Un grupo de ciudadanos acusaron al Comisario de Vialidad de Oaxaca de Juárez, Felipe Reyna Romero, de orquestar una campaña de recaudación de recursos para “fines políticos o personales” en contubernio con una empresa de la iniciativa privada, a partir de los operativos implementados durante los últimos días en contra de los motociclistas que circulan por calles y avenidas de la capital del estado.
El despliegue policiaco tiene el fin de decomisar aquellas motocicletas que transitan sin placas de circulación o, bien, sin que sus conductores posean licencia para conducir o la documentación que compruebe la propiedad del vehículo, infracciones que se traducen en multas, en promedio, de 700 pesos.
Si bien los inconformes se pronunciaron a favor de las medidas antes mencionadas, denunciaron que las autoridades han agregado un cobro extra de 700 pesos por concepto del arrastre del vehículo a las instalaciones de la Policía Vial Municipal, en un servicio que, presuntamente, fue adjudicado de manera directa, sin licitación de por medio, a la empresa Grúas Varo.
En entrevista con este medio, afirmaron que en cada retén, la corporación detiene a grupos de entre ocho y 10 motociclistas, cuyas unidades son trasladadas en un solo viaje a la sede de la corporación, sobre la calle de Hidalgo, en el centro de la ciudad, lo que se traduce en percepciones, únicamente por arrastre, de 7 mil pesos.
Precios inflados; negocio redondo
Los denunciantes afirmaron, además, que el monto demandado por el traslado registra un sobreprecio de 250 pesos, pues según sus consultas el servicio de arrastre individual con esa misma compañía fluctúa en 450 pesos.
La noche de ayer, este medio realizó la misma consulta con Grúas Varo y su personal respondió que el servicio de arrastre de un vehículo compacto, de la agencia de Santa Rosa Panzacola a la agencia de Santa María Ixcotel, en Santa Lucía del Camino; es decir, de poniente a oriente, tenía un costo de 600 pesos, 100 pesos menos del monto que le es requerido a los motociclistas.
Al momento de realizar la llamada, la operadora especificó que en ese momento no contaban con ningún vehículo para cubrir el servicio solicitado, por lo que en caso de confirmar, se debería esperar un plazo de una hora y media.
“Va a pagar 700 pesos. Si echas un viaje (con 10 motociclistas), 7 mil pesos se van a embolsar”, reclamó María Elena Alcázar, a quien le fue decomisado su vehículo sobre la calle de Netzahualcóyotl, en en la colonia Reforma.
“Ya cuestioné al comisario de Vialidad (Felipe Reyna) y me dice que él no tiene nada que ver con eso, que vaya yo a Grúas Varo, que él no me puede contestar porque ese no es asunto suyo; eso es indignante”, agregó la mujer.
“¿Cuántas motos hay aquí?”, abundó, mientras señalaba un área donde permanecían hacinadas alrededor de 40 unidades; al parecer, decomisadas durante los operativos.
“Aquí tienen una grúa que no sé cuánto tiempo tiene descompuesta: ¿Por qué no la componen? Si esto es negocio y un negocio que reditúa, ¿por qué no lo atienden bien?”, cuestionó.
“Es un negocio redondo por donde se quiera ver. A esta velocidad, se compran una grúa nada más con los arrastres”, dijo.
“Es un robo, esto ya; es un negocio redondo… pero qué se puede hacer”, lamentó otro ciudadano, que se identificó como Víctor Ramón, a quien le decomisaron su motocicleta en inmediaciones del Módulo Azul, en el Infonavit Primero de Mayo, al norte de la ciudad.
“Alguna autoridad tuvo que haber convenido con las grúas; él (Felipe Reyna) se lava las manos y dice que no tiene nada que ver, que yo vaya a Profeco y que yo vaya con Grúas Varo y se las haga de ‘jamón’; sin embargo, él es el indicado”, soltó, a su vez, María Elena Alcázar.
“No, definitivamente, están recaudando (recursos); lamentablemente, (a pesar de la generación de esos recursos) las patrullas ni siquiera tienen las letras completas”, continuó.
El operativo de la Policía Vial también decomisó el automóvil del abogado, Rafael García Zavaleta, cuyo nombre trascendió en los medios de comunicación luego de que le ganó un laudo laboral y un amparo al municipio de Salina Cruz, al que el Poder Judicial obligó a pagar la cantidad de 2 millones de pesos por concepto de honorarios.
“Que (las autoridades capitalinas) muestren el acta de Cabildo a través de la cual se autorizó la contratación de esta empresa para el arrastre de los vehículos”, reclamó.
