El Poder Legislativo evade su responsabilidad de explicar cómo y cuánto ha gastado en publicidad para la difusión de sus actividades o hacia a dónde se ha canalizado el dinero destinado a comunicación social durante los últimos dos años
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
¿Sabe usted en qué está trabajando su diputado? ¿Sabe cuál es el trabajo que realiza? ¿Sabe qué iniciativas ha presentado? ¿Sabe cuánto dinero gana y de dónde provienen esos recursos? No. La mayoría de los oaxaqueños tampoco lo saben y a pesar de ser uno de los entes públicos más opacos de Oaxaca, el Congreso del Estado pretende aprobar una ley mordaza, para ahorcar aún más a los medios de comunicación.
A través de una iniciativa presentada el pasado 26 de junio por el diputado Saúl Cruz Jiménez, por órdenes del diputado federal Benjamín Robles Montoya, se pretende crear la Ley de Comunicación Social del Estado de Oaxaca que, a más de ser un plagio, es una propuesta incongruente, mal planteada e insuficiente si lo que se pretende es hacer un buen uso de los recursos públicos.
Aunque pretende limitar el gasto que realiza el gobierno (incluidos los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en materia de comunicación social, su propósito real es evitar la crítica contra legisladores opacos e improductivos que en 2021 tendrán una nueva oportunidad para reelegirse y permanecer en las curules de San Raymundo Jalpan durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La propuesta de ley contradice incluso los hechos que ha promovido el ex senador Robles Montoya, quien no ha explicado ante las autoridades electorales el gasto que generó en redes sociales para promocionar su imagen pública antes, durante y después de las campañas electorales de 2018.
LÍMITES REBASADOS, RIESGOS Y OMISIONES
La ley mordaza impulsada a través del diputado Cruz extralimita las funciones de una legislación, pues en su capítulo IV, artículo 26, establece el requisito de que cualquier medio de comunicación al que se le asigne publicidad oficial deberá contar con un código de ética y contar con un defensor del lector o de la audiencia.
Asimismo, el texto resulta redundante y riesgoso para la sociedad, al ordenar que en periodos electorales se suspenda la difusión de toda campaña de comunicación social, como lo explicita en su artículo 27. Además de que la regulación de publicidad oficial durante campañas políticas ya está regulada a nivel federal, la suspensión total de campañas de comunicación social representa riesgos cuando se trata de información indispensable, como lo son las materias de protección civil de riesgos o de seguridad pública.
Otra falencia de esta iniciativa es que resulta excluyente de la diversidad social existente en el estado, pues en ningún momento menciona la obligación que tienen los entes de la administración pública a informar en las lenguas indígenas de las comunidades existentes en la entidad.
FRACASO EN COMUNICACIÓN
Cabe señalar que, pese a esta propuesta, ni el diputado Cruz ni sus dos correligionarios del PT o sus compañeros de coalición de Morena y Encuentro Social han avanzado en la regulación de la publicidad oficial del Congreso del Estado que, violando la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha evadido su responsabilidad de explicar cómo y cuánto ha gastado en realizar la promoción de sus actividades legislativas.
Respecto al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el Congreso justifica la falta de ausencia de información destinada a comunicación social, arguyendo que “durante el periodo la Junta de Coordinación Política no aprobó el programa anual de comunicación social”.
Respecto a 2019, señala que el Congreso del Estado no ha celebrado convenios de publicidad o difusión con medio de comunicación alguno, por lo tanto, es una actividad que no genera gasto por contratación de servicios para este sujeto obligado”.
Fuentes consultadas señalaron que los pagos de comunicación social en el Congreso se hacen subrepticiamente, sin dejar constancia en actas o en convenios.
Actualmente, tan solo el área de Comunicación eroga en salarios más de 1.5 millones de pesos.
De acuerdo con la justificación del Congreso, “en aras de garantizar la difusión de las actividades legislativas, este H. congreso del estado hace uso de sus medios de comunicación internos a través de la dirección de comunicación social, como son congreso radio… y transmisiones en vivo en las siguientes plataformas utilizadas por este sujeto obligado… en facebook live y youtube, respectivamente, asimismo de las redes sociales”.
Todos y cada uno de los proyectos de comunicación social con los cuales justifica el Congreso el evitar el gasto en comunicación social han fracasado.
Al revisar la página del “ostentoso” proyecto de Congreso Radio (www.congresooaxaca.gob.mx/radio) el visitante observa un mensaje que dice “inicio de transmisiones 21 de agosto” firmado con la leyenda “Congreso 63”, correspondiente a la pasada legislatura.
Las plataformas de video en streaming y las redes sociales tampoco han funcionado para el Congreso del Estado. Al revisar la página de YouTube del usuario Congreso 64 Oax, se observa que el número de vistas de cada uno de los videos va de las 2 a las 30 reproducciones. Los videos publicados en Facebook por el Congreso tienen también un alcance mínimo pues, sin incluir las reproducciones del tercer informe de gobierno, las reproducciones van de las 50 a las 250.
¿De esta forma se puede informar adecuadamente a la sociedad de las labores legislativas? La cuenta de Twitter del Congreso tiene apenas 9 mil seguidores. Para hacer un contraste, la cuenta del gobernador Alejandro Murat tiene 154 mil seguidores y la del presidente López Obrador tiene seis millones 200 mil.
