Agencias.-La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicaron este viernes los criterios generales de la licitación del proyecto de red compartida, con lo que se inaugura formalmente el concurso que deberá resolverse en el segundo semestre del año entrante en un proyecto planeado para arrancar en 2018.
El plan consiste en la instalación de una red pública mayorista de telecomunicaciones de cobertura nacional, utilizando la tecnología 4G, y la cual contempla el aprovechamiento de 90 MHz de la banda de frecuencias de 700 MHz.
“Con este proyecto el Gobierno de la República busca impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicaciones de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. Adicionalmente, dentro de sus fines, se encuentra incrementar la cobertura y calidad de los servicios móviles en el país, así como crear mayor competencia en el mercado”, señalan los Criterios generales.
México espera unos 7,000 millones de dólares en inversiones con el proyecto, dijo en mayo pasado la subsecretaria de Comunicaciones de México, Mónica Aspe.
El siguiente paso en el proceso es la publicación, en agosto, de las prebases. Luego, en el último trimestre de 2015 se revisará y se permitirán recomendaciones del IFT, para posteriormente publicar las bases definitivas.
En el primer trimestre de 2016 se realizará la apertura de ofertas y hacia el segundo trimestre se realizará el fallo, adjudicación y contrato de Asociación Público Privada.
En 2018 se iniciarán operaciones y para 2020 se espera alcanzar la cobertura objetivo, misma que definirán los concursantes en la licitación.
En los criterios se establece que el Gobierno aportará el derecho de uso y explotación sobre el espectro radioeléctrico, derivado del título de concesión que reciban los ganadores.
“Se está analizando la posibilidad de aportar al operador de la red compartida los derechos de uso de un par de hilos de fibra óptica oscura de la red troncal”, señala.
En tanto que el licitante ganador aportará los recursos requeridos para el diseño, despliegue, operación, comercialización y mantenimiento de la red con la cobertura que ofrezca dentro del proceso.
Además deberá proveer de los bienes, derechos, infraestructura, equipos y demás elementos materiales, humanos o de cualquier otra índole necesarios para instalar y operar la red.
Otras de sus obligaciones serán el pagar las contraprestaciones previstas en el contrato, así como gestionar y obtener bajo su responsabilidad cualquier permiso necesario.
La empresa que opere la red podrá tener hasta 100% de inversión extranjera, pero deberán constituir una empresa mexicana, sujeta a las leyes del país.