El inicio del proceso penal en contra de mandos y policías ministeriales implicados en la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), lleva directamente al exgobernador de Oaxaca, quien en 2006 enfrentó una de las más graves revueltas sociales en la historia del estado; en su momento la organización guerrillera dio a conocer detalles de la desaparición, tortura y ubicación de sus miembros. Ahora, el curso de la investigación toma otro camino
“Como siempre, los más afectados somos nosotros, los elementos, que acatamos órdenes habladas, casi nunca por escrito, como si hubiéramos actuado en ese año solos… en esos supuestos atropellos, aquí los que más sufren son nuestras familias de los compañeros detenidos, porque el sistema se lava las manos y nos deja a la deriva”
Agentes Estatales de Investigaciones
Yolanda PEACH
El inicio del proceso penal en contra de seis implicados en la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) cambia drásticamente la hipótesis de que se trató de un Crimen de Estado. Todo apunta al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
El juez federal que lleva el caso declaró formalmente presos a un ex director de la extinta Policía Ministerial, dos comandantes regionales, un jefe de grupo y dos elementos de esta corporación, por el delito de desaparición forzada, quienes, en esa época, tras la revuelta del movimiento social del 2006, se encargaban de “limpiar” a los “alborotadores”.
El paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es un misterio sin resolver. Aunque en un principio se acusó directamente al Ejército Mexicano, como resultado de investigaciones tácticas federales, el proceso que inicia contra policías estatales le da un giro a la historia.
La efervescencia de la sublevación popular que vivió Oaxaca en el 2006 en contra de Ulises Ruiz Ortiz y sus intentos tácticos por reprimir el movimiento pudieron llevar al gobernante a transitar en un camino inexorable.
Familiares, abogados y activistas por los derechos humanos exigen que, por este caso, sea investigado y enjuiciado también el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien tendría la respuesta a dónde se encuentran o qué pasó con los dos eperristas.
“No se trata de delincuencia organizada, se trata de un problema político que el Gobierno del Estado en ese entonces encabezado por Ulises Ruiz Ortiz no pudo y tuvo que ordenar al fiscal que en ese entonces dependía de él para actuar así en contra de estos dos supuestos eperristas desaparecidos”
Agentes Estatales de Investigaciones
VIVIR EN LA CLANDESTINIDAD
La única fotografía que se conoce de Gabriel, es tamaño infantil, difundida por el EPR al exigir su presentación.
Gabriel Alberto Cruz Sánchez nació el 24 de marzo de 1952 en la capital oaxaqueña. Es el séptimo de nueve hermanos.
En el movimiento del 68, se crearon, en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, los comités de lucha. Los estudiantes se fueron a huelgas y movilizaciones en solidaridad con el movimiento en la capital del país.
Se fundó la Coalición Obrero Campesina y Estudiantil de Oaxaca (COCEO). Se organizaron brigadas que formaron sindicatos e impulsaron movimientos campesinos y populares.
Gabriel, quien en esas fechas terminaba la preparatoria en el turno vespertino, y su hermano mayor, Tiburcio, en la Facultad de Derecho, se unieron a las brigadas que se extendieron a la Costa, al Istmo y a la Cuenca del Papaloápam.
En 1971, Gabriel es recluido en la cárcel de Ixcotel, acusado del secuestro del priista Sadot Sánchez Carreño. Su liberación fue negociada junto con la autonomía de la UABJO.
Ese mismo año, se despidió de su hermana menor. “Voy a salir, cuida a mamá y a papá”. Es la última vez que su familia lo vio.
Lo último que se sabe de Gabriel, es en 1972, cuando con su hermano Tiburcio, se reunió con dirigentes del Bufete Popular Universitario. Ambos vivían en la clandestinidad.
Su vocación la pagó la familia. En esa década, elementos de la Dirección Federal de Seguridad catearon la casa, vaciaron cajones, descolgaron retratos de las paredes y se llevaron cualquier documento que pudiera aportar algún dato sobre el paradero o la personalidad de los hermanos Tiburcio y Gabriel Alberto.
“No quedó una fotografía, una boleta de calificaciones o unos apuntes escolares (…) Entraban y cateaban la casa, vaciaban los cajones, inspeccionaban cada rincón, se llevaban todo. No quedó ni una foto de él. Nos ponían la pistola en la cabeza, a mi hermano pequeño le tocó la represión muy dura”, contó Margarita hace algunos años.
La casa familiar de Santos Degollado 104 en el Centro Histórico permaneció vigilada. Francisco, el menor de los hermanos, fue secuestrado seis días y torturado a los 13 años. Un hermano mayor, Casto Eugenio, fue desaparecido en la Ciudad de México, torturado y retenido en el Campo Militar Número Uno.
El periodista Raymundo Riva Palacio reveló que, en fichas de los servicios de seguridad nacional, se les clasificó como “familia vinculada con la subversión”.
Las investigaciones federales asumían que, el mayor de los hermanos, Tiburcio, asumió el nombre de Francisco Cerezo Quiroz y se convirtió en el dirigente fundador del EPR.
Se casó con Florencia Canseco Ruiz, con quien tuvo cinco hijos: Francisco, Emiliana, Héctor, Antonio y Alejandro, a quienes registraron con los apellidos Cerezo Contreras. Información que los cinco jóvenes, quienes fundaron la Organización Cerezo, nunca han admitido.
En tanto Gabriel, en la guerrilla tomó el nombre de Raymundo Ribera Bravo y es todo lo que se sabía de él.
UNA VIDA PARALELA
Sobre Edmundo Reyes Amaya, seguridad nacional no tenía idea de su existencia.
Nació el 10 de noviembre de 1949 en San Pablo Huixtepec. El mayor de 10 hermanos. Concluyó el segundo de secundaria.
Su padre era campesino. Sembraba maíz, fríjol, sandías y chiles en terrenos ejidales. Edmundo lo ayudó hasta los 16 años, que se fue a la ciudad de Oaxaca a trabajar como chalán en algunas fábricas.
Como obrero en la fábrica de triplay en la ciudad de Oaxaca ganaba poco. Comenzó con la venta de ropa en poblaciones y después, la venta de comida en escuelas.
En 1966 se fue a vivir a México. Trabajó como albañil y obrero. Aparentemente ajeno al movimiento del 68. Contrajo matrimonio y tuvo dos hijos: Héctor y Nadín.
Primero instaló un puesto de memelitas y quesadillas afuera de su casa, después puso la tienda de abarrotes “Lalito”, en la colonia Pavón.
Hasta antes de su desaparición, Edmundo pasaba las 24 horas en casa. Abría la tienda, a mediodía iba a las abarroteras de la zona por costales de azúcar, arroz, comida de perro, sopas de pasta, cremas y quesos. Meses antes compró un diablito con el que se ahorraba los 30 pesos del taxi. Sólo lo perdían de vista cuando iba a visitar a su familia.
El 23 de mayo de 2007, salió en autobús por la noche rumbo a Oaxaca y avisó a su familia que volvería el 30. “Como de costumbre ya que viajaba cada mes o tres meses a Oaxaca para visitar a su mamá”, contó Nadín por esas fechas.
No volvió. Al inicio se angustiaron en su casa. Su teléfono no enlazaba, en la casa paterna les avisaron que nunca llegó.
Al revisar los periódicos, el 4 de junio, leen que el Ejército Popular Revolucionario lo reconocía como integrante, “en ese momento todo fue turbio y confuso para mi familia y para mí, nos angustiamos demasiado cuando vimos que este grupo lo reivindicaba y reconocía como uno de sus miembros, (…) nos llenó de miedo, quedándonos como en estado de shock, sin saber qué hacer”, publicó Nadín.
“Entre tu papá y yo no había secretos, lo agarraron por equivocación”, le dijo su madre Lucina Maldonado cuando el EPR lo reivindicó como uno de sus miembros y demandó su presentación con vida.
Jamás les habló del EPR, ni de Gabriel Alberto o Raymundo Ribera Bravo.
RECLAMO INUSUAL
La desaparición de un ex líder estudiantil de Oaxaca y un abarrotero de Ciudad Nezahualcóyotl provocó pérdidas por más de 10 millones de pesos al país.
El Ejército Popular Revolucionario los reivindicó como sus militantes y se adjudicó los atentados contra ductos de Petróleos Mexicanos en 2007 para exigir que fueran entregados con vida.
El 18 de junio de 2007, en la reunión del gabinete de Seguridad Nacional en Los Pinos, el presidente Felipe Calderón recibió un informe del Cisen, El EPR intensificó de manera insólita el número de comunicados a la opinión pública para exigir la presentación de sus miembros secuestrados el 25 de mayo, 10 comunicados que aseguraban que fueron detenidos en una “acción fortuita” de la policía de Oaxaca y eran torturados por las autoridades federales.
El periodista Raymundo Riva Palacio publicó en esas fechas que Gabriel era una pieza clave dentro de la organización guerrillera. Era el enlace personal entre las tres familias que controlan y dirigen el EPR: los Canseco Ruiz, los Cruz Sánchez y los Círigo Vásquez.
Los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública y Defensa, el procurador General de la Republica y el director del Cisen, negaron ante el presidente tenerlos detenidos. La hipótesis es que el gobernador Ulises Ruiz o algún subalterno los tuviera detenidos.
En distintos comunicados, el EPR aclaró que sus militantes realizaban al interior de la APPO un trabajo político pacífico, principalmente de redacción de análisis que distribuían entre el movimiento.
“La detención de funcionarios y ex funcionarios del Estado de Oaxaca es solo una parte del entramado que representa la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Es parte del proceso de investigación penal que las autoridades tienen la obligación de realizar, sin embargo, es preocupante que no se haya girado orden de aprehensión en contra del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz”
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlo
¿DÓNDE ESTÁN?
Lo que acreditó la Comisión de Mediación (Comed, integrada en su momento para buscar a los activistas e intermediar entre el gobierno federal y el EPR) fue que la misma noche de las desapariciones y en el mismo hotel El Árbol, donde se hospedaban Gabriel Alberto y Edmundo, tuvo lugar un sorprendente operativo militar con apoyo policiaco.
Oficialmente no se detuvo a nadie. El copropietario del hotel, ha declarado y documentado, una infinidad de veces, que los dos guerrilleros no se hospedaron en el lugar, sólo un grupo de policías chiapanecos.
Una llamada anónima sobre la presencia de personas armadas en el hotel llevó primero a un grupo de ministeriales, quienes sin orden de cateo registraron el lugar; después, a Alejandro Barrita Ortiz con un contingente de policías, quienes también revisaron las instalaciones y, por último, un grupo militar, quienes, después de corroborar la documentación del hotel, hicieron guardia afuera.
Investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), determinaron que Gabriel Alberto y Edmundo fueron detenidos en el primer cuadro de la ciudad de Oaxaca, en algún momento de la noche del 24 de mayo de 2007, y que en las primeras horas del día 25 fueron trasladados e internados en las instalaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia de Oaxaca.
Testimoniales aseguran que ambos fueron llevados severamente golpeados a las instalaciones ministeriales, por lo que en un primer momento el comandante encargado de la guardia, Jonás Gutiérrez Corro, se negó a recibirlos.
Existen indicios de que los dos permanecieron por unas horas en ese lugar; después no se supo más.
La desaparición y/o asesinato de tres de los principales jefes policíacos que pudieron dar algunos datos sobre este tema, Jonas Gutiérrez Corro, Alejandro Barrita y Aristeo López Martínez entorpeció más la investigación. Las hipótesis son varias, pero el resultado es el mismo: No se sabe dónde están Gabriel y Edmundo.
Nació la organización Hasta Encontrarlos, misma que, en conjunto con el Comité Cerezo, ha sido enfático en exigir la presentación con vida de los desaparecidos. Tras un largo camino, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso.
Un juez federal libró 10 órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada, de la cuales, se ejecutaron seis, entre éstas, al ex director de la Policía Ministerial de Oaxaca.
Al ser expedientes iniciados en el anterior sistema de justicia penal, se les dictó auto de formal prisión, por lo que los ahora procesados estarán privados de su libertad en lo que se decide si son culpables o no.
Los familiares exigen “castigar y sancionar no sólo a los autores materiales y de rangos inferiores, sino a toda la cadena de mando que ordenó y ejecutó el crimen de Estado”.
Se trata del caso más intrincado en la historia moderna de México. Todo el aparato gubernamental en la búsqueda de dos militantes de un grupo guerrillero acusado de ataques violentos contra bases militares y oleoductos, de secuestros para financiar su movimiento y, de asesinatos.
Aun cuando se logre sentenciar a los presuntos implicados, queda en el aire por qué la urgencia de un grupo guerrillero por encontrar a Edmundo y Gabriel, qué peso realmente tienen en esta organización y lo más importante, qué pasó ese 25 de mayo y dónde están.
