En 2017, un grupo armado destruyó el sistema de agua corriente del municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla. En plena crisis por el coronavirus, el Gobierno estatal dice que los jueces le impiden reconstruirlo, en tanto los habitantes se abastecen del agua de lluvia, o los que tienen recursos contratan carros cisterna. Hay una sed de justicia porque Ayutla exige castigo para sus vecinos de Tamazulápam del Espíritu Santo, sus agresores
Pablo FERRI
En la sierra de Oaxaca, en el sur de México, el pueblo de Ayutla vive la pandemia sin agua corriente. Resisten a cubetazos, con lo que recogen de las lluvias, todavía escasas en esta época del año. Si hay dinero, contratan camiones cisterna, si no, se acercan al viejo manantial, pese al riesgo de encontrarse a los otros, los agresores. Hasta hace tres años, Ayutla bajaba agua del manantial al pueblo con un sistema de tanques y tuberías. Pero los otros lo destruyeron. Ante la crisis del coronavirus, el Gobierno del Estado ha dicho que la reconstrucción no depende de ellos.
Los otros son un grupo de composición abstracta, fantasmagórica. Son pobladores del pueblo vecino de Tamazulápam. O esbirros asalariados de Tamazulápam. O mercenarios con intereses en la región, que se han aliado con vecinos de Tamazulápam. O una mezcla de las tres. En cualquier caso, Ayutla sabe que son agresivos y que no arreglan las cosas como se han arreglado siempre en la región: hablando.
Todo empezó en 2017. En mayo, los otros ocuparon a la fuerza las parcelas de más de una veintena de vecinos de Ayutla, sumando unas 150 hectáreas. A la fuerza: entraron con maquinaria pesada y les destruyeron sus cultivos. En junio, los otros atacaron a balazos a decenas de vecinos de Ayutla en la carretera. Los pobladores acompañaban a investigadores de la fiscalía, que habían acudido a la región para investigar el despojo del mes anterior. Un hombre murió y seis más resultaron heridos. Hay un vídeo de aquel día, donde se escuchan los disparos y la huida de los vecinos. En agosto, los otros secuestraron el manantial que surte al municipio y destruyeron sus tanques de agua y tuberías.
Ese mismo agosto, más de medio centenar de vecinos de Ayutla acudieron al juzgado y promovieron un amparo para proteger su derecho a usar el agua del manantial. En primera instancia, el juez les dio la razón, pero los otros -esa vez, los otros parece que eran vecinos pacíficos de Tamazulápam- recurrieron y un tribunal superior ordenó al juez que reiniciara el proceso tomando en cuenta más pruebas. El juez debía resolver a finales de marzo, pero la pandemia ha retrasado todo. Mientras tanto, Ayutla sigue sin agua.
Desde 2017, el pueblo ha buscado al Gobierno estatal para que medie con los otros. Se han reunido decenas de veces estos años, a veces todos juntos, otras por separado, pero no han llegado a acuerdo alguno. Ni siquiera en mayo de 2019, cuando el gobernador, Alejandro Murat, del PRI, se presentó ante la prensa anunciando, delante de vecinos de Ayutla y de Tamazulápam, que el conflicto estaba resuelto. No lo estaba. Nunca lo estuvo.
Ha habido acercamientos. Ayutla aceptó que el manantial, que hasta entonces solo les había surtido a ellos, surtiera también a Tamazulápam. No es que los segundos no tuvieran derecho, lo tienen, pero nunca les hizo falta porque manejan otras fuentes de abastecimiento. Los únicos que dependen exclusivamente del manantial son los vecinos de Ayutla. Acordado lo anterior, el Gobierno inició los trabajos, pero la forma disgustó al pueblo de Ayutla. En vez de empezar por reconstruir lo que los otros habían destruido, lo hicieron al revés. Iniciaron con la conexión del manantial a Tamazulápam. Y lo hicieron en terrenos de Ayutla. Indignados, los vecinos fueron de nuevo al juzgado y el juez ordenó suspender las obras.
A finales del año pasado, tres vecinos de Tamazulápam fueron igualmente al juzgado y pidieron un amparo para que las futuras obras -en caso de que algún día se alcance de verdad un acuerdo- no pasen por sus propios terrenos. El juez les dio la razón también.
“NOS HACEN VER COMO UNA PELEA DE INDIOS”
Estas tres decisiones judiciales son la cueva retórica donde se refugia el Gobierno estatal. Después de las quejas de vecinos de Ayutla por la falta de agua en plena crisis por el virus, el Ejecutivo divulgó un comunicado la semana pasada en que defendía su incapacidad para cambiar las cosas. “Para el Gobierno del Estado es de suma importancia acelerar la solución del conflicto (…) Sin embargo, integrantes de ambos pueblos presentaron juicios de amparo con el fin de que el Gobierno del Estado no lleve a cabo los trabajos de conexión del agua a la otra comunidad”.
Además de ser discutible, lo anterior obvia algo esencial: Tamazulápam cuenta con otras fuentes de abastecimiento de agua, Ayutla no. El comunicado plantea que devolverle el agua a Ayutla es imposible porque así lo dice un juez, pero lo único que hizo el juez es detener las obras que había iniciado el propio Gobierno. Cualquier otro plan de conexión que no afecte los intereses de los vecinos de ambos pueblos es realizable. Por ejemplo, rehacer el sistema de Ayutla, el sistema de tanques y tuberías que los otros destruyeron en 2017.
Francisco Vallejo, vocero del Gobierno estatal, dice: “No es un tema de voluntad. Nosotros hemos intentado actuar, pero lo que decide el juez no permite que el estado siga con la reconexión del agua. El intervenir en un conflicto que se está desarrollando en tribunales tiene implicaciones para quien toma la decisión. Parece que es un tema fácil, pero la realidad es que los servidores públicos podrían incurrir en violaciones de ley y empeorar el problema”.
El comunicado del Gobierno de Alejandro Murat presentaba además un equilibrio entre los actores que no existe fuera del papel. Dice que Ayutla y Tamazulápam “están en permanente conflicto por un territorio (…) que ha derivado incluso en conflictos armados”. También dice que “desde hace algunos años, las comunidades disputan la propiedad de un manantial que abastece de agua a los dos pueblos”. Como si Ayutla y Tamazulápam partieran del mismo punto y no hubiera existido el despojo de tierras de mayo de 2017, ni la agresión a balazos de junio, ni el ataque contra el sistema hidráulico en agosto.
Dice Vallejo: “Oaxaca es un estado que tiene 570 municipios y más de 300 se rigen de acuerdo a usos y costumbres. Son procesos internos de las comunidades y la actuación del estado ahí es de vigilante, acompañamiento y orden legal. Este conflicto ha derivado en pleitos violentos y el estado debe garantizar la seguridad de ambas comunidades. Y de terceros”.
Para Sara Méndez, dirigente de Gobixha, una organización que ha seguido de cerca el conflicto estos años, el asunto es muy claro: “Aquí tenemos una comunidad sometiendo a la otra por el agua”. Méndez participó en una misión de observación en la región el año pasado y conoce la forma de actuar del Gobierno de Murat. “Lo que hemos visto es que el Gobierno del estado resuelve así los conflictos: mesas de diálogo donde no se dialoga, firmando acuerdos que no se cumplen”, critica.
Yásnaya Aguilar, vecina de Ayutla, lingüista y columnista de esta casa, se ha implicado a profundidad en este proceso desde los eventos de 2017. Aguilar explica: “Después del intento fallido de reconexión, nosotros seguimos presionando y mientras, el Gobierno del Estado ha tratado de hacer ver ante los medios que nosotros nos oponemos a nuestra reconexión”. Y matiza: “No entendemos por qué no hablan de todo lo que pasó, de que nos dinamitaron los tanques, por ejemplo. Nos hacen ver como que hay una pelea entre indios”.
Artemio Ortiz, presidente municipal de Tamazulápam, prefiere no hablar a la distancia, porque siente que lo que él diga no necesariamente recoge las opiniones de su pueblo. Invita a que se haga una visita a Tamazulápam y solo dice: “La gente de aquí es pacífica, no es todo como lo pintan”.
