De acuerdo con la investigación hecha por el periodista Ignacio Rodríguez Reyna para Aristegui Noticias, personajes cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto operaban desde la casa presidencial
“una red de extorsión”, como la llama el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, en la que estaban involucrados desde el entonces consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos hasta el ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora –quien meses después
Operación Hermes
Una tarde de junio de 2018, un mes antes de la elección presidencial en la que Morena la arrebató el poder al PRI, fueron desbloqueados casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares de 722 cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros grupos del narcotráfico. Cuentas de personas y empresas sobre las que existía la presunción de lavado de dinero.
Ignacio RODRÍGUEZ REYNA
SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE
A Rafael Caro Quintero, el “Narco de Narcos”, como le llaman, los 28 años de condena que purgó en prisión no le paralizaron del todo la vida.
Desde la cárcel se dedicó a construir, con la ayuda de abogados, sus cuatro hijos, su esposa y algunos operadores financieros, un auténtico complejo de unas 30 empresas con recursos producto del tráfico de droga y mediante el cual lavó decenas de millones de pesos.
Incursionó en diversas actividades económicas. El rango de los giros mercantiles de las compañías es extenso: desarrolladoras de proyectos inmobiliarios, estaciones de gasolinas, empresas mineras, restaurantes, importadoras de todo tipo de artículos, venta de autos nuevos y usados, productoras de cerveza, restaurantes e incluso un spa.
El armado de su fortuna empresarial comenzó en 1999, cuando sus hijos constituyeron Villas del Colli S.A. de C.V., su primera inmobiliaria en Guadalajara; a ella le siguieron Organic Salt S.A., estaciones de gasolina como Petro Bio y Petro London; firmas agropecuarias como Reforestaciones Careles S.A. o el hotel spa Hacienda Las Limas S.A.
La incorporación de nuevas empresas en giros distintos continuó creciendo en la primera década de este siglo sin mayor contratiempo.
Caro Quintero llevaba ya 28 años en prisión. Había sido atrapado en 1985 en Costa Rica y condenado a 40 años de cárcel por narcotráfico y por el secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena, un agente encubierto de la DEA que había descubierto la existencia de un gigantesco campo de cultivo de marihuana propiedad del sinaloense.
El 9 de agosto de 2013, la historia dio otra vuelta de tuerca en la vida del fundador del primer cártel de la droga en México, el de Guadalajara.
Al resolver un amparo presentado en 2011, un tribunal federal le regresó de manera inmediata su libertad. Argumentó que Caro Quintero había sido procesado por el asesinato de Camarena indebidamente en el fuero federal, en lugar de haber sido juzgado en el fuero común.
Esa madrugada, Caro Quintero, el ranchero que desde muy joven aprendió que traficar marihuana lo llevaría al cielo, salió de prisión y se sumió en la oscuridad del tiempo. Sabía que la condición de hombre libre le duraría muy poco.
Así fue. Una semana después de su liberación se expidió una orden de recaptura en México y se reactivaron las órdenes de aprehensión en Estados Unidos, en donde el FBI aún ofrece 20 millones de dólares por información que lleve a detenerlo.
Un poco antes de su liberación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había incorporado a la familia Caro Quintero, a sus socios, operadores y a las empresas que ya habían creado, a la lista negra de quienes operan con dinero producto del narcotráfico y había decretado el congelamiento de los recursos económicos depositados en bancos de ese país.
Lo propio se hizo en México, aunque con un poco de tardanza. La UIF incorporó los datos de la familia Caro Quintero y sus empresas a la Lista de Personas Bloqueadas en julio de 2014.
Así permanecían, sin poder mover los recursos económicos depositados en las cuentas bloqueadas, hasta el 4 de junio de 2018, día en que Orlando Suárez López ordenó descongelar las cuentas de las siguientes personas:
Héctor Rafael Caro Elenes (hijo)
Henoch Emilio Caro Elenes (hijo)
Mario Yibrán Caro Elenes (hijo)
Roxana Elizabeth Caro Elenes (hija)
María Elizabeth Elenes Lerma (ex esposa).
Ni la hija, ni los hijos, ni la ex esposa de Caro Quintero habían solicitado amparo alguno para descongelar sus cuentas
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La Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública ya procesan la denuncia presentada en junio de 2019 en contra de Alberto Bazbaz y Orlando Suárez López, ex titulares de la UIF, y de Mauricio Moreno Balbuena, ex director de Procesos Legales de esa unidad, en la que se les responsabiliza de haber tomado decisiones de “manera ilícita y en contravención de sus atribuciones” y de haber realizado actos administrativos carentes de sustento legal que “concluyeron en la eliminación masiva de personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas” de la UIF.
En la denuncia se hace énfasis en que los ex funcionarios hicieron un “uso ilícito de sus atribuciones y facultades” para eliminar a personas y empresas sobre las que hay “indicios suficientes relacionados con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Se destaca además que el acuerdo firmado por Orlando Suárez López mediante el cual se eliminaron 722 personas de la lista de personas bloqueadas se hizo sin la “debida fundamentación y motivación legal”.
La denuncia presentada personalmente por Santiago Nieto insiste en que se causó un daño a la sociedad porque “eliminar el bloqueo favoreció a los presuntos responsables”, permitió ilícitamente que las personas eliminadas se reintegraran al sistema financiero y se “autorizó la disposición inmediata de recursos económicos sin que previamente hubieran justificado el origen lícito de dichos recursos” y sin “mayor sustento que la arbitrariedad”.
La Unidad de Investigación Financiera aprovechó la sentencia para refutar puntualmente los argumentos que Orlando Suárez López ofreció en respaldo de la eliminación masiva de personas bloqueadas.
Por una parte, sostiene, es totalmente “insuficiente” la justificación de que el desbloqueo masivo se hizo porque el anterior titular de la UIF “tuvo conocimiento” de que la PGR había decretado el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias, pues nunca se tuvo certeza de que ello había ocurrido y sólo era una expresión de “manera genérica”.
De hecho, en los 722 casos mencionados ese aseguramiento nunca existió y las personas bloqueadas pudieron, de inmediato y con toda libertad, disponer de los recursos que mantenían en el sistema financiero mexicano.
También es falso, se expone en el documento, que mantener el bloqueo de las cuentas pudiera representar un obstáculo para el desarrollo de las investigaciones de la PGR. “Se trata de una medida provisional que pudo convivir con las indagatorias, sin dañarlas ni entorpecerlas de ninguna manera”.
Y ataca directamente el argumento de que la medida era “armónica” con la jurisprudencia adoptada por la Segunda Sala de la Suprema Corte.
La jurisprudencia citada por Suárez López, añade la denuncia, estipuló que el desbloqueo procedería “única y exclusivamente para las personas amparadas”, sin que constituyera “una declaración general”.
En cambio, Suárez López le “otorgó un efecto general” a la jurisprudencia, pasando por alto que “la jurisprudencia obligatoria –la cual debe ser invocada por la parte agraviada— sólo puede aplicarse al caso concreto y no puede aplicarse de manera general”.
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Las declaraciones de Santiago Nieto, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre lo que él mismo calificó como eliminación masiva de personas de la Lista de Personas Bloqueadas podrían sonar a una manera de llamar la atención sobre un hecho relevante que él mismo ha denunciado.
No parece ser el caso. Las 71 páginas que componen el acuerdo no dejan lugar a dudas. A partir de la cuarta hoja se produce una avalancha de nombres de personas, números de oficio, razones sociales, apellidos que dicen mucho y “hablan” por sí solos, otros que no dicen casi nada, pero que son relevantes en la historia reciente de la violencia y la criminalidad en el país.
No sólo el Cártel de Sinaloa recibió los beneficios del desbloqueo. Otras organizaciones dedicadas al crimen organizado también lo hicieron, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y sus grupos aliados, a quienes les descongelaron las cuentas de las siguientes personas físicas y empresas:
Wendy Dalaithy Amaral Arévalo
Fernando Torres González
Hotelito Desconocido SA de CV (Servicios MM del Pacífico SA de CV)
HD Collection SA de CV
W&G Arquitectos SA de CV
Ahome Real State SA de CV
Intercorp Legoca SA de CV
La Firma Miranda SA de CV
Poco conocida en México, la organización identificada en Estados Unidos como Los Ruelas surgió como producto de la desintegración de la banda liderada por los hermanos Beltrán Leyva. Cuando varios de los líderes del grupo fueron asesinados o encarcelados, se produjo una atomización de las células que lo integraban. Varias de ellas adquirieron un perfil propio y expandieron sus actividades ilícitas.
Ese es el caso de la organización encabezada por integrantes de la familia Ruelas, de origen sinaloense. En un principio la encabezaba José Luis Ruelas Torres, quien falleció en 2017, tras lo cual su hijo Joel Efrén tomó el mando, de acuerdo con reportes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Considerada como una organización independiente dedicada al contrabando y distribución de heroína, las autoridades estadounidenses incluyeron a miembros de la familia cercana y extendida de los Ruelas, así como ocho empresas de las que son propietarios, en la lista del Departamento del Tesoro que ordena congelar todos los activos que posean en Estados Unidos y cancelar todo trato comercial o financiero con ellas.
Pues ese grupo familiar y empresarial resultó también beneficiado por el acuerdo de la UIF que los eliminó de la Lista de Personas Bloqueadas el 4 de junio de 2018. A las siguientes personas y compañías les liberaron sus cuentas:
José Luis Ruelas Torres
Joel Efrén Ruelas Ávila
Jesús Ángel Ruelas Ávila
Sigi Alfredo Mondaca Ávila
Trinidad Ruelas Ávila
Luis Ernesto Félix
Raquel Rivera Guerrero
Reyna Isabel Rivera Sandoval
Cruz Sánchez Medrano
Pedro Sánchez Medrano
María Monserrat Ruelas Ávila
Raúl Rivera Sandoval
Constructora Vania SA de CV
Constructora Joel SA de CV
Alondra Produce SPR de RL
Agrícola Ruelas SPR de RL
Dispersora Gael SA de CV
Comercializadora Gael 4 SA de CV
Felixtapia SC de RL de CV
Karina Costa Ruelas
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Los documentos muestran que las carreras políticas y judiciales de algunos de los principales protagonistas del desbloqueo masivo de cuentas se alinean y se cruzan en diversos momentos.
Esos hechos ocurren en al menos ocho casos:
En 2007, cuando Eduardo Medina Mora era titular de la Procuraduría General de la República, uno de sus principales asesores era Alberto Bazbaz Sacal.
Un año después, Bazbaz Sacal fue nombrado por Enrique Peña Nieto procurador general de justicia del Estado de México, cargo en el que fungió hasta abril de 2010, cuando fue obligado a renunciar después de que Bazbaz “resolvió” el caso de la niña Paulette, encontrada muerta “entre el colchón y los pies de la cama” de su habitación, luego de estar desaparecida 10 días.
Pasaron un par de años. Peña Nieto llegó a Los Pinos en diciembre de 2012 y un mes después, en enero de 2013, hizo dos nombramientos estratégicos: envió a Medina Mora a la embajada de México en Estados Unidos y designó a Bazbaz Sacal como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Marzo de 2015 llegó y, a propuesta de Enrique Peña Nieto, Medina Mora fue designado por el Senado como ministro de la Suprema Corte. Bazbaz Sacal se mantenía al frente de la UIF.
En enero de 2018, hubo nuevos movimientos: Medina Mora estaba por conceder los amparos contra la UIF, en tanto que Bazbaz Sacal fue nombrado director del Cisen, el mismo cargo que Medina Mora había ocupado entre 2000 y 2005 durante el gobierno de Vicente Fox.
Durante los últimos 11 meses del sexenio de Peña Nieto, Bazbaz Sacal se ubicó al frente del Cisen, el mayor centro de espionaje político del régimen.
Suárez López se ligó profesionalmente a la UIF y a Alberto Bazbaz unos años antes, con quien colaboró en varios cargos hasta ser nombrado titular de la Dirección General Adjunta de Análisis Estratégico de la propia UIF.
A la salida de su jefe para ocupar la dirección general del Cisen, Orlando llegó a la titularidad de la UIF.
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A mediados de agosto del año pasado, Santiago Nieto hizo mención del tema del desbloqueo de las cuentas bancarias en entrevista con Aristegui Noticias.
Y lo vinculó con un presunto “esquema de extorsión” articulado desde Los Pinos por Humberto Castillejos, entonces titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y hombre de todas las confianzas de Enrique Peña Nieto.
Santiago Nieto comentó que al asumir la titularidad de la UIF recibió tres reportes de informantes que lo alertaron de lo que ocurría. Un grupo de despachos cercanos a Los Pinos contactaba a las personas cuyas cuentas habían sido congeladas por sospechas de lavado de dinero y les ofrecían ayuda para desbloquearlas a cabo de grandes sumas de dinero.
“Venían los despachos de Los Pinos… contactaban a la gente que estaba bloqueada (…). A partir de ahí, se generaba el caso. El que era el consejero jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos, eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF”, explicó el funcionario.
El reportero Marcos Martínez le preguntó si creía que el ex presidente Peña Nieto había tenido conocimiento del desbloqueo y del presunto esquema de extorsión.
“Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción. Éste era un acto (de corrupción), a lo mejor chico si lo comparamos con la Estafa Maestra, con Odebrecht, con el Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense”, respondió el hoy titular de la UIF.
Pero, “no encuentro de qué forma Peña Nieto no pudiera estar enterado”, concluyó el titular de la UIF.
Lo mismo piensan algunos abogados que litigan normalmente contra la UIF por el bloqueo de cuentas y conocen en detalle el proceso. “Esto ‒comentaron a Aristegui Noticias cuando vieron el acuerdo‒ lo tuvo que aprobar personalmente el secretario de Hacienda o el ex presidente Peña Nieto. Nadie lo haría sin su autorización”.
