Silvio Berlusconi ha puesto a Italia al borde del abismo, al provocar una crisis de gobierno con la excusa de su oposición al aumento del IVA de un punto, del 21 al 22%. Pero la verdadera causa es su próxima expulsión del Senado y su oposición a la llamada ley Severino, que prescribe la expulsión del Parlamento a quienes tengan condenas definitivas de cárcel superiores a dos años.
Esta ley fue votada hace diez meses por todos los parlamentarios de su partido; los mismos que el miércoles –en una decisión sin precedentes– amenazaron con dimitir (cinco ministros lo cumplieron el sábado) por exigencia de Berlusconi, en protesta por una ley que ahora consideran inconstitucional.
El Tribunal Supremo condenó a Berlusconi el 1 de agosto a cuatro años de prisión, reducidos a uno por una ley de indulto; una pena que «Il Cavaliere», al tener más de 70 años, cumplirá en arresto domiciliario o en servicios sociales.
Desde hace dos meses, todo el país vive condicionado por Berlusconi, cuya estrategia está encaminada a salvarse de la expulsión del Senado y, por consiguiente, de la pérdida de la inmunidad parlamentaria. Pero su salida resulta inevitable: este viernes se reúne un comité del Senado que tiene previsto votar por mayoría su expulsión en virtud de la ley Severino.
