La entrada en operación del Instituto de Salud para el Bienestar, el primer día del año, instancia que viene a substituir al Sistema de Protección Social en Salud, del que depende el Seguro Popular, tomó por sorpresa lo mismo a directivos de hospitales, que a trabajadores y pacientes, lo que ha provocado un caos en el sector
Daniela CHAO
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) inició operaciones el pasado primero de enero entre incertidumbre, contradicciones y una total desinformación tanto entre las autoridades de salud, como trabajadores y pacientes.
Lo anterior, a pesar de que el nuevo organismo tiene el objetivo de “garantizar servicios de salud gratuitos y de calidad a 69 millones de mexicanas y mexicanos”, según se publicó en un comunicado de la Secretaría de Salud.
La función del Instituto de Salud para el Bienestar es atender a todas las personas que no disponen de seguridad social al brindar de forma gratuita los servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención.
Al iniciar el proyecto, se explicó que la atención médica se brindaría a través de Centros de Salud, con Servicios Ampliados, unidades médicas de IMSS Bienestar, Unidades de Especialidades Médicas y en hospitales generales, rurales y comunitarios que ofrezcan servicios de primer nivel.
El director del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, explicó que no exige que los usuarios se inscriban, pues si requieren atención médica, deberán presentar una credencial de elector, CURP o acta de nacimiento, además de no contar con seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar).
Detalló que las personas con afiliación vigente al Sistema de Protección Social en Salud, del que depende el Seguro Popular, les serían respetados sus derechos.
El descontento se generó cuando comenzó a publicarse de que, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que todos los servicios médicos se otorgarían sin cobro alguno, algunos hospitales que brindan atención de muy alta especialidad cobraban cuotas de recuperación
Uno de los problemas es que las unidades del IMSS Bienestar en sexenios anteriores fueron diseñadas para atender a poblaciones rurales en 19 estados. Hasta su cierre, tenían casi 13 millones de beneficiarios.
La capital del país, que es donde surgieron las quejas, no tiene clínicas del sistema.
Ante las quejas, la Secretaría de Salud federal publicó que los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales están sujetos a obtener cuotas de recuperación para la prestación de servicios de tercer nivel. “Aun así, en cumplimiento del artículo transitorio décimo primero de la reforma a la Ley General de Salud, se respetarán los derechos de las personas que a la entrada en vigor del decreto cuenten con afiliación vigente al Sistema de Protección Social en Salud”.
Detalló que como parte de los acuerdos en las juntas de Gobierno de los institutos y hospitales que coordina la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, no se han incrementado los tabuladores de cuotas de recuperación para el ejercicio fiscal 2020.
Sin embargo, son 180 días lo que tiene la Federación para que el Insabi pueda tener listas sus reglas de operación, de acuerdo a lo que establece el marco legal como obligación.
Es decir, los gobiernos tienen esos 180 días para hacer la transición definitiva al Insabi y suplir al Seguro Popular, plazo que puede acoplarse al nuevo modelo y podrá sufrir modificaciones.
Actualmente ocho de los 32 estados del país no han firmado la carta de intención para que desaparezca el Seguro Popular o se centralice el sector salud a nivel federal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no es obligatorio que los estados firmen el convenio con el gobierno federal para que los gobernadores se adhieran al Insabi, y no implicará que dejen de recibir los recursos que les corresponden. “Es voluntario, no es obligatorio y la mayoría está aceptando. Lo que aplica es que el Estado da el servicio y se dan los recursos que por ley corresponde”, puntualizó.
Respecto a las cuotas en los hospitales de tercer nivel como parte de los servicios gratuitos, indicó que se continuará con la sensibilización porque hay quienes consideran la medida como populista.
“Cómo que no se va a cobrar. Eso es populismo, es paternalismo. Hay mucha gente que no coincide con esto, y tenemos que respetarlos, pero se tiene que entender que nosotros planteamos que se iba a garantizar el derecho a la salud”, abundó.
Un día antes prometió se resolverá el tema de las cuotas para garantizar el acceso universal prometido.
“Tenemos que ir resolviendo lo de las llamadas cuotas de recuperación porque, en efecto, eso impide que el servicio sea gratuito. Esto se da mucho en hospitales de especialidades, pero se va a llegar a un acuerdo”, indicó.
Al iniciar el año, solamente el Hospital General de México Eduardo Liceaga incrementó sus precios en la atención de tercer nivel.
Explicaron que el aumento se debía a una actualización en las tarifas aprobada por la Secretaría de Hacienda; no obstante, ante las quejas de los pacientes, regresaron a las cuotas anteriores, por lo que, quienes ya realizaron pagos esté 2020 podrían acudir por su reembolso en el área de Trabajo Social.
La falta de claridad y el desconocimiento en algunas entidades ha generado no sólo incertidumbre entre los usuarios, sino entre los que son empleados del Seguro Popular.
