La organización Artículo 19 señala las constantes descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los principales detonantes de las agresiones contra los periodistas en el país; todo apunta que en 2020 se batirá un nuevo récord de violencia contra comunicadores, advierte
Elías CAMHAJI
La violencia no da tregua a los periodistas en México. El país latinoamericano registró 406 agresiones contra la prensa durante los primeros seis meses de este año, al ritmo de un ataque cada 11 horas, según un informe publicado el lunes por la organización Artículo 19. Se trata de un aumento del 45% en comparación con el primer semestre de 2019, que ya fue de por sí el año más violento para los miembros de los medios de comunicación en la última década, con 609 periodistas agredidos.
En México no solo es patente el fracaso del Estado en el esclarecimiento de los crímenes, la protección de derechos básicos como la libertad de expresión y la ola de violencia que azota al país desde hace casi 15 años, sino que además la mitad de los ataques fueron cometidos por funcionarios públicos de todos los niveles de Gobierno. “Hemos visto cómo las intimidaciones y campañas de desprestigio empiezan en las conferencias mañaneras del presidente y se replican por otros miembros de su Gobierno o en los estados y municipios”, afirma Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.
“Nos enoja y nos preocupa que siga pasando lo mismo en este país, sobre todo en este Estado, convulsionado por las agresiones a periodistas que no han parado sin importar quién gobierne”, dijo el miércoles pasado Raúl Arroniz, director de El Mundo de Córdoba, apenas unas horas después de que uno de sus reporteros, Julio Valdivia, fuera hallado decapitado en Tezonapa, en los límites entre los Estados de Veracruz y Oaxaca. Menos de 48 horas después del asesinato de Valdivia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador llamaba “pasquín inmundo” al periódico Reforma, en el enésimo enfrentamiento con la prensa crítica a su Gobierno.
La secuencia de eventos de la semana pasada no es un tema menor. El informe no solo documenta las amenazas de muerte, las agresiones físicas y el hostigamiento, además refleja cómo “el clima de hostilidad desde la tribuna presidencial” se ha traducido ya en uno de los principales detonantes de los ataques contra la prensa, en palabras de Maldonado. Entre enero y junio hubo 45 ataques perpetrados por funcionarios del Gobierno federal, alrededor de tres veces más de los que se registraron en ese periodo el año pasado.
Ser periodista en México, sobre todo en las regiones, implica ser amenazado, amedrentado y perseguido. Todo esto pasa sin que haya consecuencias, en un país en el que el 99% de los delitos contra la prensa quedan impunes, según la organización. “Se manda un mensaje desde las fiscalías de que si se agrede a un periodista nada va a suceder en términos de una sanción penal”, señala Maldonado, en una espiral que se agrava ante la ausencia de una política integral para la prevención y atención de estos delitos.
La doble estrategia de denostar a la prensa desde las tribunas del poder y amedrentarla por debajo de la mesa queda patente, por ejemplo, en Puebla, gobernada por Miguel Barbosa, también de Morena, el partido del presidente. Al tiempo que rechaza preguntas incómodas de los medios que le cuestionan, más de la mitad de las agresiones contra la prensa fueron cometidas por trabajadores de su Estado, uno de los cinco que concentran más del 50% de las agresiones, junto a Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. En un año, Puebla pasó de ser el décimo al segundo estado más hostil contra la prensa, solo detrás de la capital.
El caso de Veracruz ha ocupado recientemente las portadas de los diarios del país, al registrar dos de los cuatro homicidios de periodistas de este año: el de Valdivia y el de la periodista María Elena Ferral, asesinada a tiros en marzo pasado. “Tenemos unas autoridades que vienen de la lucha social, pero que ahora que están en el Gobierno no están haciendo nada diferente a sus antecesores y se queja igual que todos cuando es sometido al escrutinio público”, comenta Ana Laura Pérez, directora de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas. “El brutal asesinato de Julio Valdivia afianza el estatus de Veracruz no solo como el estado más violento para los periodistas en México, sino como la región más mortal para los periodistas en todo el continente”, aseguró Jan Albert Hootsen, el representante en el país del Comité para la Protección de los Periodistas.
La pandemia del coronavirus y el confinamiento también han impactado en las cifras. Por un lado, han abonado a la precariedad laboral y a las difíciles condiciones de trabajo, que dejan aún más expuestos a los reporteros en las zonas más inseguras, como Veracruz, asolado por las disputas de grupos delictivos y que ponen un blanco a quien afecte sus intereses, apunta Pérez. Por el otro, el seguimiento informativo del manejo gubernamental de la epidemia ha aumentado las tensiones una relación de por sí desgastada, con 68 ataques directamente vinculados a la cobertura de la covid-19.
Los cuatro periodistas asesinados en 2020 contrastan con los 10 que hubo el año pasado, pero no hay visos de que las condiciones de trabajo de la prensa hayan mejorado en el terreno, advierte la organización. “En este continuum de agresiones, la intención es amedrentar para censurar y la tendencia claramente va en ascenso”, sentencia Maldonado. En solo seis meses ya se ha superado el número de ataques de 2020 y ha superado todos los que hubo en 2015. Si se mantiene este ritmo, todo apunta a que se batirá un nuevo récord de violencia.
