La Cuenta Pública 2015 y 2016, que ha sido enviada al Congreso del Estado, documentó malversaciones por 126 millones 789 mil 324 de pesos, recursos que, hasta la fecha, la pasada administración se ha negado a devolver, pese a los constantes requerimientos de la Auditoría. Los malos manejos fueron atribuidos a duplicación de pagos, pagos excesivos, erogaciones sin la documentación comprobatoria respectiva, pago por concepto de adelantos de obras que, al final, no fueron ejecutadas y el cobro incorrecto de penalizaciones; lo último, en el caso de las entidades vinculadas con el ramo de la construcción
David Méndez
El gobierno de Gabino Cué Monteagudo se negó a reintegrar 126 millones 789 mil 324 de pesos que le fueron requeridos por la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca (ASEO) al registrar diversas irregularidades en su aplicación.
De acuerdo con la Cuenta Pública 2015 y el avance hasta el segundo trimestre del año de la Cuenta Pública 2016, los presuntos desvíos fueron documentados en la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), la Secretaría de Turismo y Desarollo Económico (STyDE), los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca , la Comisión Estatal de la Vivienda (Cevi), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y en el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC).
En total, en 2015 fueron cuantificadas supuestas malversaciones por el orden de los 74 millones 17 mil 204 pesos con 49 centavos y, en 2016, por 52 millones 772 mil 119 pesos con 46 centavos más.
Los malos manejos fueron atribuidos a duplicación de pagos, pagos excesivos, erogaciones sin la documentación comprobatoria respectiva, pago por concepto de adelantos de obras que no fueron ejecutadas y el cobro incorrecto de penalizaciones, de acuerdo con la información proporcionada por la ASEO.
En sus informes, entregados al Congreso del Estado para su análisis, la Auditoría refirió que ha entablado los procedimientos «pertinentes» para lograr la recuperación del recurso, lo que debería incluir procedimientos penales.
Durante el periodo investigado por el órgano fiscalizador, el titular de Sinfra era Sergio Pimentel Coello; el de la STyDE, José Zorrilla de San Martín Diego; el de los SSO, Héctor González Fernández; el de la Comisión de la Vivienda, Joaquín Morales Noyola; el de CAO, Guillermo Martínez Gómez; el de la Comisión Estatal del Agua, Rubén Ríos Ángeles, y el del INPAC, Jorge Alberto Valencia Arroyo.
Desglose 2015
De acuerdo con la ASEO, la investigación realizada el año pasado derivó en observaciones por 150 millones de pesos, de los que 80 millones fueron solventadas en el transcurso de 2016.
Sin embargo, seis entidades fiscalizadas, hasta el momento de la entrega del reporte al Poder Legislativo del estado, no habían devuelto 74 millones de pesos.
Treinta y siete millones 684 mil 110 pesos con 35 centavos corresponden a Sinfra por los siguientes conceptos: 18 millones 78 mil 933 pesos con 81 centavos por «falta de recuperación de anticipo», 11 millones 292 mil 269 pesos con 26 centavos por «pago improcedente o en exceso, seis millones un mil 155 pesos por anticipos de obra no recuperados o no amortizados y 2 millones 311 mil 752 pesos con 28 centavos por erogaciones de «mala calidad o vicios ocultos».
Por su parte, Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) no reintegrado un millón 49 mil 419 pesos con 80 centavos, derivados de dos irregularidades: un millón 6 mil 55 pesos con 42 centavos por «pagos improcedentes o en exceso» y 43 mil 364 pesos con 46 centavos por «falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por cumplimiento de contratos».
A su vez, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) registran una presunta malversación por 2 millones 969 mil 897 pesos con 73 centavos por «falta de recuperación de anticipos».
Por su parte, el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca se había negado a devolver dos millones 156 mil 120 pesos que fueron requeridos debido a que el organismo no presentó «documentación justificativa» del gasto realizado.
La Comisión Estatal de la Vivienda (Cevi) no justificó ni reintegró 578 mil 615 pesos con 34 centavos por «falta de recuperación de anticipo».
Durante la revisión de la Cuenta Pública 2015, según la ASEO, fueron investigados los gastos de la STyDE, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), la Secretaría de Administración, el Fidelo y la Comisión Estatal del Agua (CEA), que no «registraron irregularidades».
Desglose 2016 (Primer Trimestre)
Una vez revisado el primer trimestre de 2016, la Auditoría demandó a la Secretaría de Turismo la devolución de 49 millones cuya documentación relacionada con planeación, autorización, adjudicación y contratación de proyectos no fue entregada.
Asimismo, 51 mil 678 pesos que fueron sufragados en pagos duplicados y 42 mil 258 que no cuentan con documentación comprobatoria.
Por su parte, la Comisión Estatal del Agua (CEA) se ha negado a devolver 111 mil 222 pesos que fueron ejecutados sin tener registros contables.
En su informe del segundo trimestre de 2016, la ASEO reportó observaciones por 47 millones 712 mil 934 pesos; sin embargo, aseguró que todas fueron solventadas.
Falta por determinar cuántas inconsistencias existieron en los últimos cinco meses de la administración aliancista, que finalizó el pasado primero de diciembre. Esto quedará establecido durante el próximo año.
Exigen cárcel va corruptos
Una de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados federal planteó castigar con cárcel a los funcionarios públicos que de manera inexplicable aumenten su patrimonio o el de familiares por parentesco consaguíneo o afín hasta el cuarto grado o hayan simulado actos jurídicos para ocultar la propiedad.
La propuesta, que reforma los artículos 19, 22 y 109 de la Constitución Política, también contempla que el Ministerio Público tenga facultades para solicitar órdenes de aprehensión preventiva por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
El proyecto, afirma, tiene como objeto combatir los crecientes actos de corrupción suscitados en el país, tales como los registrados en Veracruz, durante la administración de Javier Duarte; Sonora, durante la gestión de Guillermo Padrés, e incluso Oaxaca, donde la anterior administración, de Gabino Cué Monteagudo, ha sido acusada de incurrir en múltiples casos de desvío de recursos.
La iniciativa, promovida por el panista Juan Carlos Ruiz García, fue turnada durante la sesión del miércoles pasado a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.
Sociedad, harta de malos manejos
La sociedad ya no está dispuesta a tolerar abusos de los políticos que buscan cargos para hacer uso de los recursos públicos para beneficio personal, afirmaron de manera conjunta el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO),Transparencia Mexicana y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al demandar a las autoridades estatales cumplir a cabalidad con la conformación de los sistemas locales anticorrupción, a los que calificaron como el principal engranaje del recientemente aprobado Sistema Nacional Anticorrupción.
Los gobiernos locales no sólo deben instaurar antes de julio próximo los organismos encargados de prevenir y sancionar actos ilícitos de todos los actores involucrados con el sector público, sino que deben cumplir con cuatro aspectos fundamentales para que coexistan armónicamente con la normativa federal: ciudadanización e independencia de sus integrantes, presupuesto suficiente, la creación de una plataforma digital y una coordinación efectiva entre todas las instancias de control y viglancia.
Ante ello, el IMCO, Coparmex y Transparencia Mexicana, en coordinación con colegios y barras de abogados, crearon una propuesta de ley que reúne los requisitos antes mencionados y que será puesta a disposición de los gobiernos estatales para que sea discutida y aprobada antes del plazo que marca la ley.
A pesar de que en el caso de Oaxaca las principales asociaciones empresariales, incluida Coparmex, se han alineado con el gobierno de Alejandro Murat e incluso sus dirigentes forman parte de su Gabinete, las agrupaciones nacionales advirtieron que permanecerán al tanto de los procesos de integración de los sistemas estatales anticorrupción a fin de que las autoridades no pretendan desvirtuarlos.
