Oaxaca está en cero en materia de búsqueda de personas desaparecidas: no solo no ha instalado la comisión local que por ley debió haberse creado desde 2019, sino que el gobierno estatal ha ocultado información que permita conocer la magnitud de este problema; la omisión tanto del secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud como del fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez pueden generar una tragedia en el estado, advierte el Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
“Lo que vemos es que se juega con la cifra para decir que en Oaxaca no sucede o que no es un fenómeno que afecte a la entidad, eso es una actitud bastante peligrosa, la experiencia nos ha enseñado que cuando los gobiernos toman la postura defensiva de que ‘en mi estado eso no ocurre o son casos excepcionales’ tiempo después estamos frente a una tragedia”
Humberto Guerrero
integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
A casi dos años de que iniciara en México la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el gobierno de Oaxaca se mantiene en la ilegalidad al no haber avanzado en la conformación de la comisión estatal ni haber generado mecanismos para la búsqueda de víctimas de desaparición. Ninguna autoridad, ni el secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, ni el fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez, han asumido la responsabilidad que les corresponde en atacar un crimen que afecta a entre 500 y 1,000 personas en el estado. Estos funcionarios se han negado a atender incluso el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para generar un nuevo pacto político que permita avanzar en la resolución de esta crisis nacional.
De acuerdo con el Registro Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación, tan solo en lo que va del actual sexenio estatal han desaparecido 997 personas, 72 de las cuales se mantienen como no localizadas. Entre las 925 que fueron localizadas, 27 fueron encontradas sin vida. Estas cifras, sin embargo, son imprecisas y podrían ser mucho mayores.
“Si bien Oaxaca no aparece en los primeros lugares en el tema de desaparición, lo que notamos es cierta resistencia del gobierno a reconocer si en Oaxaca hay o no un fenómeno de desaparición, un poco lo que vemos es que se juega con la cifra para decir que en Oaxaca no sucede o que no es un fenómeno que afecte a la entidad, eso es una actitud bastante peligrosa, la experiencia nos ha enseñado que cuando los gobiernos toman la postura defensiva de que ‘en mi estado eso no ocurre o son casos excepcionales’ tiempo después estamos frente a una tragedia”, advierte Humberto Guerrero, integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.
El más reciente informe del Consejo Ciudadano, Balance sobre la puesta en marcha de las comisiones de búsqueda 2019 da cuenta de que 26 entidades presentan avances aún mínimos respecto a la creación de las comisiones locales de búsqueda. Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Querétaro y San Luis Potosí son los estados que tienen mayor avance en las tareas que implica la búsqueda institucional de personas desaparecidas, tales como constituir las comisiones, nombrar a un titular, tener una unidad de información y análisis, contar con equipamiento básico y generar mecanismos de participación para familiares de víctimas. Oaxaca está en el otro extremo, en ceros, no hay comisión y la dependencia encargada de asumir las responsabilidades, la Secretaría General de Gobierno, se negó a aportar información.
“No obtuvimos respuesta. Lo que observamos en Oaxaca es que el nombramiento del titular de la comisión debía proponerlo el titular del Ejecutivo e incurrió en omisión, tuvo que venir una reforma a la ley para que el Congreso hiciera el nombramiento. No tenemos mucha información sobre qué motivó la omisión del Ejecutivo, pero nos preocupa que sea motivada por desinterés en el tema”, señala Guerrero.
DILACIÓN, ILEGALIDAD
El 12 de octubre de 2017 la Cámara de Diputados federal aprobó la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual fue publicada el 17 de noviembre de ese año en el Diario Oficial de la Federación. 90 días después deberían haber iniciado operaciones las comisiones locales. Eso no ocurrió.
En Oaxaca fue hasta el 12 de septiembre de 2019, casi dos años después, cuando el Congreso del Estado aprobó la Ley en materia de desaparición de personas para el estado de Oaxaca, que sin embargo fue publicada en el Periódico Oficial hasta el 15 de noviembre. A partir de entonces, se otorgaron 90 días para la instalación de la comisión estatal de búsqueda. El plazo venció desde el 13 de febrero sin que el gobernador Alejandro Murat propusiera una terna de candidatos a presidir la comisión local.
Un mes después, el domingo 24 de marzo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador reinstaló oficialmente el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el propósito de iniciar los trabajos para conocer el paradero de 46 mil personas no localizadas.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, acusó que la Comisión Nacional de Búsqueda se instaló por primera vez en octubre del 2018, sin embargo “fue una gran simulación”. En el país, señaló Encinas, se habían instalado 13 comisiones estatales y restaban 19, entre ellas la de Oaxaca. En el estado ni si quiera hubo simulación.
“A nosotros desde el 9 de febrero (de 2019), en una reunión, la comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, nos informó que Oaxaca está en una falta legislativa, que es el término que utilizó precisamente por la dilación con la que ha actuado al no apegarse a los lineamientos de la conformación de la comisión local.
“Posteriormente, el 24 de marzo, ella, con mucha esperanza, en la reinstalación de la Comisión Nacional nos dijo que sería un parteaguas, que era un pacto político al cual estaban convocados gobernadores, secretarios generales de gobierno y fiscales, en esa reunión ningún funcionario de Oaxaca estuvo presente”, señala Lukas Avendaño, hermano de Bruno Avendaño, soldado de la Marina que fue desaparecido en el Istmo de Tehuantepec desde el 10 de mayo de 2018.
Ante la inacción de las autoridades estatales, el pasado 4 de septiembre se publicó en el Periódico Oficial de Oaxaca la reforma al artículo 34 de la ley de desaparición de personas para establecer que en caso de que el Ejecutivo no emita la convocatoria para nombrar al titular de la comisión, la Junta de Coordinación Política o la comisión de Administración de Justicia podrán tomar esta atribución.
Esta reforma, sin embargo, abre un nuevo plazo para que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa postergue la emisión de la convocatoria, por lo que Oaxaca podría concluir 2020 sin una comisión de búsqueda de personas desparecidas.
4T, LAS COSAS NO AVANZAN
Lukas Avendaño ha denunciado la desaparición de su hermano Bruno desde el 10 de mayo de 2018, cuando fue visto por última vez en el Istmo de Tehuantepec. Ha solicitado audiencias con el gobernador Murat Hinojosa, con el fiscal Rubén Vasconcelos y con el titular de la Segego, Héctor Anuar Mafud Mafud, nadie lo ha recibido. Ha expuesto su caso en diversas embajadas y consulados en España, Estados Unidos, Suiza y Alemania, entre otros países. La llegada del gobierno de la Cuarta Transformación ha significado solo la suma de nuevos funcionarios a los que ha expuesto este caso de desaparición forzada. En la lista está incluso Andrés Manuel López Obrador.
Pese a haber sido desaparecido, la Secretaría de Marina trató de deslindarse de la relación laboral con Bruno debido a una “ausencia injustificada”. Así se lo hizo saber al presidente.
“El 23 de diciembre, el presidente viene a Salina Cruz a dar el banderazo del Interoceánico, yo me voy al astillero de Marina y cuando termina su acto protocolario me acerco y casi casi le grito para ser escuchado, le explico someramente todo lo que estamos pasando por el caso de Bruno, le hago saber que causó baja de la Marina, el presidente me escucha, me remite al personal inmediato que viene con él vestido de blanco, yo no sabía que era él el secretario de Marina, le explico nuevamente, le entrego un documento, inocentemente pienso que esto va a detener el proceso de baja, pero no”. Solo un amparo laboral impidió que la Semar se deslindara de su relación con Bruno.
Lukas le hizo saber el caso también a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y, personalmente, al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, “dijo sí, vamos a poner mucha atención, pero nada”, expresa Lukas.
La Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos son otras de las instancias en las que ha buscado apoyo, ninguna ha funcionado.
VASCONCELOS, INERME
En la omisión para atender a víctimas de desaparición, el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez ha jugado también un papel central, pues no solo ha incumplido con las leyes general y estatal en materia de desaparición, sino que incluso ha ocultado información a familiares de las víctimas.
Además de la ley general, el artículo 53 de la legislación estatal establece que se debe crear una Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, la cual aún no existe.
“Es urgente que la comisión local de búsqueda se instale porque las víctimas de desaparición se mantienen en estado de indefensión frente a una Fiscalía que permanece inerme. Tenemos un fiscal que permanentemente intenta manipular o maquillar los problemas reales”, denuncia Yésica Sánchez Maya, coordinadora de la ONG Consorcio para el Diálogo Parlamentario.
Con base en información publicada en medios de comunicación, esta organización ha elaborado una base de datos en la cual se contabilizan al menos 900 mujeres que han sido desaparecidas durante el actual sexenio.
En la Fiscalía, señala la activista, lo que han encontrado además de ocultamiento de información es “maltrato hacia las familias de las víctimas. Detectamos irregularidades en el actuar del fiscal, hay una intención de que no se sepa la verdad. Han puesto a las familias en una disyuntiva de ‘o judicializamos el caso o las encontramos’, eso genera confusión en las familias, se pierde tiempo para la búsqueda y localización, pero se gana tiempo para generar vicios que luego ponen en riesgo la judicialización.
“El problema que enfrentamos es que se les pregunta a las víctimas ‘¿priorizo la búsqueda o priorizo detener a los responsables’, esa pregunta no tiene que hacerse, se debe actuar en paralelo, después no logran ni una cosa ni la otra y responsabilizan a las familias”, señala.
