La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicita a la Fiscalía General del Estado informe sobre los avances en la investigación del asesinato del dirigente regional del FPR, Tomás Martínez Pinacho; la dependencia guarda silencio
Miguel Ángel SCHULTZ
Ante la escalada de asesinatos de dirigentes sociales en Oaxaca organizaciones se movilizaron el pasado fin de semana para demandar castigo a los responsables de los crímenes cometidos en contra de luchadores sociales.
Aseguraron que estos asesinatos son un claro mensaje de advertencias para que no se sigan reivindicando demandas de interés popular, pero en caso que no sean aclarados estos crímenes, representa que en Oaxaca existe un Estado Fallido, señalaron representantes del Frente Popular Revolucionario (FPR).
Al cumplirse un mes del asesinato de Tomás Martínez Pinacho, dirigente regional del FPR, la dirigencia estatal de esa organización se ha acogido a las medidas cautelares dictadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO)
En la conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones del organismo, representantes del FPR exigieron el esclarecimiento del asesinato de Tomás Martínez, ocurrido hace un mes.
Advirtieron que de continuar esta escalada de violencia y de crímenes no aclarados, se demuestra que estamos ante un Estado cómplice del crimen organizado.
Hicieron referencia al surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que surgió en el 2006, ante la envestida del gobierno de Ulises Ruiz, por la serie de asesinatos que su gobierno cometió.
En tanto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) también pidió el esclarecimiento del asesinato del dirigente del FPR, así como de las agresiones cometidas en contra de activistas y personas defensoras de derechos humanos, pues ello, además de garantizar justicia a las propias víctimas, permitirá hacer factible el derecho a la memoria y a la verdad de nuestra sociedad.
El organismo autónomo pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado informe respecto al número de carpeta iniciada por el fallecimiento de Tomás Martínez Pinacho, y las lesiones causadas al ciudadano Reginaldo García, así como las diligencias practicadas en estos hechos.
El posicionamiento del organismo se dio a conocer a través de un comunicado de prensa.
“En términos del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Defensoría de los Derechos Humanos requirió a la Fiscalía la adopción de medidas de protección idóneas tendientes a garantizar la integridad de las víctimas del delito, de sus familiares, así como de los integrantes de la Organización Frente Popular Revolucionario (FPR)”, dice el comunicado.
De este hecho hasta el jueves 24 de septiembre, el Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez no había informado del avance en las instigaciones.
Este crimen se hizo del conocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un reportero que lo inquirió si sabía de los crímenes de luchadores sociales en Oaxaca, a lo que el mandatario respondió que estaba enterado de este asesinato.
A su vez la 64 Legislatura del Congreso del Estado en su sesión del 26 de agosto a través del diputado Horacio Sosa Villavicencio, coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena, aprobó el punto de acuerdo en el que solicitan a la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso por la “inacción” y “negligencia” del fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, del asesinato de Tomás Martínez Pinacho, así como de otros 23 militantes y simpatizantes de Morena, crímenes cometidos de enero de 2015 a la fecha, sin que hasta el momento existan resultados.
A un mes del crimen de Tomás Martínez Pinacho, ocurrido la tarde del 24 de agosto, no hay ninguna persona detenida por la muerte de quien fuera también fundador, en 1993, de la Unión de Campesinos Pobres y militante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Martínez Pinacho se convirtió en regidor de Desarrollo Rural luego de que fuera candidato a la presidencia municipal de Miahuatlán por el Partido Unidad Popular (PUP), en los pasados comicios de 2018, al no alcanzar el triunfo electoral frente a Genaro Hernández Jiménez, quien se reeligió.
Tres meses antes, el 24 de mayo fue ejecutado en pleno centro de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miguel Ángel Brena Ramos, considerado mano derecha del regidor de Desarrollo Rural del ayuntamiento de Miahuatlán,
Tomás Martínez Pinacho fue un ferviente opositor a las mineras, así como también a la protección de la naturaleza y de los bosques de la Sierra Sur, que están siendo devastados por la actividad de talamontes.
Asimismo, se opuso a la construcción del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 13, situado en la población de Mengolí, Miahuatlán, que es considerado unos de los más violentos del país, por las frecuentes riñas que ahí se registran.
