierno del Estado.
En los casos de los municipios de San Felipe Usila, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Miguel del Puerto y Tataltepec de Valdés la amenaza se encuentra incluida dentro de un proyecto de inversión por 3 mil 580 millones de pesos con los que la empresa española Enersi construiría al menos cuatro mini hidroeléctricas en algunas de las regiones con mayor biodiversidad de Oaxaca.
Entre las zonas amenazadas se encuentra la Sierra Norte-Chinantla, que de acuerdo con la organización World Wild Life presenta la superficie de selvas altas perennifolias más importante de Oaxaca después de los Chimalapas, cuenta con la superficie más extensa en México de bosque mesófilo de montaña y alberga 26 especies en peligro de extinción, cinco de flora, 13 de aves y ocho de mamíferos.
En esta región se encuentra la subcuenca del río Usila, donde la empresa española Enersi, en un segundo intento –el primero ocurrió en 2014 y generó el rechazo total de la población y de las autoridades municipales de San Felipe- pretende construir la mini hidroeléctrica.
La justificación del Gobierno del Estado, de acuerdo con el primer Informe de Gobierno de Alejandro Murat, es que las negociaciones con esta empresa favorecen el promocionar “el potencial energético de Oaxaca”. El objetivo, subraya el documento, es “suministrar energía eléctrica y fomentar su uso en comunidades alejadas de la red eléctrica nacional para contribuir al objetivo de la electrificación universal del país”. Oaxaca es la entidad con menor grado de electrificación del país, debido a que 3.9% de la población no cuenta con este servicio.
El objetivo de generar energía para comunidades marginadas a través de las hidroeléctricas es engañoso, señala Ana María García, integrante del comité directivo de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), quien realizó el Mapa de cuencas hidrológicas y proyectos hidroeléctricos en el estado de Oaxaca, que ubica los municipios donde se analiza la ejecución de estas obras.
“Quien se lleva el 100% de las ganancias es la empresa o la CFE antes, no le dan energía a las comunidades que están ahí cerca, lo que pasa en Cerro de Oro, en la presa Miguel Alemán, donde gran cantidad de pobladores viven en marginación, es lo que pasa”.
La pregunta sobre estos proyectos, señala, es “energía para quién y para qué, si el país dice que la matriz energética va a cambiar a energía limpia, entonces habría que redefinir la energía que se va a producir a favor de quién será, gran cantidad de energía es producida por las hidroeléctricas, pero cómo se le va a hacer si hoy toda la energía está yendo a empresas”.
En la mira, presa Miguel Alemán
Otro de los proyectos que ha generado inconformidad social es la ampliación de la presa Miguel de la Madrid o Cerro de Oro. La obra original se inauguró en 1989 y generó el reasentamiento involuntario de 26 mil personas.
La ampliación inició en 2010 cuando la Conagua otorgó un permiso a la empresa Electricidad de Oriente para aumentar el afluente del arroyo La Sal, que abastece de agua a los ejidos Los Reyes y Santa Úrusla, pertenecientes a Tuxtepec. La obra inició y de inmediato creó evidencias de la devastación ambiental.
Las afectaciones ambientales fueron denunciadas a partir de una investigación del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) por el Accountability Council ante la OPIC (Overseas Private Investment Corporation), una agencia del gobierno estadounidense que invierte en proyectos de mercados emergentes y que financió el proyecto. La agencia, obligada a respetar los convenios internacionales, entre ellos el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se vio obligada a frenar los recursos cuando se documentó que las comunidades de la Cuenca habían sido engañadas o carecieron de información sobre el proyecto. Hoy, sin embargo, esta ampliación se encuentra nuevamente entre las obras que pretende impulsar el Gobierno del Estado.
“El proceso está latente porque no ha renunciado a la concesión la empresa, en cualquier momento se puede reactivar, depende mucho de la capacidad de organización de la gente, principalmente de la comunidad de Paso Canoa, Tuxtepec, hubo una sinergia entre la academia, organizaciones y la gente para detener el proyecto”, relata la integrante de Educa.
Información engañosa
Además de la falta de consulta a las comunidades para autorizar estos proyectos, hay elementos del discurso oficial que inducen al error. Al llamarlas “mini hidroeléctricas”, el gobierno pretende esquivar las advertencias de riesgos por construir grandes presas.
Un informe del Banco Mundial (BM) plantea que las grandes presas producen una serie de impactos violentos que son más negativos que positivos y en muchos casos, han conducido a la pérdida irreversible de especies y ecosistemas.
Hasta el año 2000 la Comisión Mundial de Rrepresas del BM calculó que aproximadamente el 60% de las cuencas de los grandes ríos están mediana o altamente modificadas por una o más grandes presas.
El término mini hidroeléctrica, apunta, implica en la mayoría de los casos una cortina de cinco metros, lo cual, según la misma comisión mundial, genera efectos devastadores.
“Es un poco falsa la idea de que las mini eléctricas causan menor daño, porque en el caso de Veracruz, esta empresa, Electricidad de Oriente, tomó un afluente y colocó cuatro pequeñas centrales, se documentó el efecto que tuvo el secado del río y de contaminación del agua, el término es engañoso porque no está suficientemente demostrado que sea amigable con el medio ambiente, en el caso específico de las de Usila no son minis, son centrales eléctricas en forma, es un término disfrazado”, señala Ana María.
Otro elemento que induce al engaño de las comunidades es que los proyectos crean empleo y desarrollo. “Se plantean 10 mil empleos en la etapa de construcción, puede ser que en un momento se cumpla esa meta, pero cuando se acaba la obra quedan si mucho 10 personas contratadas para la operación de la planta, tampoco son un mecanismo sustentable para la creación de empleo, seguimos en un esquema de desarrollo donde el desarrollo no llega”.
