Sin tener cifras claras sobre la magnitud del problema económico que ha creado la pandemia del Covid-19, padres de familia que se quedaron sin empleo, disminuyeron sus ingresos o no han percibido su salario, dejaron de otorgar la pensión alimenticia; la misma contingencia sanitaria ha retrasado los procesos judiciales para resolver esta problemática y determinar las sanciones o, en su caso, conciliaciones, para que tanto el obligado a pagar como los miembros de la familia protegidos por la ley, salgan bien librados
“Se trata de garantizar que la vida e integridad corporal de los miembros de la familia, por tanto, si pone en riesgo este bien jurídico tutelado por la ley, se comete un delito”
Fiscal
“Al sentenciar se tomó en cuenta la situación que vivía en ese momento, por tanto, debe pagar exactamente la cantidad que se estableció. No existe un procedimiento “rápido” para reevaluar su situación ni existen normativas que lo amparen ante una crisis económica como la que estamos viviendo”
Sonia Pérez
Abogada
Yolanda PEACH
Los despidos intempestivos, rebajas en los sueldos y el atraso en el pago de sueldos provocados en la pandemia por el Covid-19 son los factores predominantes por los que, padres de familia separados, dejaran de cumplir con sus obligaciones. Leonel, guardia de seguridad de un bar en el centro de la ciudad, fue “suspendido” sin goce de sueldo desde abril pasado y no ha podido encontrar trabajo. Hasta el momento no ha podido pagar la pensión alimenticia de su hija.
Aunque existen casos de violencia doméstica, que son la razón por la que muchos padres dejaron de otorgar los recursos económicos, el declive laboral y económico que ocasionó la crisis sanitaria, es la principal causa de este conflicto que divide las opiniones entre legistas, sobre el proceder en los casos de incumplimiento.
SIN CANONJÍAS
Leonel confesó estar desesperado, “no se trata de que no quiera pagar, hasta antes de la pandemia depositaba la pensión puntualmente. Mi patrón argumentó que lo obligaron a cerrar el negocio y simplemente dijo que no requeriría de nuestros servicios”.
El negocio finalmente cerró, sin ninguna explicación. Lo que fuera el bar ahora tiene el letrero de “Se renta”. Aunque ha buscado trabajo en varios lugares, no ha tenido éxito. “He intentado de todo, la situación es desesperante, a veces encuentro pequeñas chambitas que apenas y me dan para medio comer”.
La abogada Sonia Pérez, explicó que el Código Civil señala que la pensión alimenticia se fija de acuerdo a las posibilidades de quien la otorga y a las necesidades de quien la reciba. Contempla comida, vestido, tratamientos médicos, educación y esparcimiento. “Es un derecho irrenunciable”.
Admitió que una de las consultas recurrentes en estos tiempos es cómo afrontar el pago de las pensiones de alimentos y compensatorias con la crisis que estamos viviendo
“Se debe analizar caso por caso (…) estamos viviendo una situación económica bastante complicada como para emitir un juicio en general”.
Ejemplificó a un obrero, obligado al pago de pensiones, y quien, debido a la crisis por el Covid, se suspendió completamente su actividad o quedó tan mermada, que le es imposible el pago que se le fijó en la sentencia cuando su situación económica era distinta.
Abundó que si bien, puede acreditar que no le alcanza para pagar la pensión completa y llegar a un acuerdo, no puede renunciar a la sentencia porque se quedó sin trabajo, “sí presentar una solicitud para la reducción de la pensión”.
“Al sentenciar se tomó en cuenta la situación que vivía en ese momento, por tanto, debe pagar exactamente la cantidad que se estableció. No existe un procedimiento “rápido” para reevaluar su situación ni existen normativas que lo amparen ante una crisis económica como la que estamos viviendo. Lamentablemente, por ahora, supondrá un ahogo económico al obligado”.
No obstante, en el caso de una enfermedad, como sería Covid-19, si la pensión alimenticia se decretó con un trabajo informal, se le debe informar al juez y puede quedar suspendida la obligación en tanto se recupere. “Se pagaría con posterioridad o se podría llegar a un acuerdo”.
El 1 de julio pasado se pidió información a la Unidad de Transparencia del Poder Judicial sobre esta situación a partir de que inició la Jornada Nacional de Sana Distancia; finalmente, entregó respuesta. Especificó que no se recibió ninguna demanda en la capital oaxaqueña en los meses de marzo, abril, mayo y junio ni por incumplimiento de la pensión alimenticia, ni por incumplimiento de la custodia compartida.
No obstante, sí recibieron demandas para solicitar pensión alimenticia, 181 en marzo, 57 en abril, 114 en mayo y 156 en junio tan solo en Oaxaca de Juárez.
VIOLENCIA DOMÉSTICA
Parecía que la pesadilla al terminar un matrimonio con violencia doméstica no terminaría nunca. Emilio no sólo sacó a su mujer de la casa donde vivían, también dejó de otorgarle los recursos para vivir con el pretexto de no tener un trabajo. Al no pagar una pensión, afectaba también a su hijo, desde la alimentación hasta la vivienda, la educación y la salud.
Karla contó que la convivencia con Emilio era cada vez más violenta. Ambos estudiaban y vivían en casa de los papás de él. Se casaron muy jóvenes. Tuvieron un bebé.
“Cada vez que le pedía dinero me humillaba y me insultaba”, refirió.
Le pidió que le diera dinero para el bebé. No quedaba leche. Eso lo enfureció de sobremanera.
La insultó a gritos. Le repitió que no quería tener nada con ella ni con el niño. “Tomó una maleta, colocó objetos personales míos y del bebé. Me gritó que me saliera de “su” casa”, añadió.
El lugar donde vivían es propiedad de los padres de Emilio. Personalmente sacó las maletas y se paró en la puerta. Le gritó que se salía o no respondía por su seguridad o la de su hijo.
A pesar de la humillación, la mujer le rogó que no la echara, pero éste la empujó y tiró la maleta a la banqueta.
Desde ese día dejo de darle dinero. Argumenta que todavía es estudiante y no encontrará trabajo en forma estable por la situación de la pandemia.
Una fiscal del Centro de Orientación, Denuncia y Determinación Inmediata de la Fiscalía General del Estado, quien no está autorizada a dar entrevistas, explicó que una de las secuelas de la disolución de un matrimonio es que un juez de lo Familiar determine la pensión alimenticia a favor de uno de los excónyuges o hijos producto del enlace.
Refirió que es más fácil cuando el deudor alimenticio es trabajador de una empresa, ya que ésta aplica descuentos al salario de aquél por concepto de pensión alimenticia.
La abogada abundó que esta pensión cubre la comida, el vestido, la habitación, atención médica, hospitalaria y, de ser el caso, los gastos de embarazo y parto, así como las erogaciones para la proporcionar a los menores, educación o proveerles la enseñanza de un oficio, arte o profesión.
Así también los pagos necesarios para lograr la rehabilitación o desarrollo de quiénes sufren algún tipo de incapacidad.
Puntualizó que de acuerdo a la legislación estatal es un delito a quien sin motivo justificado abandone a sus acreedores alimentarios sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia.
Se trata de garantizar la vida e integridad corporal de los miembros de la familia, por tanto, si se pone en riesgo este bien jurídico tutelado por la ley, comete un delito.
Indicó que además la ley estipula una pena privativa de libertad, el sentenciado deberá pagar la cantidad que dejó de otorgar, así como pagar, en lo sucesivo, una cuota que le será fijada.
Además, si por esta omisión, una de las personas que debió proteger, sufriera alguna consecuencia, o incluso la muerte, se le acumulará el delito.
MEDIDAS EXTREMAS
Por lo pronto, políticos se han dado a la tarea de intentar solucionar el problema. Maribel Aguilera, diputada federal por Morena, propuso ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que imponga una sentencia de cárcel a las personas que no cumplan con los pagos de pensión alimenticia.
“Es indispensable que en estos casos se aplique todo el esfuerzo de las autoridades para exigir al que incumpla con su obligación de alimentos, pues la falta de cumplimiento atenta contra el interés superior de las niñas, niños y adolescentes”, advirtió-
La sanción de prisión aplicaría tanto al padre o madre que no cumpla con sus deberes de pensión alimenticia.
En tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que sus legisladores presentarán e impulsarán la #LeyQuemón, con la que se buscará crear un registro nacional de agresores sexuales y otro de deudores alimenticios.
Monse Arcos, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, explicó que con esos registros se buscaría que pueda saberse si una persona ha cometido violencia contra una mujer o ha incumplido el pago de pensiones alimenticias.
Lo publicó en un video que circula en redes sociales, en donde advierte que, durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, la violencia doméstica se incrementó en 60 por ciento.
Lamentó que, durante la actual administración federal, desaparecieron programas dedicados a apoyar a las madres solteras y se ha recortado el presupuesto de las instituciones dedicadas a atender a las mujeres.
«Ante los recortes vamos a defender el presupuesto, ante la violencia vamos a impulsar iniciativas para defender los derechos de las mujeres y ante la indiferencia vamos a abanderar las causas de todas las mexicanas», aseveró.
Señaló que los diputados de su partido han presentado 71 iniciativas en materia de género, y advirtió que “en octubre vamos a presentar e impulsar la Ley Quemón para crear el registro nacional de agresores sexuales y el registro nacional de deudores alimenticios”.
Así, sin una regulación clara que indique qué procede en los casos donde se dejó de dar la pensión alimenticia, las personas que dejaron de recibir este derecho, no tienen claro cómo obligar al deudor alimentario a pagar; ni éstos, en los casos que no son de mala fe, cómo resolver el problema de tal forma de no lesionar el interés jurídico del beneficiario.
