Los ánimos del Movimiento de Regeneración Nacional por controlar los órganos autónomos se han replicado en Oaxaca, donde el diputado Horacio Sosa Villavicencio pretende, desde el Congreso, poner fin a la trayectoria del Instituto de Acceso a la Información Pública para sustituirlo por un órgano acorde con la 4T; esta iniciativa, advierte el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Francisco Acuña, pone en riesgo la integralidad del sistema nacional y es un ataque a la transparencia “innecesario”, “autoritario”, “ocioso”
“El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos en Oaxaca aún se ve como un organismo al que se puede llenar de recomendados o alfiles que sirven a los diversos partidos políticos y presumo, algo parecido debe ocurrir en otras entidades, su autonomía es muy relativa o está detrás una larga carga autoritaria, más aún hoy cuando el Congreso oaxaqueño pretende apoderarse de esta institución”
Benjamín Fernández Pichardo
director general de El Imparcial y Real Politik
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
“Ociosa”, “innecesaria”, “potencialmente peligrosa”, así es la iniciativa que presentó el pasado 18 de mayo el diputado Horacio Sosa Villavicencio para desaparecer el Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAIP). Los adjetivos vienen del presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Francisco Acuña, que transformó una celebración en un llamado a los diputados locales para que eviten poner en riesgo al sistema nacional de transparencia.
El pasado jueves 1 de octubre, Acuña Llamas participó en la presentación del libro La agenda democrática del Grupo Oaxaca: balance y futuro, una obra que reconoce el trabajo que diversos personajes de la academia, el periodismo y la sociedad impulsaron en el año 2001 para lograr que México se volviera un país referencia en materia de acceso a la información pública. Junto a él estuvo el director general del periódico El Imparcial y de Real Politik, Benjamín Fernández Pichardo, el periodista exdirector de El Universal, Luis Javier Solana, ambos impulsores del grupo que tomó el nombre del estado para impulsar la primera ley de transparencia del país.
Tras reconocer los avances que se han generado desde la sociedad civil para limitar el poder cuasi absoluto de los presidentes, Acuña hizo una pausa para denunciar el escenario de riesgo que se está desarrollando en Oaxaca.
“Me preocupa mucho el porvenir del derecho al acceso a la información pública en Oaxaca, estoy atento, para actuar en mis condiciones, como lo hicimos respecto de Chiapas, donde ha sido amenazada la condición de perdurabilidad del órgano garante. Me preocupa una iniciativa innecesaria, inconveniente por ociosa y potencialmente perjudicial, que se ha planteado en el Congreso libre y soberano de Oaxaca y que amenaza al sistema nacional de transparencia en su integralidad, espero que los diputados de Oaxaca que tienen muchos problemas que resolver para ese estado tan rico, tengan muchas más cosas que hacer que resolver una mala iniciativa que solo vendría a estropear el brío que ha logrado el órgano garante de Oaxaca”, expresó Acuña.
La iniciativa a la que se refiere es la que presentó el diputado Sosa Villavicencio, la Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, un nuevo órgano garante que implicaría la desaparición del IAIP. Implicaría empezar de cero. Desconocer los avances logrados y perfilar un órgano a modo de los diputados.
“Oaxaca fue quizá el último estado que construyó su normativa y su organismo garante de acceso a la información pública, no puede ser que Oaxaca ahora que ya tiene ese organismo, que además va a acompañado con el fruto de aquel histórico momento de 2001-2002 venga ahora a tener titubeos, incluso una peligrosa regresión”, señaló Acuña.
La intención, agregó, es clara, imponer nuevos comisionados afines al partido mayoritario en el Congreso del Estado, Morena. “La intención es evidente, la institución está incompleta, mejor que se ocupen en nombrar al comisionado que falta, que bueno que lo hicieran, tantos problemas que hay en Oaxaca en lugar de estar buscando soluciones exóticas como nombrar comisionados adicionales o renovar el pleno”, agregó.
Acuña Llamas advirtió que el INAI ha actuado, incluso con un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, para impedir que otras entidades generen iniciativas que pretenden interrumpir la existencia de órganos garantes de transparencia y, en el caso de Oaxaca, también vigilará que el actuar legislativo no implique riesgos para la democracia.
UN ÓRGANO DE CUOTAS: FERNÁNDEZ PICHARDO
Para el director general del periódico El Imparcial y Real Politik, Benjamín Fernández Pichardo, es imprescindible analizar nuevamente la historia de la lucha por la transparencia que se ha gestado desde Oaxaca, un estado primordial, para lograr que el país iniciara el camino para defender legalmente el derecho al acceso a la información pública.
Hoy, sin embargo, apuntó, la discusión central más allá de si debe desaparecer o no el órgano garante, es cómo evitar que siga siendo una institución cooptada ya sea por el gobernador o por los diputados.
“El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos en Oaxaca aún se ve como un organismo al que se puede llenar de recomendados o alfiles que sirven a los diversos partidos políticos y presumo, algo parecido debe ocurrir en otras entidades, su autonomía es muy relativa o está detrás una larga carga autoritaria, más aún hoy cuando el Congreso oaxaqueño pretende apoderarse de esta institución”, expresó.
Fernández Pichardo, director general de El Imparcial, desde 1985, fue uno de los principales artífices del Grupo Oaxaca. En 2001, como presidente de la Asociación Mexicana de Editores, movilizó la participación de integrantes de más de cien periódicos de los estados para comenzar el análisis nacional de los recursos necesarios para defender el derecho al acceso a la información. Esos esfuerzos se transformaron en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 2002.
El Grupo Oaxaca se formó en mayo de 2001 tras el seminario Derecho a la información y reforma democrática, realizado en la ciudad de Oaxaca a convocatoria de El Imparcial y la AME. El propósito, señala el periodista, fue uno solo: Hacer realidad el derecho a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, acabar con la opacidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “Al finalizar el evento se suscribió la declaración Oaxaca, en la que se formularon las propuestas generales, las conclusiones del seminario y diversas inquietudes, fue un primer intento ciudadano y el esbozo de lo que sería después una iniciativa de ley de transparencia y acceso a la información”, relató.
Tras la formación de la iniciativa, la AME junto con especialistas como el jurista Ernesto Villanueva y el periodista Luis Javier Solana recorrieron todo el país y cabildearon en la Cámara de Diputados federal para promover esta iniciativa de ley. Su aprobación intentó ser un triunfo robado.
“La aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada por el expresidente Vicente Fox en 2002 se quiso maquillar como un logro gubernamental, nada más falso, en una reunión que los editores de la AME sostuvimos en Los Pinos rechazamos tajantemente dicha apreciación, fue un logro de la sociedad civil. Al día siguiente 20 periódicos de la AME publicaron como principal ‘Miente usted señor presidente’”, expresó Fernández Pichardo.
FOX, EL OPOSITOR
La agenda democrática del Grupo Oaxaca: balance y futuro recupera el análisis y experiencia de diversos integrantes de la comisión técnica del Grupo Oaxaca que impulsó la ley de transparencia federal en 2001. Estos testimonios encuentran una fuerte coincidencia: Vicente Fox, el presidente surgido de la alternancia democrática, el hombre “que sacó al PRI de Los Pinos” y con el que se esperaba poner fin al autoritarismo antidemocrático, fue un opositor de la sociedad civil y de la transparencia.
Juan Francisco Escobedo, coordinador editorial del libro, recuerda que la actitud del presidente y de sus principales colaboradores ante el despliegue del Grupo Oaxaca fue desdeñosa e incluso tuvo desplantes de intolerancia.
Ante la demanda del Grupo Oaxaca, que integraba a 76 periódicos del país además de académicos y organizaciones de la sociedad civil, el presidente ordenó a sus funcionarios elaborar un proyecto de ley.
“El gobierno de Fox le encargó al secretario de la Contraloría, que en esa época era Francisco Barrio, la redacción de un proyecto. Y hacen un bodrio que lo cuestionamos, y después lo retiran. Luego le pasaron la estafeta al secretario de Gobernación que era Santiago Creel. Cuando nos dimos cuenta que el gobierno está trabajando en su proyecto, es cuando decidimos elaborar una iniciativa de ley propia”, relata Escobedo.
El primer gobierno panista, agrega, destacó por su “miopía, mediocridad y falta de prestancia, estos tres rasgos se combinaron en el presidente y su gobierno en relación con la agenda del derecho de acceso a la información”.
Mayor apoyo se encontró en representantes de los partidos en la Cámara de Diputados federal, entre ellos Martí Batres, por parte del PRD; Felipe Calderón, entonces coordinador de la bancada albiazul; y Beatriz Paredes, la líder de los legisladores priistas. Los acuerdos con los diputados permitieron que “por primera vez en la historia moderna del parlamentarismo mexicano en su escala federal, una propuesta ciudadana se convertiría en iniciativa de ley sin que se le tuviese que cambiar una sola letra al texto original”.
