La falta de una Comisión Local de Búsqueda, la escasez de recursos financieros y tecnológicos para la realización de su trabajo y la falta de resultados, muestran el nulo compromiso de las autoridades estatales, encabezadas por la Fiscalía General del Estado, para avanzar en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en el territorio oaxaqueño. Familiares de las víctimas denuncian que hay desinterés y simulación del gobierno para atender esta situación e incluso denuncian hostigamiento en contra de quienes exigen justicia
Texto: Alonso PÉREZ AVENDAÑO
Fotos: Esteban CHINCOYA
Omisión y simulación ha marcado la respuesta que el gobierno de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado han dado a la desaparición de personas. En medio de una crisis nacional –que de acuerdo con la Secretaría de Gobernación suma al menos 40 mil víctimas- en Oaxaca los afectados acusan que además de la falta de recursos financieros y tecnológicos para realizar las búsquedas, las autoridades se han negado a cumplir la ley y a trabajar con el gobierno federal.
El panorama en Oaxaca respecto al número de personas desaparecidas es incierto, va de 100 a 500, dependiendo si son las cifras de organismos de derechos humanos o las de la Fiscalía. Lo que sí coincide son los testimonios de las víctimas, madres, padres, hermanos, que denuncian que los avances en las investigaciones son nulos, que hay simulación e incluso hostigamiento en su contra por exigir justicia. Su voz se suma para denunciar: “al gobierno del estado no le interesa el tema de los desaparecidos”.
“En materia de justicia para las víctimas estamos prácticamente en ceros”, dice Lucrecio López Hernández, coordinador general de la Comisión Magisterial de Derechos Humanos, que acompaña legalmente a familias de 33 personas desaparecidas en Oaxaca. El bajo número de casos, explica, se debe a diversos factores.
Muchos de los familiares tienen miedo a denunciar y muchos otros simplemente dejan el caso al ver la ineficacia del trabajo de las autoridades. Solo relacionado con integrantes o familiares de la Sección 22, asegura, la cifra de desaparecidos llegaría a 200 casos.
“No hay avances, el 26 de agosto el gobierno federal llamó a todos los fiscales de la República para que dieran un informe general de cómo van en temas como desaparición de personas. Oaxaca no se presentó. Al no presentarse quiere decir que todo marcha bien, pero no es así”, asegura.
Las demandas para que la Fiscalía iniciara investigaciones adecuadas tuvo una respuesta en los primeros meses de este año, sin embargo, resultó un fracaso la forma de operar.
“Hubo una calendarización de los casos de desaparecidos, pero se realizó una búsqueda que no es científica, simulada, inclusive ni se bajaban de sus carros los señores. La más reciente de las búsquedas fue en Cajonos, intervino la Policía federal, el Ejército, pero fue simulada”, acusa. En el municipio de San Miguel Cajonos, donde el 27 de diciembre de 2017 desaparecieron Álvaro Reyes Cruz y Federico Cruz Morales tras un conflicto con la comunidad vecina de San Pedro Cajonos, la Fiscalía se declaró imposibilitada para entrar e investigar; días después el gobernador Alejandro Murat ingresó al municipio para colocar la primera piedra de la obra del santuario de gusanos de seda. Nada dijo respecto al reclamo de buscar a los desaparecidos.
Posteriormente, con la designación por parte del Ejecutivo estatal de Juan Rodríguez Ramos como comisionado Especial para la Atención de los Hechos ocurridos el 19 de junio del 2016, se han abierto nuevas vías de diálogo con la Fiscalía para que se atiendan otros casos además del de Nochixtlán. Hay ahora una nueva calendarización para reiniciar las búsquedas que representa “una luz en el camino”.
CRIMEN GENERALIZADO
La desaparición de personas en Oaxaca se registra en las ciudades con mayor incidencia delictiva y también en paraísos turísticos donde la actividad social es igualmente un riesgo. Marco Antonio Gabriel Vásquez es hermano de Fidel Gabriel Vásquez, profesor de educación básica que desapareció el 22 de marzo de 2018 en Santa María Huatulco. Es también integrante del comité de familiares de búsqueda de desaparecidos que se conformó hace aproximadamente un año.
Él ha observado cómo el Estado en su conjunto, los gobiernos federal, estatal y municipales, los órganos autónomos han sido incapaces para dar respuesta al fenómeno de desaparición de personas, aun en un estado, Oaxaca, en el que aparentemente no pasa nada.
“En Oaxaca para el mundo no hay desaparecidos, los medios de comunicación no lo difunden y si los familiares no hacemos nada pues no hay nada que difundir, por eso hemos hecho marchas, protestas”, explica.
“Poco a poco nos tenemos que ir sensibilizando, el año pasado que nos formamos como colectivo éramos poquitos, cinco o seis personas, entre más seamos pensamos que el gobierno hará más caso de nuestra denuncia”, agrega.
En el caso de su hermano, no solo la justicia respecto a la consignación de un presunto responsable está estancada, sino también para reparar los daños.
El 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que en su artículo 50 mandata a todos los estados a crear una Comisión Local de Búsqueda, que debió haber comenzado a operar máximo 90 días después. 19 meses han pasado y en Oaxaca aún no hay una comisión local de búsqueda, lo que impide, entre otras cosas, que la familia de Fidel, su esposa y sus dos hijas, reciban apoyo económico, psicológico y de salud por reparación de daño.
“En el caso del Fide Gabriel Vásquez está su esposa y dos hijas, que están estudiando, el gobierno no ha movido un solo dedo por apoyarlas.
“Según la ley general de víctimas debe haber una reparación de daño, debe haber un recurso económico, pero no sabemos dónde está, hasta ahorita no hay becas, no hay nada, al gobierno no le interesa”, acusa.
Apenas el pasado 22 de agosto, la Secretaría General de Gobierno lanzó la convocatoria a la sociedad civil para postularse como candidatos a ocupar la representación de la comisión local de búsqueda de personas desaparecidas. Cerrada la convocatoria, será hasta después de 15 días hábiles cuando la Segego presente ante el Ejecutivo estatal las propuestas para ocupar el cargo. El plazo fenecerá el 25 de septiembre próximo, un día antes de que se cumpla el quinto aniversario de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
OMISIÓN
Además de la dilación del Gobierno del Estado para operar la Comisión Local de Búsqueda de Personas, el rechazo a atender el tema ha sido generalizado, incluso frente al gobierno federal.
El pasado 12 de agosto, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, llamó a los gobernadores de los 32 estados a una reunión para analizar temas como la operación de la Guardia Nacional y los avances en materia de búsqueda de personas desaparecidas. De la reunión estuvo ausente el gobernador Alejandro Murat, quien ese día realizó actos oficiales en la entidad con motivo del Pacto por Oaxaca, al que asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“No nos ha dado la cara, el año pasado exigimos una audiencia con el gobernador y desde el año pasado nos traen con que no tiene tiempo, tiene cosas importantes que hacer y nunca se presenta, nos han llamado a mesas de trabajo donde nos dicen que se va a presentar el secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, o el fiscal, Rubén Vasconcelos Beltrán, y nunca llegan”, acusa Gabriel Vásquez.
Además de esta reunión, la última semana de agosto, nuevamente el secretario general de Gobierno y el fiscal fueron convocados a una reunión en Oaxaca a donde asistieron representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ninguno de los dos funcionarios asistió. “No llegaron, la parte estatal no se presentó, mandaron a un ministerio público, a alguien que no puede tomar decisiones, ni el gobernador ni el secretario general ni el fiscal no nos han querido dar la cara. Al gobierno estatal no le interesa el tema de los desaparecidos”, denuncia.
ACOSO, POR PERSEGUIR FANTASMAS
El profesor Ernesto Serna García, especialista en derecho constitucional, reconocido por su trabajo a favor de personas declaradas como presos políticos, desapareció el 10 de mayo de 2018 en el municipio de San Agustín de las Juntas y desde entonces no solo la investigación sobre su paradero se encuentra estancada, sino que sus familiares que han decidido buscarlo han sido acosados e incluso ridiculizados por autoridades que les cuestionan su decisión de “buscar a un fantasma”.
“No he recibido respuesta de las autoridades, lo que he recibido es hostigamiento de personas prepotentes de personas encargadas de organismos tan importantes”, expresa Abril Serna, hija del profesor durante un mitin en el zócalo de la ciudad de Oaxaca con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
En México, expone, tanto las cifras de los desaparecidos como sus datos son incógnitas que varían dependiendo la fuente. Aunque hasta junio de 2018, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tenía 581 expedientes abiertos por quejas por de desaparición de personas, para el registro público que exhibe la Fiscalía General del Estado de Oaxaca el número era de apenas 191 en noviembre de 2017; cuatro meses después, en abril de 2018, reportó la misma cifra.
“En México los nombres de los desaparecidos no son públicos, no sabemos quiénes son, cómo son ni cuáles son sus historias.
“En Oaxaca, las cifras presentan un total de registro de personas relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas que permanecen sin localizar, del 50% de las desapariciones en Oaxaca se carece de datos en cuanto al municipio que ocurrió, señas particulares, etcétera, estos datos son otorgados por las Fiscalías estatales.
“En mayo de 2018 la Fiscalía reportó 14 personas desparecidas, una persona afortunadamente fue localizada, entre las aún no localizadas está Ernesto Serna García, uno no puede permitir que su familiar desaparezca de la nada, no se hizo polvo”, señala.
INVESTIGACIÓN INSERVIBLE
Aldo González Aguirre era estudiante de ingeniería en el Tecnológico de Monterrey campus Puebla y desapareció el 8 de agosto de 2013. La Policía Estatal ocultó a su madre información que pudo haber ayudado a encontrarlo.
Esperanza Aguirre Soriano ha participado en diversos colectivos de búsqueda de personas, con lo que ha recorrido diversas ciudades del país como Torreón y Piedras Negras, Coahuila. Su búsqueda ha llegado incluso hasta Guatemala. Por sí misma buscó a Aldo por toda la Sierra Sur y la Costa, en San Mateo Río Hondo, a donde se dirigía el día que lo vio por última vez su familia.
“Nosotros no hemos descansado, desde el día en que mi hijo desapareció”, relata.
“Empezaron las búsquedas diario, nos pasamos muchos meses buscándolo, llegamos hasta Guatemala, como nunca lo encontramos. La Policía nos decía que mi hijo andaba por ahí vagando, nosotros descartamos eso, los que hicimos la investigación fuimos nosotros, mi hijo jamás anduvo en la calle”, agrega.
Fue hasta hace tres meses cuando una agente de la Fiscalía General de la República retomó la investigación que obtuvo nueva información sobre el caso. La señal del teléfono de su hijo fue detectada los días 8, 9, 10 y 11 de agosto en el municipio de San Bartolo Coyotepec. A pesar de que la Policía tenía esa información nunca la comunicaron ni a la familia ni a la Fiscalía.
“Las investigaciones de la policía se han centrado en lo que nosotros les dijimos, que él se fue a Río Hondo, sus búsquedas han sido inútiles, las han hecho en ese lugar, pero ellos sí sabían que el teléfono se había localizado solo en San Bartolo. Cuando se los reclamé lo aceptaron”, indica..
“Aquí las investigaciones han sido inútiles, las autoridades hacen caso omiso, como si fuera cualquier cosa lo que se perdió”, agrega.
–¿Usted continuará con su búsqueda?
–Claro, porque no solo mi hijo, hay muchas personas que nos están esperando, ser encontrado, ser buscado.
