En sólo tres décadas, el actual secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, pasó de ser un empleado bancario acusado de fraude a uno de los funcionarios más acaudalados del gobierno estatal y sobre el que recaen denuncias por actos corrupción, evasión fiscal, tráfico de influencias y malversación de recursos. A finales de la década de los 80s, conoció a Diódoro Carrasco Altamirano y, partir de entonces, se ha mantenido cerca de aquel círculo político. De la mano de Sergio Castro y Eligio Hernández Carrillo incursionó en el outsourcing, método, con el que, en la actualidad, ha sangrado los ingresos de los burócratas y ha amasado una fortuna
David Méndez
En 30 años, el actual secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, pasó de ser un empleado bancario acusado de fraude a uno de los funcionarios más poderosos y acaudalados del gobierno estatal y sobre el que recaen denuncias por, al menos, una veintena de actos de corrupción, evasión fiscal, tráfico de influencias y malversación de recursos.
Vinculado con el empresario Sergio Castro Pérez –quien es perseguido por la Interpol desde 2012 por eludir al fisco y realizar operaciones ilícitas por más de 135 mil millones de pesos–, Vargas Varela ha sido señalado de desviar fondos de la administración pública por 2 mil 500 millones de pesos y sacar provecho de su cargo para orquestar negocios ilícitos por al menos mil millones de pesos más, según versiones divulgadas por el sindicato de burócratas del Gobierno del Estado y la Alianza del Transporte Multimodal del Estado de Oaxaca (ATMEO).
Los recursos obtenidos por Vargas, por medio de triangulaciones con prestanombres –estiman las acusaciones–, equivalen al 38.8 por ciento del presupuesto total (9 mil millones de pesos) que ha recibido la secretaría a su cargo durante los seis años del mandato de Gabino Cué Monteagudo.
Por su parte, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Benjamín Robles Montoya, aseguró, por separado, que el nivel del desvío orquestado por el funcionario es “incalculable”.
En 2010, tras su nombramiento, Vargas publicó una declaración patrimonial en la que, como empresario, únicamente se decía propietario de la Consultoría Corporativa Marbatu, que registraba un ingreso mensual de 9 mil pesos; sin embargo, dos años después, en 2012, en los estados financieros de la firma aparecieron depósitos por 38 millones de pesos.
De acuerdo con las denuncias, en la actualidad, el Secretario posee un departamento en Málaga, España, casas en Bahía de Conejos, en Huatulco, y en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Todos estos inmuebles aparecen a nombre de su hija, una mujer de menos de 30 años.
De ejecutivo de cuenta a político
Según datos hemerográficos, el vínculo de Alberto Vargas con el gobierno estatal se formó durante el sexenio de Heladio Ramírez López (1986-1992), cuando Diódoro Carrasco se desempeñaba como secretario de Planeación.
Carrasco aperturó en el banco Serfín (hoy Santander), del que Vargas era gerente, las cuentas para administrar el erario que recibía la dependencia, precisan los archivos periodísticos.
Tiempo después, sin embargo, el banco comenzó un procedimiento administrativo por supuesto fraude en contra de Vargas Varela, por lo que éste fue destituido.
Ante ello, Vargas se contrató con el banco Comermex, hoy conocido como Scotiabank Inverlat, donde en 1992 tuvo contacto nuevamente con el círculo cercano a Diódoro Carrasco, cuando éste ya había sido electo Gobernador para el periodo 1992-1998. Gabino Cué, en aquel periodo, fungió como asesor, vocero y Secretario Técnico del mandatario.
El fiscalista Eligio Hernández Carrillo, quien en ese entonces se desempeñaba como director Administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), abrió diversas cuentas en aquella institución con el asesoramiento de Vargas Varela; esto comenzó una relación de negocios que perdura hasta la fecha.
Hernández Carrillo, hoy asesor del actual gobierno estatal, es socio de Sergio Castro Pérez, quien ofreció servicios de consultoría financiera a través de la empresa IDN, a los exgobernadores de Oaxaca y Puebla, Ulises Ruiz Ortiz y Mario Marín.
Castro, en la actualidad, es buscado por la policía internacional por elusión fiscal por más de 5 mil millones de pesos, lavado de dinero por más de 100 mil millones de pesos, y diversas operaciones ilícitas por más de 30 mil millones de pesos.
Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Sergio Castro y Hernández Carrillo mantienen vínculos con el operador financiero de Gabino Cué, Jorge Castillo Díaz.
Tras su paso por Serfín y Comermex, Vargas Varela trabajó para las empresas de outsourcing de Sergio Castro y Eligio Hernández.
Fraudes y corrupción
En 2014, un grupo de empleados del gobierno estatal denunció al actual Secretario de Administración de desviar 2 mil 500 millones de pesos de la nómina de los trabajadores a través de una empresa de outsourcing conformada por Federico Sada Bolaños Cacho, Gabriel Sada Bolaños Cacho, Gilberto Trujillo López, Miguel Ángel Morales y Jorge Ferrer.
De acuerdo con un documento hecho público a través de redes sociales, los inconformes afirmaron que el funcionario triangulaba los recursos a través del Sindicato de Trabajadores de Comercios en General, Empresas Particulares, Espectáculos, Hoteles, Restaurantes, Bares y Cafés.
“El negocio fue autorizado por el titular de la Secretaría de Administración de Oaxaca, Alberto Vargas Varela, a través de Federico Sada Bolaños Cacho y Carlos Melgoza Martin del Campo”, subrayaron los denunciantes.
Ese mismo esquema, apuntaron, sería implementado, en el mismo 2014, en la nómina del municipio de Oaxaca de Juárez, donde Carlos Melgoza Martín del Campo se desempeña como Tesorero.
Los empleados del Ayuntamiento, resaltó la denuncia, estaban siendo obligados a firmar contratos como integrantes de aquella organización sindical.
«Es tan fácil el delito, sólo es cuestión de pedir las copias de los comprobantes de las trasferencias a la Secretaría de Administración a dicho sindicato, o en su defecto pedirle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los estados de cuenta», retaron.
De acuerdo con el oficio, Federico Sada Bolaños Cacho, uno de los principales beneficiarios de las operaciones, funge como representante legal de las empresas Servicios Opcionales de Oaxaca (SOA), Grupo Fresnedo y Castrejón, además de Inteligencia de Negocios (IDN) de Sergio Castro López.
Vargas y socios saquean Oaxaca
“Sin escrúpulos se enriquecen a costilla de esta pobreza, sin importarles que miles de familias no tengan un sustento digno por culpa de sus ruines y descarados actos”, acusó el senador por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, al anunciar que había promovido una denuncia penal en contra de Vargas, en septiembre de 2015, al que acusó de formar parte de una red de «delincuencia organizada».
A través de las firmas GRUPO SIM y RH Corporativo, de las que es socio, el Secretario orquesta diversos tipos de negocios, desde la gestión de microcréditos para los burócratas hasta proporcionar mantenimiento a aeronaves o dotar de equipamiento a las ambulancias del gobierno.
Con la empresa Crediamigos, declaró Robles Montoya, Vargas comercializa seguros de vida y microcréditos de nómina entre los obreros a su cargo.
Según cifras oficiales, 14 mil personas trabajan en las dependencias del gobierno estatal; sin embargo, datos extraoficiales refieren que el número llega a 30 mil: 10 mil sindicalizados y 20 mil de confianza.
Desde el comienzo de esta administración, todos los trabajadores de contrato fueron incorporados al esquema de outsourcing.
La Secretaría de Administración tiene a su cargo la salvaguarda del Hangar Oficial, lo que, según Robles Montoya, se tradujo en un negocio más para el funcionario y sus socios.
A través de un prestanombres y sin licitación de por medio, Alberto Vargas se otorgó un contrato para proporcionar el mantenimiento de las aeronaves oficiales.
Además, a través de Grupo SIM, este personaje equipó las primeras 200 ambulancias que entregó el Gobernador a los municipios, durante los primeros meses de su administración.
Asimismo, el excandidato al gobierno de Oaxaca reveló que Vargas Varela, por medio de RH Corporativo, controla la nómina del equipo de futbol Alebrijes de Oaxaca, desde que el club tenía la denominación de Tecamachalco, en Segunda División.
Sostuvo, además, que la institución deportiva es ocupada para blanquear dinero, a través de reportes de altas ventas de boletaje para justificar cuantiosos ingresos.
La intromisión del funcionario estatal, influyó, además, para que el nuevo estadio fuera edificado con un sobrecosto y con dinero destinado a la erradicación de la pobreza, según las aseveraciones en su contra.
Metrobús, otro fiasco
En cuanto al metrobús, el nuevo sistema de transporte de la zona metropolitana, Vargas adquirió, una vez más, sin licitación de por medio, 43 autobuses por un monto de 120 millones de pesos.
«La ley es muy clara: las contrataciones por montos de 2 millones 160 mil pesos y superiores, requieren autorización del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Poder Ejecutivo», dijo Robles Montoya.
Esta nueva red de autobuses será manejada por los actuales concesionarios del transporte público y tendrá tarifas más elevadas que las actuales.
La opacidad en el trabajo del Secretario de Administración en la compra de los camiones, así como «la falta absoluta de información sobre el proceso de licitación para la construcción de las estaciones y demás infraestructura urbana», son omisiones por las que Alberto Vargas, tendrá que rendir cuentas, puntualizó.
Otro tema que debe investigarse es que bajo recursos federales y estatales, aumentó hasta 400 por ciento el valor del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 13, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, «sin el mínimo rigor de la examinación pública y transparente de una licitación».
Adeudo por transporte de burócratas
A pesar de la fortuna amasada en los últimos seis años, Vargas ha incumplido con el pago a las empresas que brindan el servicio de transportación al complejo de Ciudad Judicial, situada en Reyes Mantecón.
Según la Alianza del Transporte del Estado de Oaxaca (ATEO), la Secretaría de Administración, de enero a junio 2016, acumuló un endeudamiento de 5 millones de pesos.
El presidente de la organización, Alberto Rebollar López, acusó a Vargas de ignorar los exhortos de seis de las 38 empresas que integran la ATEO para saldar el monto pendiente.
La tarea de sus unidades, explicó, es trasladar por la mañana a todo el personal que labora en aquel complejo de oficinas y, por la tarde, regresarlo a la ciudad de Oaxaca.
El líder transportista acusó al funcionario estatal de exigir «moches» a cambio de contratos. Afirmó que Vargas se queda con el 15 por ciento del monto facturado por concepto de la transportación del personal.
Rebollar López señaló que en abril de 2015, a una factura por un millón 957 mil 275 pesos, el funcionario les descontó un millón 663 mil pesos, por lo que, al final, únicamente recibieron 293 mil 591 pesos.
Punta Colorada, una treta
El titular de la Secretaría de Administración, y el operador político de Gabino Cué, Jorge Castillo Díaz, pretenden adueñarse de terrenos de Punta Colorada, en la zona de Puerto Escondido, denunciaron autoridades.
Punta Colorada es uno de los desarrollos inmobiliarios en la zona costera de Oaxaca, asentado en una zona en disputa entre San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec.
La plusvalía provocada por la hermosura de los paisajes naturales que contextualizan el entorno, ha provocado que las edificaciones erigidas en este perímetro se coticen en dólares.
Sin embargo, San Gabriel Mixtepec se niega a reconocer la venta de predios a inversionistas privados, hecha por sus vecinos de San Pedro Mixtepec.
En un juicio agrario que actualmente se lleva a cabo, San Gabriel ha amagado con desconocer las transacciones signadas por la otra población, una vez que les sean restituidos sus derechos sobre esas tierras.
Ante esto, Castillo y Vargas Varela, así como otros políticos oaxaqueños, han ofrecido hasta cinco millones de pesos a San Pedro Mixtepec para que se desista de seguir peleando por esa superficie, pensando que con ello, el conflicto quedará zanjado y esa zona, finalmente, podrá ser explotada.
“Lo que no es posible es que el gobierno del estado haya suscrito un acuerdo con ellos (San Pedro Mixtepec), en el que le otorgan 5 millones de pesos para supuestamente concluir el asunto agrario en Punta Colorada.
«Una vez que resuelva la autoridad agraria (el juicio) habrá que dar seguridad jurídica tanto a autoridades como civiles.
«¿Qué pelean? 59 años de disputa agraria, 19 mil hectáreas en litigio”, dijo la autoridad comunal, como una premonición de este despojo que pretenden consumar el Jorge ‘Coco Castillo’ y Alberto Vargas Varela.
