El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que existe un cambio en el rumbo de la política energética del país por lo que no descarta presentar una iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso de la Unión para hacer valer el principio del dominio de la nación sobre los recursos naturales, aunque se respetarán los contratos y el marco legal vigente para los privados que podrán seguir participando en el sector como contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un máximo de 46% de la generación nacional de electricidad.
En un memorándum, firmado en el salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional el 22 de julio, y que fue enviado a trabajadores de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), según confirmaron trabajadores de uno de estos organismos, el presidente aseguró que “si para poder aplicar la nueva política de rescate a Pemex y a la CFE fuera necesario proponer una nueva reforma energética, no descartamos esa posibilidad”.
Por ello las empresas públicas y los reguladores se comprometen entonces a mantener la política de no aumentar en términos reales el precio d las gasolinas, diésel, gas y electricidad; alcanzar autosuficiencia energética; “no exportar petróleo, extraer sólo el que se necesita para nuestras refinerías y dejar de importar diésel y gasolina”.
Además, aplicar el siguiente programa de producción: 1.8 millones de barriles diarios (de crudo) en el 2020; 1.9 en el 2021; 2.0 en el 2022; 2.1 en el 2023, y 2.2 en el 2024. También plantea continuar con el programa de rehabilitación de las seis refinerías para alcanzar, en el 2022, un procesamiento de 1.2 millones de barriles diarios, así como terminar ese mismo año la refinería de Dos Bocas, Tabasco, para agregar 340,000 barriles diarios ese año.
En cuanto a la industria eléctrica, se debe priorizar y optar por lo más rentable: construir o reconstruir plantas para satisfacer la demanda del sureste, en particular la península de Yucatán, así como abastecer con energía suficiente a Baja California Sur.
Pemex y la CFE deben reconocer los contratos suscritos anteriormente siempre y cuando no impliquen fraudes en contra de la nación y debe suprimirse el otorgamiento de subsidios de cualquier índole a empresa particulares del sector energético.
Para el despacho eléctrico, “el sistema eléctrico nacional deberá ser alimentado en este orden: en primer lugar, subirse a la red de distribución la energía producida en las hidroeléctricas; en segundo, lo generado en otras plantas de la CFE; en tercero, la energía eólica o solar de particulares y al final, la energía de ciclo combinado de las empresas privadas”.
