Agencias.-El Gobierno la llama «Ley de Seguridad Ciudadana», pero en las calles se grita: «no a la represión».
La norma fue aprobada en diciembre pasado por el gobernante Partido Popular en solitario, pero este miércoles entró en vigor esta polémica Ley con la que el gobierno quiere regular las manifestaciones públicas.
Mientras que el gobierno la defendió como necesaria, la oposición y diversos grupos sociales, como Greenpeace o la organización No Somos Delito, la critican por considerla represiva.
Pero ni las movilizaciones en contra ni los recursos ante el Tribunal Constitucional lograron detenerla. ¿Qué acciones puede penalizar esta Ley en España?
1. Publicar en internet fotografías de policías en ejercicio
La llamada Ley Mordaza considera una falta grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales de los miembros de las fuerzas de seguridad, argumentando que puedan poner en peligro su seguridad personal o la de sus familias.
Los opositores de la ley defienden la documentación en imágenes del comportamiento de la policía durante las manifestaciones, algo que en el pasado ha permitido registrar casos de brutalidad policial y ayudar a su proceso legal.
Las faltas graves, como esta, tienen sanciones de entre $ 667 y$ 33.300.
2. Dificultar operaciones de desahucio concentrándose frente a las casas de los afectados
La norma castiga que se le impida a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Lo considera una falta grave.
Impedir la ejecución de desahucios, una práctica que se volvió popular entre los activistas en España durante la crisis, también acarreará penas potenciales de entre $ 667 y $ 33.300.
3. Manifestarse frente al Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos
Según la nueva ley de seguridad, la perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos también es una falta grave, incluso si las asambleas no están reunidas en ese momento.
Los opositores de la ley cuestionan qué es perturbar o no la seguridad ciudadana y quién lo decide. En cualquier caso, si se considera falta grave, se castigaría también con multas de entre $ 667 y $ 33.300.
4. Desobedecer o resistirse a la autoridad y no identificarse
También entre las faltas graves que contempla la nueva ley está la desobediencia o resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse cuando así lo requieran los agentes.
Además, podrán recibir multas quienes no colaboren con las fuerzas de seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
5. Protestar en edificios o monumentos
La nueva Ley de Seguridad considera una falta leve escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.
Las sanciones estipuladas para las faltas leves van de 100 a 600 euros, es decir de $ 111 a $ 666 dólares.
Miles protestan
Los opositores de la ley, como la organización Greenpeace, conocida precisamente por manifestarse frente a edificios o monumentos, critica que se considere una infracción sin necesidad de que se produzca una alteración del oden público o daños a la seguridad ciudadana, ya que teóricamente el mero riesgo es suficiente para aplicar el castigo.
Activistas de esta organización colgaron, ayer 30 de junio, una pancarta en defensa del derecho a protestar en una grúa de obra próxima al parlamento español.
Greenpeace desplegó la bandera, en la que podía leerse «La protesta es un derecho», a primera hora del martes desde una grúa ubicada justo detrás de la cámara baja, en el centro de la capital, Madrid.
La ley permite la expulsión sumaria de migrantes descubiertos entrando ilegalmente en los enclaves de Ceuta y Melilla.
El conservador Partido Popular impulsó la medida ante las protestas pacíficas que estallaron en España al comienzo de la crisis financiera en 2008. Las protestas alcanzaron su mayor intensidad en 2012 cuando la nación estuvo al borde del derrumbe y se salvó gracias al rescate financiero de sus bancos en problemas.
Los detractores de la ley incluyen al opositor Partido Socialista, que ha dicho que la derogará si este año gana las elecciones generales este año, un panel de cinco expertos de derechos humanos de la ONU y el grupo Human Rights Watch.
Los defensores de la prensa están preocupados de que la ley obstaculice a los periodistas, porque establece multas por «uso no autorizado de imágenes» de la policía, sean en vivo o grabadas.
