En los últimos meses se han vuelto públicas decenas de historias de abuso policial. Se ha puesto en descubierto que el maltrato y vejaciones por parte de elementos policiales son prácticas generalizadas en todas las corporaciones, principalmente en poblaciones vulnerables, como jóvenes, mujeres, grupos indígenas o en situación de pobreza, lo que muestra el estado deplorable de las instituciones de seguridad en la entidad. Entre los municipios con más denuncias por violencia policial destacan Oaxaca de Juárez, Ciudad Ixtepec, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino
Yolanda PEACH
Teme por su vida. Lo torturaron en los separos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Al tiempo de interrogarlo, su casa era saqueada. “Jefe usted me está confundiendo”, le contestaron: “no te hagas pendejo (…) de todos modos ya no regresa”.
Los abusos policiales, entre los que destacan las detenciones ilegales y las torturas sufridas, la desconfianza en las fuerzas de seguridad y la incapacidad de las autoridades para esclarecer agresiones de esta naturaleza, sólo confirman la impunidad y el vacío legal que se vive en Oaxaca.
La credibilidad y la confianza en la policía no existe. Se suma la incapacidad de la Fiscalía General del Estado por castigar a quienes violan los derechos humanos. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), ha recibido, desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre, 212 quejas relacionadas con abuso policial; en tanto la encuesta del 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) destaca que el 75 por ciento de las personas detenidas sufrió violencia.
SIN ERRADICAR TORTURA
Esteban salió de su casa, el pasado 2 de junio, alrededor de las 19 horas, para visitar a una amiga. Se desplazaba en una motocicleta, a la altura del puente del Río Salado cuando lo interceptó una pareja que se identificó como policía.
Intuyó que se debía a las placas, cuyo trámite había postergado. Justo entonces llegaron dos camionetas, de la que descendieron varios hombres. Le quitaron sus llaves, su dinero y lo subieron a la cabina de uno de los vehículos.
Una vez adentro, comenzaron a recriminarle que se hacía pasar por miembro de un grupo delictivo. “¿Qué te pasó en la pierna?, ¿qué hiciste en estos días? Te andas haciendo pasar por nosotros, ya te cargo la v…, te vamos a llevar con el patrón, te vamos a llevar al rancho”, le decían e insistían sobre personas que no conocía.
Estaba espantado. Imaginó lo peor. Les aseguró que lo confundían y éstos se reían mientras lo insultaban.
Lo llevaron a las oficinas de La Experimental, San Antonio de la Cal. Lo metieron al sótano y continuó el interrogatorio. Una, dos, tres horas. “Te voy a ayudar de esa broncota que tienes”, le aseguró un funcionario. Le quitaron el teléfono y lo obligaron a dar la contraseña.
El funcionario insistía sobre el paradero de una mujer. Al anochecer, esposado, lo tiraron a una colchoneta. Inició la tortura física e insistieron con el interrogatorio. Una bolsa en la cabeza y golpes en las costillas.
Finalmente, lo dejaron ir, con la advertencia de que no denuncie lo ocurrido. Durante su cautiverio, un grupo de agentes entró a su vivienda a “catear”, sin necesidad de utilizar la violencia, pues tenían las llaves.
Le robaron ropa, calzado, cámara fotográfica, alhajas y dinero en efectivo. Denunció. Ahora se siente vigilado. Teme por su vida.
La DDHPO indicó que, de las 212 quejas relacionadas con abuso policial, tiene 60 quejas por falta o deficiencia en la fundamentación o motivación de los actos de autoridad; 44 por detención arbitraria; 28 por uso desproporcionado o indebido de la fuerza; 26 por incumplimiento de una obligación o un deber constitucional; 11 por agresiones, ocho por detención ilegal y seis por amenaza e intimidación.
De estas quejas, anotó la Defensoría, el 22 por ciento fueron concluidas, la mayor parte al lograr la restitución inmediata de los derechos humanos; el resto está en análisis.
El organismo detalló que los municipios con el mayor número de señalamientos son Oaxaca de Juárez con 23 quejas; Santa Lucía del Camino con 12; Ciudad Ixtepec con 10 y Santa Cruz Xoxocotlán con 9.
En tanto que en 2019 se recibieron 256 quejas relacionadas con abusos policiales, de las cuales se señalan 61 por detención arbitraria; 56 por falta o deficiencia en la fundamentación o motivación de los actos de autoridad; 34 por uso desproporcionado o indebido de la fuerza y 14 por agresiones. El 50 por ciento fueron concluidas.
De estas quejas, Oaxaca de Juárez encabezó con 40; Ciudad Ixtepec con 18; Santa Cruz Xoxocotlán con 16 y Santa Lucía del Camino con 12. Se documentó el caso de una persona que murió en los separos en la capital oaxaqueña.
“De enero de 2017 a junio de 2020, se han emitido ocho recomendaciones relacionadas con abuso policial municipal y estatal, entre las cuales se comprobaron actos de tortura e incluso pérdidas de vidas humanas”.
En tanto, el INEGI señala en la encuesta 2016 lo común que es la violencia ejercida por los policías, de las 64 mil 150 personas encuestadas, el 75 por ciento sufrió violencia durante el arresto, esto incluye maltratos tan graves como ser desvestido o asfixiado.
Casi el 64 por ciento de los encuestados sufrió agresiones físicas, incluidas patadas o puñetazos, lesiones por aplastamiento y descargas eléctricas. Si la detenida es mujer, los abusos frecuentemente son sexuales.
ATAQUES ARBITRARIOS
Mujeres mixtecas, alrededor de 15, denunciaron que fueron víctimas de policías municipales de Tlaxiaco. Violaron la cuarentena para vender artesanías a finales de septiembre. Las golpearon.
Sin apoyo económico, falta de ventas y desesperadas por no tener recursos para sostener sus hogares, decidieron salir a vender. “Ser comerciante no es un delito, delito es robarle al pueblo; somos comerciantes ambulantes no rateros”.
Raúl Sánchez Martínez, denunció a policías municipales de Ejutla de Crespo. Lo detuvieron el pasado 15 de octubre sin justificación, lo golpearon, llevaron a otra comunidad y lo incomunicaron.
Gritó aterrado y vecinos exigieron lo soltaran. Lo llevaron al Palacio Municipal y le cobraron una multa por una falta administrativa. Denunció y ahora es hostigado.
En septiembre pasado, una comerciante fue detenida por policías municipales de Miahuatlán de Porfirio Díaz, cuando vendía chapulines.
Dos policías la jalaron. La canasta con chapulines cayó al suelo mientras los policías la arrastraron en dirección a la comandancia municipal.
Trabajadores del sector salud del área de Paludismo, difundieron un video en el que se observan a policías municipales de San Pedro Pochutla someter a uno de ellos por no portar el cubrebocas.
Otro video que circulo, se grabó en Puerto Escondido. Policías municipales someten a una mujer por no portar el cubrebocas. La llevaron a los separos de la comandancia municipal.
En San Andrés Ixtlahuaca, Etla, encarcelaron a una mujer. La acusaron de publicar en Facebook que el comandante de la Policía había dado positivo a Covid-19.
Ángel Bautista Vásquez, sufrió fracturas en ambas piernas por policías municipales de Tlaxiaco. No ha vuelto a caminar.
La agresión la sufrió el 21 de marzo pasado. El joven volvía a su casa; en el barrio San Nicolás, rumbo a la carretera a San Juan Mixtepec. Lo interceptaron policías municipales, quienes le dispararon con armas de fuego. Tras recibir un impacto de bala en la pierna izquierda; lo esposaron, lo llevaron a un terreno baldío y lo torturaron, fracturando la pierna derecha.
“Me decían muchas groserías y yo no entendía nada, me pusieron la bota en la cara, y con los golpes me lastimaron el pie izquierdo, ahora no puedo caminar, estoy rehabilitando por la operación, esta agresión que sufrí no sólo fue física, sino emocional y de todo, sin que hubiera un motivo alguno”.
Denunció. La familia acusa que ahora recibe amenazas de la policía; en dos ocasiones han realizado disparos afuera de su domicilio.
Inés Leal Peláez, diputada de Morena, se pronunció respecto al tema al realizar un exhorto al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, al secretario de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo y a los 570 municipios, para que, en el ámbito de sus competencias, instruyan a los policías estatales y municipales a evitar el uso excesivo de la fuerza física y abuso de autoridad en agravio de la ciudadanía.
“El abuso de las fuerzas de seguridad, de la policía estatal como las policías de los municipios son cotidianos (…) es necesario abordar este tipo de problema social que atenta directamente contra los oaxaqueños, en donde se les vulnera, se les priva de su libertad, sin razón ni motivos en muchas ocasiones, de tal manera que se violan todos los derechos fundamentales del hombre”.
La legisladora confirmó que existen innumerables carpetas de investigación en contra de policías por distintos tipos de violencia, “varias víctimas de delito se han abstenido de denunciar y los ciudadanos se han rebelado contra la forma en que se conducen los elementos policiacos”, indicó al afirmar que esta situación ha generado pánico.
Dijo que es obligación del Estado salvaguardar los derechos de las personas, preservar la libertad, el orden, la paz pública y prevenir el delito, “en Oaxaca se han visto involucrados elementos policiacos que van desde el abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza física e incluso en la privación de la vida de ciudadanos, faltando al cumplimiento responsable de la ley aplicable a las funciones de los elementos policiacos y directivos a cargo de la seguridad pública del estado de Oaxaca”.
La DDHPO, ha establecido que la reparación integral del daño es fundamental para las víctimas, por lo que cuando alguien interpone una queja por violaciones a derechos humanos o bien cuando inicia de oficio un expediente de queja, comienza el proceso de investigación para definir la existencia de dichas violaciones.
La restitución de derechos pretende devolver a la víctima a la situación anterior de la violación e incluye la restitución material; la rehabilitación de la víctima, que es el tratamiento o asistencia médica y psicológica; las garantías de satisfacción que tienen como objetivo reintegrar la dignidad y ayudar a reorientar su vida o memoria.
Entre estas medidas están los actos públicos de reconocimiento de responsabilidad (disculpa pública), actos de conmemoración a las víctimas, homenajes a las víctimas y garantías de no repetición.
También se tiene la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables y solicitar una indemnización compensatoria.
MUERTES INNECESARIAS
El caso que, quizá, es el que más conmocionó a la sociedad oaxaqueña, es el de Alexander, un adolescente de 16 años asesinado en Acatlán de Pérez Figueroa.
Ciudadano norteamericano, hijo de mexicanos, fue masacrado al “confundirlo” con un delincuente.
El adolescente salió de su casa para comprar refrescos a una tienda cercana, acompañado de sus amigos, a bordo de motonetas. Policías le dispararon en reiteradas ocasiones bajo el argumento de que se trataba de un delincuente y estaba armado.
Otro joven, Carlos, también recibió un disparo y fue trasladado al hospital de San Juan Bautista Tuxtepec, donde su estado de salud se reportó muy grave.
Se estableció que la patrulla circulaba en sentido contrario, con las luces apagadas y le cerró el paso. Un policía se bajó de la cabina trasera, con una escopeta y le disparó al adolescente en la cabeza.
Tras el crimen, los policías intentaron colocar un arma en las manos de Alexander para justificar el disparo.
La DDHPO documentó tres muertes en el interior de las cárceles municipales o al momento de su detención en El Espinal y Matías Romero, en el Istmo, así como en Acatlán de Pérez Figueroa.
Otro caso aberrante de abuso policial es el que sufrieron dos hermanos en San Pablo Huitzo, los entregaron para que fueran linchados, uno de ellos murió.
“Me encontré a mi hermano, fue a comprar una tostada para cenar (…) nos venimos toda la vía, antes de llegar al puente se bajaron como seis personas de un taxi, traían palos y gritaron: Agárrenlos”; contó Jaciel, el sobreviviente.
Los acusaron del robo de una bicicleta. Tras ser acusados por los pobladores, Diego y Jaciel fueron perseguidos y golpeados por los habitantes.
Los trasladaron al Palacio Municipal, donde la síndica les negó el derecho de hacer una llamada a su familia. “Mi hermano empezó a llorar… salió la síndica y lo agredió verbalmente. Yo me molesté y le pedí que llamara a mi papá para avisarle, pero se negó”, contó el joven en un video que se difundió en redes sociales.
Mientras los hermanos esperaban, la parte acusadora se presentó a reiterar la denuncia. Ambos jóvenes fueron esposados y trasladados a un paraje solitario, a bordo de una patrulla municipal.
Jaciel detalló que el policía tomó otra ruta; antes de llegar a la caseta de la autopista, se desvió del camino y los llevó a un campo desolado.
En ese paraje los esperaban varios hombres para golpearlos. Jaciel fingió estar inconsciente para que dejaran de pegarle. Los arrojaron a un barranco, mientras la patrulla vigilaba. Diego, de 20 años, murió en el lugar.
Hasta ahora, la gran mayoría de abusos sigue sin castigo; de nada han servido los esfuerzos de organizaciones, la obligatoriedad a los policías por especializarse o actualizarse para desempeñar sus funciones, los talleres sobre derechos humanos o perspectiva de género; mientras la Fiscalía tolere la impunidad y se perpetúe la mediocridad en las investigaciones, se dará carta abierta a que la violencia continúe.
Lo único positivo, hasta el momento, es que los abusos policiales se están haciendo visibles.
