Fundado hace más de 52 años sobre un terreno donado por ejidatarios, este mercado enfrenta hoy un futuro incierto. Los locatarios, descubrieron, al renovar el comité, que la destituida secretaria general, Paulina Flores Hernández, quien detentó el cargo durante 20 años, es la propietaria del predio y ahora pretende apoderarse de un inmueble que, se ser un bien público, pasó a ser privado, y que es el centro de trabajo y la fuente de ingresos de un centenar de familias
Yolanda PEACH
Hostigamiento, amenazas y el temor de ser despojados de sus locales, es lo que sufren los locatarios del Mercado Víctor Bravo Ahuja.
Renovada la mesa directiva, después de que la anterior secretaria general, Paulina Flores Hernández, estuviera más de 20 años en el cargo, se enteraron de que el mercado, de ser público pasó a ser propiedad privada a nombre de ésta y otras cinco personas, quienes formaron una asociación.
El mercado fue fundado en 1968 por nativos de Ixcotel en un terreno ejidal donado. Hasta ahora el municipio de Santa Lucía del Camino no ha podido o no ha querido tomar cartas en el asunto.
PROPIEDAD PRIVADA
No supieron ni cómo es que el mercado Víctor Bravo Ahuja de Santa Lucía del Camino pasó de ser público a propiedad privada.
Su construcción inició en 1968, después de que los ejidatarios donaran el terreno.
Los colonos se organizaron y obtuvieron un crédito bancario, con el aval del municipio de Santa Lucía del Camino, así como el apoyo del entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado. Se invirtieron en ese entonces mil 500 millones de pesos.
El mercado, ubicado en la colonia Víctor Bravo Ahuja, entre las calles Prolongación del Refugio, Calle Norte 1 y Calle Norte 2, entre la colonia América y la Unidad Modelo, quedó construido con 120 locales, que, en un inicio, fueron ocupados por colonos oriundos del lugar y por ejidatarios.
Se pagaba, cada día, una cuota diaria al municipio de Santa Lucía del Camino, que ofrecía a cambio, servicios como recolección de basura.
La panadera Paulina Flores Hernández, quien fue la secretaria general del comité hasta junio pasado, logró que en el 2003 dejaran de pagar impuestos municipales.
“Un día que estaba de gira el entonces candidato a gobernador José Murat le entregó una carta de petición y éste le firmó de recibido”, comentan los locatarios.
Esta firma la ocupó después para llevarla al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, donde informó que el gobernador había autorizado que el mercado fuera propiedad de los locatarios.
“No sabemos si la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) está implicada. El mercado pasó a ser propiedad de la Asociación Civil Unidos para Servir, con seis representantes”.
Los mercaderes estaban en el entendido de que todos eran socios, “ahora que entrevistamos a los otros cinco, nos dicen que no estaban enterados que eran dueños del mercado, sólo les dieron a firmar los papeles y no supieron de qué se trataba”.
De las seis personas del Comité, dos ya no trabajan en el mercado, “vendieron sus casetas”.
Surgió el rumor de que, “la dueña”, vendería el mercado para un centro comercial, “se hizo del lugar haciendo mal uso de papeles y abusando del miedo que toda la gente le tenía”.
Temen ser despojados, de un momento a otro, de un mercado que debería ser público.
Pese a que han pedido apoyo del edil de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero, no lo han obtenido, les han informado que “nada se puede hacer”.
Actualmente cuentan con el apoyo de la Federación de Mercados, que los ha apoyado con la defensoría de oficio jurídica y contable.
El abogado Alejandro Noyola explicó en entrevista que, al ser un mercado municipal, el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino podría intervenir.
“Al tratarse de un acto amañado, se podría interponer un juicio de nulidad de escrituras. Como era un terreno ejidal, se puede acudir ante la autoridad de Bienes Comunales, ir ante el Tribunal Agrario para ver en qué condiciones está ese título de posesión”.
Puntualizó que se trata de un acto jurídico nulo, porque “desde un principio (el mercado) está destinado para un bien de la comunidad”.
VIOLENCIA Y ACOSO
Sin darse cuenta ni cómo, poco a poco, los locatarios del mercado se volvieron víctimas de violencia laboral. Agresiones verbales, acoso psicológico, menoscabo patrimonial y económico, hostigamiento o mobbing y acoso.
Sufrían, desde hace años, el abuso de poder ejercido por la lideresa del mercado, que atentaba contra la dignidad e integridad emocional, psicológica, social y económica de los locatarios.
Paulina Flores Hernández, conocida como Flor, reinó durante 20 años en este mercado que considera de su propiedad, “ya no eran las mismas metas que tenía en un principio. Se hacía lo que ella quería, cuando ella quería y como ella quería”.
Todo aquél que cuestionaba su labor, era víctima de maltrato, persecución, menosprecio, insultos, discriminación, imposición y acoso.
Muchos años le tuvieron temor, “se aguantó esta situación por miedo a las represalias, por los castigos, si uno no estaba de acuerdo, cerraba las cortinas de nuestros negocios, castigaba por uno o dos días, o prohibía consumir al compañero”.
Paulina llegó al mercado en el año 1976, casi 10 años después de que se inauguró, “no es originaria de Santa Lucía del Camino, ni ejidataria. Ella viene de Nochixtlán”.
Amén de la cooperación de los locatarios, se hacía de ingresos de la cuota que se pide a los tianguis que se ponen dos días a la semana, lo de los baños públicos, los puestos bajos, las carnes asadas e, incluso, de una alcancía que tiene una imagen religiosa.
“Nunca nos rindió cuentas, en dos ocasiones nos informó que entraron a robar a la tesorera exclusivamente el dinero del mercado (…) lo dejamos pasar. (…) Borrón y cuenta nueva. Ni le exigíamos que nos pagara. Jamás nos dio un corte de caja. Siempre le tuvimos miedo”.
A inicio de año les informó que el mercado tenía riesgo de incendiarse, por lo que tendrían que renovar el sistema eléctrico. El presupuesto ascendía a un millón de pesos. Les iba a tocar 11 mil pesos por caseta, quien tenía dos o más, debía pagar la suma.
A partir de ahí, empezó a pedir cooperación para el ingeniero. Cada que iba a hacer el estudio, les pedía 100 pesos por persona para pagarle, reunía hasta tres mil pesos al día.
Como el ingeniero iba hasta tres veces por semana, un día le preguntaron por qué tan caro y éste les informó que no había recibido un peso, que no trabajaba con la señora “a mí nunca me ha dado ningún quinto”.
En una reunión dejó la hoja del presupuesto y aprovecharon, “uno de los compañeros le tomó una fotografía, ella se dio cuenta y se molestó, le dijo que, si quería, le sacara fotocopia y eso se hizo. Con esa hoja nos fuimos a pedir presupuesto a esa tienda y había 400 mil pesos de diferencia”.
Después, cotizaron en otros lugares, en Eléctrica Mexicana les saldría en 450 mil pesos. Esa fue la gota que se derramó.
RETOMAN EL CONTROL
Una farsa. Los locatarios se dieron cuenta que, una vez más, serían víctimas de otro fraude.
Aprovecharon que la señora Flor los citó a junta con motivo de la pandemia y le propusieron un cambio de mesa directiva. En ese momento comenzaron a nombrar las comisiones para la elección. Se molestó, les dijo que hicieran lo que quisieran y se salió.
El 7 de julio, en asamblea, nombraron al nuevo Comité Democracia y Justicia, presidido por Pedro Francisco Jiménez Martínez.
Entre las primeras medidas, informarle a la encargada de los baños públicos, que estaría con otra persona quien sería la responsable del cobro del servicio”.
A los pocos días, los nuevos integrantes del Comité fueron denunciados, “por despojo, robo de 56 mil pesos y falsificación de documentos”.
Rosalía Irene Carreño, secretaria de Trabajo y Conflictos, anotó que ese fue el comienzo de una nueva embestida de hostigamiento.
“A partir de ese día empezó a llamar por teléfono a algunos compañeros, la señora se ha dedicado a amedrentar vía telefónica, nos dice que nos va a matar, que nos cuidemos, vigila nuestras casas. Se para enfrente con una camioneta y los vidrios cerrados. Nosotros lo acordamos desde el principio, no vamos a caer en provocaciones”.
Hicieron cuentas de lo que estaban ahorrando desde inicio de año para cambiar la instalación eléctrica. Se acercaron a la ex tesorera y les dijo que no les iba a dar el dinero que guardaba, “dijo que ella era los pies y la señora Flor la cabeza, así que no podía disponer del dinero”.
Después de eso vino la segunda denuncia, los acusó de amenazas de muerte. Asegura que le iban a quemar su caseta.
Han intentado, en vano, conseguir el apoyo del presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero, sin éxito. Lo único que consiguieron fue que tomara protesta a los integrantes del Comité.
Con el fin de darle legalidad al nuevo comité, realizaron el acta constitutiva, que firmarían ante el Notario con fecha 30 de noviembre pasado.
La señora Flor aprovechó para meterse, acompañada de gente ajena al mercado, rompió las mallas, “dijo que la estaba apoyando el diputado (Azael Santiago) Chepi y que éste le proporcionó porros. En la colonia no la quieren y nos dieron silbatos para usarlos en caso necesario. Pedimos ayuda y vinieron los vecinos”.
Los integrantes del Comité pidieron auxilio a la policía, “ella llegó con abogados y guaruras, nos quería pegar, nos quisieron golpear, provocándonos”.
Al rato, fueron más las patrullas que llegaron y se logró controlar la situación, “nos quiso denunciar otra vez, esta vez por secuestro, pero los mismos policías les dijeron que nadie estaba privado de su libertad y los mismos abogados concedieron”.
Actualmente, se acabaron las cooperaciones. Utilizan sólo lo que ingresa del servicio de los baños públicos para pagarle al velador, al que cuida los baños, la luz, el agua y los insumos.
Se estableció un protocolo para evitar el Covid-19. Se habilitó solamente una puerta para entrada y otra para salida. En la entrada se les toma la temperatura, se les proporciona gel y hay un tapete de agua con cloro. “No admitimos a nadie sin cubre boca, si al entrar se lo quitan, ningún comerciante les vende”.
Se hizo un calendario para los músicos ambulantes, “se les permite entrar, pero con un horario, porque antes se dejaba entrar a todos”.
En el mercado ya existieron casos de comerciantes con Covid-19, “se implementó la cuarentena, durante 30 días no vinieron, ni ellos, ni su familia ni ningún empleado”.
El estacionamiento ya está libre para los clientes, “antes, todos los comerciantes nos estacionábamos ahí, pero la prioridad son nuestros marchantes, así que los que tenemos coche buscamos un lugar en la vía pública”.
Pintaron el estacionamiento y se dejó un espacio exclusivo para las motocicletas. Han hecho tequios para limpiar, acondicionaron el techo y ya pactaron, con la Secretaria de Cultura, que les pinten seis murales.
Tampoco han querido perjudicar a la señora Paulina Flores Hernández, quien tiene 14 puestos, “mal habidos”. No le han devuelto ninguna de las afrentas, “ni le cerramos las cortinas como hacía, ni le abrimos a la fuerza sus puestos para sacar sus cosas, al contrario, le seguimos comprando sus productos”.
Al menos, el 98 por ciento de los locatarios apoyan al nuevo comité, “algunos, como el dueño del depósito de cerveza, la apoyan, y es que el lugar parecía cantina, había pleitos de borrachos, riñas violentas y, desde que asumimos el control, no dejamos que consuman alcohol acá. Lo que vende debe ser para llevar”.
Acordaron que cada tres años se renovará el comité, “lo único que queremos es trabajar, que nos deje de acosar, ya vivió muchos años del mercado, ahora es tiempo de que los beneficios sean para la comunidad”.
