La iniciativa del gobierno mexicano para modificar el sistema de subcontratación (outsourcing) tiene una serie de claroscuros que, si no se afrontan de la forma adecuada, pueden aumentar el desempleo en el mercado laboral mexicano.
La crisis del COVID ha acentuado el deterioro de la economía vía despidos o precarización de los puestos de trabajo, por lo que es necesario implementar reformas que ayuden a estabilizar este sector, coinciden especialistas consultados.
En la justificación de la iniciativa, el presidente López Obrador dijo que pretende “poner orden” a la subcontratación laboral que se calcula afecta al menos a 4 millones de trabajadores. La norma busca regular tres figuras: la subcontratación de personal, los servicios especializados y obras especializadas, y las agencias de colocación. Para las empresas que incumplan, habrá sanciones.
“Es una muy buena propuesta. Es un área que requiere una atención muy urgente porque hay una gran cantidad de trabajadores que se encuentran en esta modalidad y, lo que están viviendo es una precarización de sus condiciones laborales”, afirmó Carlos Alberto Jiménez Bandala, jefe del doctorado en Administración e investigador de la Facultad de Negocios en la Universidad La Salle.
El principal beneficio de la iniciativa de reforma tiene que ver con una mejora de las condiciones laborales en México, así como certeza jurídica para los trabajadores.
1. “Va a haber certidumbre o certeza jurídica para los trabajadores de saber quién es realmente su patrón”, comentó Juan Cristóbal Ibáñez, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (UP).
2. «Los trabajadores van a tener plena certeza de cuáles son sus prestaciones y cuál es su salario; también que estarán inscritos en el Seguro Social con su salario real. Muchas veces estas empresas fueron utilizadas para simular actos y para disminuir las cuestiones de seguridad social, tanto en el IMSS como en el Infonavit”, agregó.
3. “Los trabajadores van a acceder a trabajos mejor remunerados, con mayores prestaciones, van a tener mayor certeza jurídica, en términos de sus relaciones laborales, que eso es sumamente importante”, señaló por su parte Jiménez Bandala.
“Ahora los trabajadores carecen de esa certeza porque en muchas ocasiones desconocen cuál su empleador o su patrón. Esto genera muchísimos problemas ya sea para exigir alguna prestación, como el Seguro Social, e incluso para pelear sus derechos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje”, dijo.
4. “La ley pretende mejorar la distribución del ingreso. Actualmente esa riqueza está acaparada hasta en un 70% u 80% en algunas ramas de la economía por quien ostenta los medios de producción, -las empresas-, y se reparte en un 17% o 20% a los trabajadores. Esto no sucedía así, se le dio la vuelta en el modelo ‘neoliberal’ porque anteriormente la parte que le tocaba a los salarios era casi del 40%”, comentó el profesor de La Salle.
“Lo más saludable es que se tenga claro que sí es importante revisar la situación del mercado laboral mexicano, buscar el pleno cumplimiento de las obligaciones, que se otorguen los derechos a los que tienen acceso los trabajadores. En ese sentido eso es lo fundamental, y que se busque ser más estricto en ese sentido”, destacó José Luis de la Cruz.
