En un pronunciamiento conjunto organismos defensores de derechos humanos reprueban la decisión de la Cámara de Diputados de desaparecer los fideicomisos de protección a periodistas, defensores y víctimas; advierten graves riesgos para quienes ejercen la libertad de expresión
Gloria LETICIA DÍAZ
Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos reprobaron la decisión de la mayoría de la Cámara de Diputados de eliminar el Fideicomiso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) previsto en la Ley General de Víctimas (LGV), y alentaron al Senado a tomar en cuenta sus consideraciones en la revisión que hagan de la minuta que al respecto le corresponderá analizar.
En un pronunciamiento conjunto la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideraron preocupante la eliminación del fondo destinado para implementar medidas de protección a personas defensoras y periodistas, “sin proponer alternativas de garantía presupuestaria para la rápida y eficaz implementación de las medidas de protección a quienes enfrentan graves riesgos para su vida e integridad por ejercer la libertad de expresión o el derecho a defender derechos humanos”.
De acuerdo con el último reporte del Consejo Ciudadano de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, mil 304 personas, de las cuales 418 son periodistas y 886 defensoras, cuentan con medidas de seguridad.
En cuanto al FAARI resaltaron que “cualquier reforma al mismo debería realizarse con la efectiva participación de las víctimas, evitando cualquier riesgo de desprotección a las mismas y partiendo del diagnóstico sobre los problemas que existan actualmente en relación con la garantía de los derechos de las víctimas y la forma de abordarlos”.
La ONU-DH, CNDH y FMDPDH recordaron la obligación del Estado mexicano de “garantizar la atención a las víctimas del delito y las violaciones a derechos humanos, así como la reparación integral del daño a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos”.
Los organismos que firmaron el pronunciamiento recordaron que en México defensores y periodistas “enfrentan una situación de riesgo por la marcada violencia y las amenazas”, tanto que el Observatorio de Asesinatos de Periodistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha colocado al país como el segundo en el mundo con mayor número de periodistas asesinados, después de Irak.
De acuerdo con las cifras de la UNESCO de los 96 asesinatos de periodistas registrados entre 2019 y 2020, 18 ocurrieron en México, en tanto que la ONU-DH contabilizó 20 homicidios y dos desapariciones de personas defensoras de derechos humanos, y en este año ha documentado el asesinato de otras siete.
La situación del riesgo para ejercer el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión “han sido objeto de atención prioritaria por parte de los organismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional”, así reflejada en las 425 recomendaciones hechas a México por 27 organismos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en esa materia.
Durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2018, los países que participaron realizaron 21 recomendaciones a México relacionadas con el Mecanismo de Protección, “17 de ellas relacionadas con la necesidad de dotar al mismo de los recursos adecuados para garantizar su eficacia”.
Los organismos firmantes y la ONU-DH resaltaron que “la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, elaborada con participación de la sociedad civil, ha sido la principal respuesta institucional a esta situación de violencia y constituye un marco normativo para que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger, promover y garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos en México”.
Al recordar que el Fondo para la Protección “ha demostrado ser un instrumento útil para contribuir a la rápida implementación de las medidas de protección en casos de extrema urgencia en todo el país”, la CNDH y la ONU-DH destacaron la alerta expresada en días pasados previos a la decisión legislativa de “la necesidad de garantizar la rapidez, flexibilidad y adaptación a las circunstancias de cada caso en la decisión e implementación de las medidas de protección”.
La ONU-DH, CNDH y la FMOPDH urgieron a “garantizar los derechos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos hasta el máximo uso de recursos disponibles para que cualquier reforma en el marco legal garantice que mantenga o fortalezcan estas características”.
Consideraron preocupante que frente a la eliminación del fideicomiso del Fondo para la Protección no se haya acompañado de una alternativa rápida y eficaz para la implementación de las medias de protección.
“Las instituciones firmantes de este pronunciamiento comparten estas consideraciones para contribuir al profundo análisis que corresponde realizar al Senado de la República sobre la minuta aprobada en la Cámara de Diputados, que se beneficiaría con la convocatoria de una participación amplia en el proceso del dictamen, hacia el objetivo compartido de valorar y prevenir posibles consecuencias negativas sobre la vigencia y protección efectiva de los derechos humanos”, concluyeron ONU-DH y organismos.(APRO)
