Andrés CARRERA PINEDA
El estado de Oaxaca se ha convertido en una las entidades con mayor índice de violencia contra personas defensoras de derechos humano y periodistas, desde el inicio de la pandemia los asesinatos y ataques han aumentado en las diferentes regiones.
Entre los hechos más recientes destacan los asesinatos de Tomás Martínez Pinacho, dirigente social en la Sierra Sur asesinado en el mes de agosto de 2020 y en enero pasado el artero crimen de Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como Comisariado de Bienes Ejidales del Ejido de Paso de la Reyna.
De acuerdo con el informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por Covid-19”, al menos 6 periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el país durante el año 2020, 7 mujeres y 23 hombres, por motivos vinculados con su labor de defensa y ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
El documento desarrollado por el Espacio OSC, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHMX) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), plantea que en el actual contexto de emergencia sanitaria por Covid-19, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México enfrentan nuevas condiciones de riesgo.
Destaca que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México continúan bajo un ataque sistemático. A partir de la entrada del gobierno actual, el 1 de diciembre de 2018, los altos niveles de violencia contra personas defensoras y periodistas se han agravado. En el año 2019, al menos 21 personas defensoras y 10 periodistas fueron asesinados.
A septiembre de 2020 se tiene registro de al menos 18 personas defensoras de derechos humanos asesinadas, incluyendo nueve defensoras del medio ambiente, cinco defensoras por una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres y población LGBTTTIQA+ y cuatro periodistas.
De acuerdo con el registro de las propias organizaciones, las entidades con mayor índice de violencia contra personas defensoras y periodistas son Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Morelos, Estado de México, Chiapas y Chihuahua.
Por ese motivo, advierten que las políticas de austeridad que se han realizado sin planificación alguna afectan a instituciones y fondos de atención a los derechos humanos como el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas.
Entre los factores también se encuentran la formalización del despliegue de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad; el enfoque punitivo desproporcionado y las arbitrariedades cometidas por autoridades de distinto nivel.
“Estas prácticas se dan en el contexto de la aplicación de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria; el uso de la fuerza para reprimir manifestaciones; la continuidad de las políticas de desarrollo extractivo a través de megaproyectos; las medidas de control migratorio; y la sostenida crisis de desapariciones en el país”, destaca.
Añade que además de las agresiones letales, las personas defensoras y periodistas continúan enfrentando intimidación y hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y digitales, detenciones arbitrarias, uso arbitrario del sistema de justicia en su contra, entre otras. Estos actos provienen principalmente de servidores públicos; y, en segundo lugar, de parte de particulares, a través de empresas y actores del crimen organizado.
Las ONGs También registraron casos de campañas de desprestigio contra personas defensoras de derechos humanos, organizaciones y medios de comunicación, como ocurrió el pasado 28 de agosto, cuando, durante la conferencia de prensa matutina que diariamente encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que señaló a distintas organizaciones, entre esas el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Animal Político, entre otras, de recibir financiamiento por fundaciones internacionales para oponerse al proyecto Tren Maya, infiriendo que su labor en defensa de los derechos humanos sería ilegítima.
