Una violencia desenfrenada, creciente impunidad, corrupción, yerros y omisiones han marcado la gestión de Rubén Vasconcelos Méndez al frente de la Fiscalía General del Estado. Las voces que exigen su renuncia al cargo son cada vez más y frente a los señalamientos de que no ha podido con la encomienda de procurar justicia en la entidad, el Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España asegura que no dejará el cargo; “no voy a renunciar”, afirma
Daniela CHAO
La exigencia de legisladores, políticos, dirigentes sociales, familiares de víctimas y hasta de sus propios empleados es una constante y cada día más fuerte: “Que renuncie el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez”.
Las distintas voces coinciden que en Oaxaca los delitos no se investigan, hay elevados índices de impunidad, la delincuencia se ha empoderado y la ley se aplica de manera selectiva: “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas. Concluyen que ha fracasado la procuración e impartición de justicia.
Una de las primeras manifestaciones en llamar la atención, fue la realizada por activistas y organizaciones feministas, quienes colocaron una decena de espectaculares en la ciudad de Oaxaca para pedir la renuncia del fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, al considerarlo incompetente en la investigación del homicidio de una joven.
En diversas entrevistas, acusaron a la Fiscalía de acusar al implicado de homicidio imprudencial. Consideraron que se trataba de un homicidio calificado doloso, ya que la muerte sobrevino luego de que el implicado chocara la camioneta que conducía a exceso de velocidad, misma que escondió para retirar las evidencias.
Han insistido que el imputado dejó morir a la víctima en su domicilio, en donde la tuvo durante cuatro horas, para finalmente abandonarla en la puerta de un hospital.
Familiares de la joven también revelaron que el proceso estuvo plagado de irregularidades, no se cumplió el protocolo, se ocultaron evidencias y existe omisión, “se actuó con negligencia jurídica y penal”.
Los espectaculares se exhibieron en toda la ciudad para demandar la denuncia del fiscal, Rubén Vasconcelos Méndez, por la impunidad a favor del acusado.
ENCUBRIRÍA A GRUPOS PARAMILITARES
Integrantes de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio y la Educación Pública y Gratuita y de Derechos Humanos, también exigieron la renuncia del fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, a quien acusaron de encubrir a grupos paramilitares y armados de la organización Antorcha Campesina y por los altos índices de impunidad que existen en materia de justicia.
Esta asamblea aglutina a diversas organizaciones sociales como: CODEDI, CODECI AR, API, COCISS, CODEP, COIPO AC y COIVO.
De manera conjunta anunciaron que solicitarán que el Ministerio Público federal atraiga diversos casos que tienen pendientes, porque ya no confían en la fiscalía local por los nexos que mantiene el titular con la organización Antorcha Campesina.
Pidieron la intervención de la Fiscalía General de la República para que investigue posibles nexos de la Fiscalía de Oaxaca con el crimen organizado.
De acuerdo con datos del Análisis del Índice Delictivo de Paz 2019, en Oaxaca el índice delictivo creció en un 72 por ciento el año pasado.
Los dirigentes de las organizaciones sociales indicaron que a dos años de que Rubén Vasconcelos Méndez se mantiene al frente de la Fiscalía General del Estado no hay avances en la investigación de los crímenes cometidos en el 2006 y 2007 durante el gobierno de Ulises Ruíz Ortiz contra cinco integrantes de esta Asamblea, entre ellos Luis Ángel Martínez, Ignacio Ventura, Alejandro Díaz, Abraham Hernández y Noel Castillo.
Anunciaron que realizarán una jornada estatal y nacional de lucha para exigir la renuncia del fiscal de Oaxaca y el fin de la impunidad, la corrupción y la violación de derechos humanos.
Uno de los integrantes del Comité de Defensa Ciudadana y Asistencia Rural señaló al fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, de hacer caso omiso a sus demandas de justicia; lo acusó también de encubrir a los criminales que asesinaron a sus compañeros.
“Ya no queremos hablar con la Fiscalía porque no nos han dado respuesta, tenemos año tras año en la exigencia de justicia, estamos urgiendo la intervención de la Fiscalía General de la República, del gabinete de seguridad del gobierno federal, para que intervenga en estos temas y nuestros casos se atiendan a nivel federal”.
También los integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) han encabezado protestas. Una de éstas, realizada en el exterior del Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan, estuvo encabezada por Omar Esparza, viudo de Betty Cariño, luchadora social asesinada, junto el activista finlandés Jyri Jaakkola, el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala.
Acusaron que a nueve años del doble homicidio hay nulos avances en la indagatoria y la Fiscalía General de Oaxaca no da resultados. Incluso, dijeron, hay una solicitud del Parlamento Europeo para visitar al Presidente de la República y a la Secretaría de Gobernación para conocer los avances de la investigación.
“Hay un acuerdo de impunidad de la Fiscalía General de Oaxaca por proteger a los homicidas durante este gobierno, no es un caso que esté abandonado, venimos a decirle al Fiscal que renuncie por su incapacidad”.
Agregó que el fiscal no ha tenido la capacidad de generar mecanismos de protección a testigos.
EXIGEN JUICIO POLÍTICO
Miembros del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) formularon la petición al Congreso del Estado para que inicie un juicio político contra el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez.
Su representante estatal, Cristóbal Ramírez Cruz, señaló que se han cometido cinco asesinatos desde el 2008, tienen 15 órdenes de aprehensión con delitos fabricados contra sus agremiados y no hay una eficiente aplicación de justicia.
Aseguró que la detención de uno de sus miembros, Fredy García, tienen tintes políticos, ya que es un defensor de los derechos humanos y los pueblos originarios.
El juicio político al fiscal general es por omisiones e irregularidades en este caso y por los nulos resultados en las investigaciones de los asesinatos de otros miembros del Codedi y otras organizaciones sociales.
Otra organización que también demandó la salida del fiscal general, es la Confederación Autónoma de Trabajadores de México (CATEM).
La protesta la realizaron centenares de vehículos de transporte público y materialistas adheridos a esta confederación. Exigen que se actúe contra los hermanos Villaseca a quienes atribuyen el asesinato de su compañero Édgar Ruiz López.
“No podemos permitir que nos sigan matando, ¿cuántos muertos más para que protejan a la ciudadanía?”, dijeron en una protesta, en la que también pidieron la renuncia del secretario de Seguridad Pública.
Aseguraron que la protesta no era contra el gobierno del estado, sino específicamente contra los responsables de la procuración e impartición de justicia y la seguridad pública”.
También pobladores de diversas comunidades, han pedido que el fiscal renuncie a su cargo, como el caso de los vecinos de la zona indígena chatina de Santiago Yaitepec, Oaxaca, quienes incluso bloquearon la carretera federal 131 luego de que detuvieran a su presidente municipal.
El cierre de dicha vía se tomó después de la asamblea del pueblo de Yaitepec. Su presidente mediante un comunicado, había rechazado las imputaciones, aseguró que su vida está en peligro y demandó la destitución del titular de la Fiscalía, Rubén Vasconcelos Méndez.
LOS CAPRICHOS DEL FISCAL
A la petición de sociedad civil y organizaciones sociales, se sumó la del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXIV Legislatura local, Horacio Sosa, quien le pidió al Fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, considerar su renuncia ante los altos índices de violencia en la entidad.
El legislador recordó que se ha exigido a la Fiscalía la creación de una Fiscalía especializada para investigar los feminicidios en Oaxaca, porque muchos casos permanecen en la impunidad, pero hasta el momento esta solicitud no ha sido atendida.
El diputado informó que en Oaxaca han sido asesinadas más de 400 mujeres sin que hasta la fecha se haga justicia y la totalidad de los casos permanecen en la impunidad.
Rubén Vasconcelos Méndez no ha creado la Fiscalía especial para atender los feminicidios, pero ya creo la Dirección de Vinculación Institucional, donde puso al frente a Anayanci Bravo, quien dejó su cargo como vocera de la Fiscalía, luego de las múltiples quejas de periodistas y comunicadores. Sin embargo, dicha funcionaria sigue como encargada de emitir comunicados y boletines de la dependencia.
Otro que también ha exigido la renuncia del fiscal, es el senador de la República por Morena, Salomón Jara, quien ya hizo un llamado a Rubén Vasconcelos Méndez para que renuncie al cargo al considerar que no está cumpliendo con su trabajo de garantizar el acceso a la justicia a los oaxaqueños.
Insistió que no hay confianza en las autoridades estatales encargadas de la seguridad y procuración de justicia.
Incluso, a través de un video, señaló que el fiscal solo disimula la aplicación de la justicia cuando se trata de incriminar a los luchadores y defensores de las comunidades indígenas.
Aseveró que las acciones de la Fiscalía General del Estado forman parte de una política de persecución, detenciones y hasta de desaparición forzada, como la aplicada en anteriores gobiernos federales.
Ya antes había solicitado la renuncia y había indicado que cerrarían filas para conseguir la mayoría al interior del Congreso local que les permita destituir al fiscal de Oaxaca, debido a que intentó construir delitos que mancharon la imagen de un edil asesinado.
“Si no puede el señor fiscal que renuncie, ya que se vaya, por dignidad que renuncie no puede haber en Oaxaca este tipo de violencia, que vivamos en la incertidumbre”, dijo.
NI EN LA FISCALÍA LO QUIEREN
Otros que han solicitado su renuncia, son los propios empleados de la Fiscalía General de Justicia. Trabajadores sindicalizados en diversas ocasiones han tomado la dependencia con pancartas en las que se lee “Renuncia fiscal traidor” o “Renuncia fiscal corrupto”, luego de que éste, pretendiera deshacerse del personal en una propuesta que remitió al Congreso estatal.
También los Ministerios Públicos se unieron en otra ocasión para demandar su renuncia, luego de que uno de sus compañeros fue secuestrado en una comunidad de la Mixteca para causarle daño, exhibiéndolo en las calles de esa población, lo que llevó a que el fiscal autorizara que se procediera en contra de los agresores.
Fueron los agentes estatales de investigación, quienes giraron un oficio dirigido al presidente de México y al gobernador para expresar su preocupación por los asesinatos que han sufrido en los últimos meses, ya que los altos mandos fueron impuestos por compadrazgo y no han realizado las investigaciones pertinentes.
“Solicitamos enérgicamente que sean destituidos y realicen una limpia al interior de las policías de Oaxaca de tanto mando corrupto”, publicaron al demandar justicia para sus compañeros caídos.
Empleados de confianza, coinciden en admitir que es la peor administración en procuración de justicia que les ha tocado vivir, “ya nadie quiere estar aquí”.
No se explican cómo, después de tantos yerros y omisiones, mantienen a Rubén Vasconcelos Méndez y a su equipo de colaboradores, al frente de una de las instituciones más importantes del Estado.
En tanto, el fiscal, negó en una entrevista colectiva que vaya a renunciar o vaya a dejar su cargo, al afirmar que respeta las posiciones de aquellos líderes, grupos y diputados locales que “politizan la justicia” y ahora quieren su dimisión en el puesto.
