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Aflora más podredumbre del gobierno gabinista

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 En la revisión de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades en la aplicación de 3 mil 135 millones 504 mil 200 pesos en los rubros de salud, seguridad, educación y combate a la pobreza y el rezago; estas presuntas malversaciones se suman a un  subejercicio de 696 millones 892 mil 612 pesos en los mismos renglones. El órgano fiscalizador envió requerimientos tanto al ex gobernador como a todos sus funcionarios para que justifiquen estas inconsistencias, pues, de lo contrario, amagó con comenzar procesos resarcitorios y penales. El gobierno de Gabino Cué ha sido acusado por diversos actores políticos de haber cometido un desvío de entre 10 mil y 30 mil millones de pesos

 

 David Méndez

 

Únicamente en la revisión del gasto federalizado de 2015, el gobierno de Gabino Cué Monteagudo sumó irregularidades que podrían convertirse en un quebranto a la hacienda pública por 3 mil 832 millones de pesos, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF detectó una presunta malversación de 3 mil 135 millones 504 mil 200 pesos y un presunto subejercicio de 696 millones 892 mil 612 pesos  en cinco fondos relacionados con los ámbitos de salud, seguridad, combate al rezago y educación en los mismo rubros, según el reporte de la Cuenta Pública.

Estas cifras no contemplan las ministraciones que les fueron otorgadas a los municipios por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, otro de los conceptos en que se divide el gasto federalizado.

Los funcionarios de la pasada administración gubernamental tienen que responder por el destino de esos montos y, en caso de que no justifiquen su correcta utilización, se comenzarán en su contra procedimiento resarcitorios, advirtió el organismo fiscalizador.

 

Programas y Fondos Federales

 

El rubro que mayores irregularidades registró fue el de Programas y Fondos Federales para el Estado de Oaxaca, donde la autoridad no pudo clarificar qué uso le dio a 3 mil ocho millones 529 mil 900 pesos que incluyen, entre otros, conceptos como el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable (Proderetus), el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Protar), el Fondo Metropolitano (Fonmetro), el Fondo Regional (Fonregión) y el Fondo de Contingencias Económicas; éste último, de donde salieron los recursos para construir el estadio de futbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), inaugurado en marzo de 2016.

Específicamente, la ASF solicitó a la administración que encabezó  Gabino Cué aclarar qué hizo con 2 mil 932 millones 30 mil 348 pesos que tuvieron que ser ejercidos por el Fondo de Contingencias Económicas y que al 31 de diciembre de 2015 “no fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago”. En la misma situación se encuentran mil 46 millones 960 mil 790 pesos que tampoco fueron ejecutados en el resto de los programas y fondos mencionados anteriormente.

A ello, se agregan 69 millones 158 mil 491 pesos que presuntamente fueron malversados por la Secretaría de las Infraestructuras y Desarrollo Territorial Sustentable (Sinfra) en la Construcción del Centro Cultural de Istmo de Tehuantepec.

 

Fondo para Infraestructura

 

En el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Oaxaca recibió durante 2015 un total de mil 244 millones 422 mil 700 pesos para inversión en infraestructura física en el estado, inversión en infraestructura física en los municipios, saneamientos financieros y saneamientos de pensiones.

Sin embargo, al 31 de diciembre, la autoridad local únicamente reportó gastos por 915 millones 398 mil 600 pesos, equivalentes al 73.56 por ciento de las asignaciones, y mantenía un saldo por ejecutar de 329 millones 24 mil 100 pesos, detalló la auditoría 1178-DS-GF.

En otro informe, éste del 30 de abril de 2016, el gobierno estatal notificó el ejercicio de 966 millones 327 mil 500 pesos, igual al 77.7 por ciento de los fondos transferidos, por lo que  quedaron por invertirse 278 millones 95 mil pesos; a éstos, se sumaron 2 millones 942 mil pesos por concepto de réditos bancarios que tampoco fueron erogados.

Además del subejercicio, la Auditoría constató que en las obras denominadas “Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero” y “Construcción de albergue escolar Niños Héroes”, a cargo de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), no se amortizaron 773 mil 500 y un millón 163 mil 200 pesos, respectivamente, de los anticipos otorgados.

 

Seguridad Pública

 

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSP) incurrió en un presunto subejercicio de 69 millones 621 mil 39 pesos en la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), cuyo objetivo es profesionalizar los cuerpos policiacos, garantizar a las mujeres el acceso a la justicia, combatir el secuestro y robustecer los servicios de emergencias y denuncia anónima, entre otros.

En total, la entidad recibió de este fondo de 260 millones 79 mil 100 pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 2015, el gobierno del estado  había ejercido 158 millones 609 mil 400 pesos, montó que representó el 61 por ciento de los recursos, reveló la ASF.

Al 31 de marzo de 2016 –al final de la auditoría–, la SSP notificó el ejercicio  191 millones 220 mil 200 pesos, que representaron el 73.5 por ciento de lo asignado, lo que, a su vez, se tradujo en un subejercicio de 68 millones 858 mil 800 pesos.

A estos 68.8 millones de pesos, se sumaron otros 762 mil 200 pesos –por concepto de intereses generados– y juntos sumaron  un monto global de recursos no devengados por 69 millones 621 mil 39 pesos, detalló el órgano fiscalizador.

 

Obras básicas

 

Otra serie de irregularidades, ahora por 84 millones 432 mil 300 pesos, fue detectada en la ejecución de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), cuyo objetivo es abatir el rezago entre la población de asentamientos pobres a través de obras de pavimentación de calles, electrificación, techo firme y red de drenaje.

Una presunta malversación de recursos por 9 millones 323 mil pesos y un subejercicio por 75 millones 109 mil 300 pesos son las inconsistencias que detectó la ASF al fiscalizar las cuentas de las ocho instancias ejecutoras del gasto: la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), la Comisión Estatal del Agua (CEA),  el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed), Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra) y  la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE).

El reporte de revisión de la Cuenta Pública 2015, detalló que las irregularidades documentadas equivalen al 12.23 por ciento del monto que recibió el estado; esto significa que 1.2  de cada 10 pesos fueron mal ejecutados.

La ASF precisó que esta entidad dispuso por concepto del FISE de un total de 690 millones 191 mil 500 pesos de los que fueron auditados 496 millones 46 mil 200 pesos; es decir, 71.9 por ciento.

 

Aportaciones Múltiples

 

El gobierno de Oaxaca incurrió en un presunto subejercicio de 271 millones 6 mil 812 pesos en la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), creado para combatir el rezago social y construir, remodelar y equipar centros educativos de nivel básico y superior, reportó la ASF.

La entidad fiscalizadora reveló que al cierre de su auditoría el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed) no había ejercido 260 millones 531 mil 400 pesos, mientras que el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no había invertido 2 millones 895 mil 900 pesos para asistencia social; ambas instancias tampoco hicieron uso de 7 millones 579 mil 500 pesos obtenidos por concepto de réditos bancarios.

A través de un pliego de observaciones, la ASF demandó al gobierno de Oaxaca demostrar la correcta aplicación de aquellos recursos en los objetivos del fondo, o, en caso contrario, realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

De acuerdo con el organismo de supervisión,  Oaxaca recibió durante 2015 un total de 888 millones 670 mil 300 pesos por parte del FAM que se dividieron de la siguiente forma: 537 millones 834 mil 900 pesos para asistencia social (DIF), 310 millones 208 mil 800 pesos para infraestructura física del nivel de educación básica y 40 millones 626 mil 600 pesos para infraestructura física del nivel de educación superior.

Al 31 de diciembre de 2015,  agregó el reporte, el DIF había gastado 489 millones 735 mil 700 pesos en los rubros de desayunos escolares “fríos” y asistencia social, así como desayunos escolares y asistencia alimentaria para grupos vulnerables.

Entre enero y marzo de 2016, la instancia erogó otros 45 millones 203 mil 300 pesos, lo que se tradujo en un gasto total de 534 millones 939 mil pesos, con un presunto subejercicio de 2 millones 895 mil 900 pesos.

 

Pagan aviadores, pero

no mejoran escuelas

 

En lo que respecta a las asignaciones para infraestructura física del nivel de educación básica, el gobierno estatal había dispuesto al 31 de diciembre de 2015 de 5 millones 58 mil pesos; posteriormente, entre enero y marzo de 2016, erogó 44 millones 619 mil 400 pesos más, para un total de 49 millones 677 mil 300, lo que se traduce en un presunto subejercicio de 260 millones 531 mil 400 pesos, indicó la Auditoría.

 

Casi 100 mdp desviados

de nómina educativa

 

Durante 2015, año en que los gobiernos estatal y federal presumieron que habían recuperado la “rectoría” de la educación de Oaxaca, la Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó al Instituto Estatal de Educación Pública  (IEEPO) recursos por 89 millones 334 mil 937 pesos para pagar ilegalmente el sueldo de 396  trabajadores sindicalizados, entre comisionados de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y docentes con roles administrativos.

En contra de las disposiciones de la reforma educativa, aprobada en 2013, el IEEPO, con el consentimiento de la SEP, financió a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a 148 delegados magisteriales y 232 maestros adscritos tanto a oficinas del Instituto como de la Unidad de Desarrollo Integral de la Familia Magisterio, según lo precisó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a través de la revisión de la Cuenta Pública 2015.

La Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño 15-A-20000-14-1180 1180-DS-GF resalta, además, que el IEEPO malversó 3 millones 198 mil 585 pesos con 82 centavos del FONE para sufragar servicios notariales por certificación de documentos y fe de hechos por la restructuración del instituto, que dio vida al “nuevo IEEPO”; también para saldar documentación comprobatoria que no cumple con los requisitos fiscales por servicios técnicos en el área de sistemas, aseo, limpieza y jardinería de la UPN unidad 201; para liquidar impuestos para el desarrollo social y recargos por servicios de seguridad y vigilancia de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y servicios de recolección urbana de valores. Ante ello, la entidad fiscalizadora demandó al gobierno estatal la solventación de observaciones por 92 millones 533 mil 500 pesos.

 

Salud no podía quedarse atrás

 

Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) efectuaron pagos ilegales en favor de 291 trabajadores sin título profesional o que fueron “formalizados” de manera irregular por las autoridades estatales, lo que se tradujo en una presunta malversación de 13 millones 768 mil 908 pesos, alertó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Estas inconsistencias se aúnan a otras por 3 millones 636 mil 492 pesos en el mismo ejercicio, que hacen un total de 17 millones 405 mil 400 pesos.

 

Pagos indebidos

 

De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2015, los SSO, que en ese año tuvieron como titulares a Germán Tenorio y Héctor González, mantuvieron en la nómina a 287 empleados que en apariencia habían sido contratados como personal eventual, pero que recibían tratos preferenciales, entre ellos, incrementos salariales injustificados.

El daño al erario provocado por esta anomalía, precisó la ASF, asciende a 13 millones 425 mil 752 pesos; a ello, se suman otros cuatro trabajadores que cobraron 343 mil 156 pesos con 87 pesos tras haber sido contratados sin contar con estudios universitarios.

Sobre el primer grupo de 287 empleados, el organismo fiscalizador detalló: “Con una muestra de 287 contratos de trabajadores eventuales, se constató que están acompañados de un convenio para incrementar los sueldos del personal  y (los servidores públicos) fueron formalizados en la misma fecha del contrato.

“Sin embargo, los convenios no establecen alguna vinculación con los contratos presentados, la metodología utilizada y la justificación para el otorgamiento del incremento de los pagos y la fundamentación legal de la formalización de los convenios”, subrayó.

Sobre los trabajadores que no contaban con título profesional, resaltó: “Con la revisión de una muestra de 391 expedientes de personal, se verificó que cuatro expedientes carecen de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2015.

“Adicionalmente, en la consulta a la página de internet de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, no se localizó el registro de los servidores públicos señalados, lo que generó pagos improcedentes en relación con el puesto inmediato anterior”, sentenció.

La entidad no precisó qué puestos ocupaban esos ciudadanos.

 

“Jinetean” 30 millones de pesos

 

Asimismo, la ASF constató que, bajo el concepto de “préstamo”, los SSO transfirieron 30 millones 623 mil pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)  a una cuenta que administra recursos estatales.

La transacción, precisó, fue realizada el 21 de diciembre de 2015.

El cinco de abril de 2016, la dependencia reintegró  27 millones de pesos; sin embargo, al cierre de la revisión, quedaron pendientes de devolver 3 millones 623 mil pesos, así como los intereses correspondientes.

El resto

A estas irregularidades se suman presuntas malversaciones por un millón 956 mil 648 pesos en el programa Escuelas de Tiempo Completo y otras por 5 millones 775 mil 700 pesos en el Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad y Mando Policial.

 

 

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