La desconfianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad y de procuración e impartición de justicia, el deterior del Ministerio Público, la falta de policías, el avance del crimen organizado y la corrupción, son factores que han colocado a la entidad dentro del grupo de los 13 estados de la República con muy alta impunidad, de acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad de las Américas Campus Puebla; el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez argumenta que no cuenta con el presupuesto suficiente para cumplir con su tarea
Luis RAMÍREZ / Alonso PÉREZ AVENDAÑO
Los índices de impunidad en Oaxaca son, al igual que en el país, catastróficos.
En Oaxaca, una entidad que ha superado al estado de Morelos en el nivel de violencia, se cometen un promedio de 97 asesinatos al mes, esto es más de tres crímenes al día.
De acuerdo con la agrupación México Evalúa, en la entidad, de cada 100 homicidios, 94.1 por ciento quedan impunes.
De acuerdo con especialistas la impunidad se debe a tres factores: la desconfianza en las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia para denunciar los delitos, el deterioro de la institución del Ministerio Público, el personal que ha venido siendo superado por el crimen y la corrupción.
El estudio Índice Global de Impunidad México 2018 elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, ubica a Oaxaca dentro de las 13 entidades del país con muy alta o elevada impunidad.
La investigación que durante nueve meses realizó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla concluye que la media nacional de impunidad es alta y se ubica en 69.21 puntos.
El documento que analiza el fenómeno con indicadores específicos por cada entidad del país, establece que Oaxaca reporta un índice de impunidad muy alta y alcanza 75.12 puntos, similar a los estados de Puebla y Veracruz.
En tanto, el informe sobre el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019, presentado por la organización Impunidad Cero, ubica a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en la primera posición en impunidad.
La organización Impunidad Cero presentó la tercera edición de este índice, mismo que precisa que los estados de Oaxaca y Morelos encabezan la lista de las entidades con mayor nivel de impunidad en homicidio doloso, en el país, (99.3%) seguidas de Guerrero, Chiapas y Baja California Sur.
El documento detalla que “los indicadores de impunidad en homicidio doloso y el porcentaje de sentencias de menos de tres años incorporan información importante al índice, ya que permiten evaluar la persecución y la aplicación de sanciones para los delitos de alto impacto”.
El estudio establece que en términos generales no se observa una mejora en la procuración de justicia en nuestro país. Los indicadores de estructura y recursos con los que cuentan las procuradurías y fiscalías no presentan cambios sustanciales respecto de la edición anterior del índice.
Agrega que el tiempo medio que le toma a una víctima denunciar un delito ante la fiscalía, se observó un aumento, por lo que es necesario que se revisen los modelos de atención inmediata en las procuradurías y fiscalías estatales.
En términos generales concluye que el sistema de justicia penal acusatorio ha mostrado ser más efectivo que el inquisitivo, aunque hay muchos aspectos que mejorar y advierte que “no debemos permitir una contrarreforma que merme el avance alcanzado”.
A su vez, el estudio Índice Global de Impunidad México 2018 establece que la ineficacia institucional en materia de procuración e impartición de justicia se acumula y forma una cadena en las distintas fases del proceso: desde la comisión del delito, la integración de un expediente, la investigación, la posible sentencia del inculpado y la reparación del daño a la víctima.
Subraya que la confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad continúa a la baja, ya que el porcentaje de delitos no denunciados aumentó de 92.8% a 93.7% en dos años.
El reporte indica que existe una disminución en las capacidades de los ministerios públicos estatales y que hay 3.53 agencias para atención por cada 100 mil habitantes. Así mismo, disminuyó el número de agentes por cada 100 mil personas, al pasar de 7.6 a 6.27.
México tiene la mitad de los policías preventivos que debería tener. El estado real de fuerza operativo es de 120,001 policías estatales, cuando la cifra debería ser de al menos 235,944. La Ciudad de México y Tabasco son las únicas entidades que están por arriba del estándar nacional de policías estatales que aprobaron las evaluaciones de confianza.
En lo que respecta a aquellos que imparten la justicia, el reporte menciona que se encuentran saturados de trabajo, lo cual podría generar consecuencias negativas. Así mismo, el personal penitenciario ha disminuido, lo cual puede favorecer la existencia de riñas y motines.
LAS JUSTIFICACIONES DEL FISCAL
El 76% de las carpetas de investigación que inició la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en 2018 por el delito de homicidio doloso quedaron en la impunidad, sin resolución, con los victimarios en libertad. En un contexto en el que el número de víctimas de asesinato en Oaxaca supera en promedio los 90 mensuales y que ha ido en incremento durante la actual administración. La impunidad es creciente.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 en la entidad se iniciaron 983 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso. De éstas, de acuerdo con la FGEO, solo el 24% tuvieron una resolución a través de la formulación de una imputación, de una vinculación a proceso o de una sentencia.
La estadística de la Fiscalía representa que 747 casos de homicidio doloso reportados en 2018 quedan aún sin resolver.
A pesar de la alta impunidad que representa esta cifra, para el fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, se deben revisar los números en un contexto en el que la dependencia a su cargo se está reestructurando después del anárquico estado en la que la encontró en mayo de 2017, cuando fue electo por el Congreso del Estado para sustituir a Joaquín Carrillo Ruiz, el segundo fiscal que tuvo bajo su mando Gabino Cué Monteagudo.
Vasconcelos subraya que, en 2017, en el primer año de su gestión, se resolvieron solo 2% de los casos de homicidio doloso registrados en el estado, por lo que elevar el número de casos resueltos en sentido favorable a 24% es la muestra de que se está trabajando a pesar de la falta de recursos que afecta a la dependencia.
De este 24% de casos de homicidios dolosos que se judicializaron en 2018, se desconoce cuántos casos se resolvieron con una orden de aprehensión ejecutada en contra del presunto responsable y en cuántos se dictó una sentencia condenatoria. Aunque la información fue solicitada a la Fiscalía, al cierre de la edición no hubo una respuesta favorable.
En 2019, el fiscal resalta que, gracias a la priorización en las tareas de investigación de homicidios, de 536 carpetas de investigación abiertas hasta el 31 de julio pasado se consiguieron 180 órdenes de aprehensión y 140 presuntos responsables vinculados a proceso.
Respecto a delitos sexuales, la cifra de casos a la que se dio un seguimiento favorable rondaba los ocho puntos porcentuales en 2017 y en 2018 superó el 40%.
Estos avances, apunta, se han logrado partiendo desde el estado de parálisis grave en que se encontraba la Fiscalía –con 200 mil carpetas de investigación y averiguaciones previas en rezago- y un estado de anarquía que tocaba a todas las áreas, “cada quien hacía lo que quería, el director de la Agencia Estatal de Investigaciones se creía autónomo, los vicefiscales andaban cada quien por su lado y no era cierto eso de que el fiscal general controlaba todo. Hoy ya no es así, hoy el fiscal general controla a todos y tiene a su mando las tres principales áreas y en virtud de esta organización a la instrucción específica de coordinación”, resalta.
OAXACA, 97 ASESINATOS CADA MES
Oaxaca ya no está compitiendo con Sinaloa ni con Tamaulipas. Superó ya incluso a Morelos en una ruta que resulta gravemente riesgosa. Los primeros siete meses del año (enero-julio) cerraron para el estado con 672 víctimas de homicidio doloso, que lo coloca como el número 13 con mayor incidencia en este tipo de delitos.
Estados que llevan más de una década entrampados en la lucha entre cárteles del narcotráfico y entre estos y el Estado reportan un menor número de víctimas. De acuerdo con el SESNSP, Morelos registró de enero a junio 582 víctimas; Tamaulipas, 506 y Sinaloa, 496.
Aunque las estadísticas de asesinatos dolosos en Oaxaca disminuyeron 7.3% en enero-julio de 2019 respecto al mismo periodo de 2018, en el acumulado, entre 2017 y 2019, el aumento en este tipo de delitos es de 21.1%.
Entre enero y julio de 2017 se registraron en el estado 565 víctimas de homicidio doloso; en el mismo periodo de 2018, 725 (+28.45%); y en 2019 fueron 672 (-7.3% respecto a 2018). El acumulado de homicidios indica que los registros son 21.1% superiores a los que se tenían en el primer año de la administración de Alejandro Murat.
Los estados que mayor número de asesinatos intencionales reportan para los primeros siete meses de 2019 son Baja California, 1,685; Guanajuato 1,980; Chihuahua, 1507; Guerrero, 1,125; Jalisco, 1,608; Edomex, 1,730; CDMX, 1,047; Veracruz, 988; Michoacán, 990; Nuevo León, 957; Puebla, 769; Sonora, 679; y Oaxaca, 672.
Para el fiscal general del estado, la alta incidencia de asesinatos en Oaxaca resulta de dos factores, el contexto histórico del estado y una lucha cada vez más sanguinaria por el control del mercado de las drogas.
Vasconcelos, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, resalta que con base en un estudio estadístico que realizó, entre los años 90 y los primeros años del siglo XXI -antes de que iniciara la guerra entre el Estado y las bandas del crimen organizado-, verificó que Oaxaca ocupó uno de los tres primeros lugares del país por el mayor número de homicidios dolosos.
Hoy, sin embargo, admite que el alza en el número de homicidios está vinculado a lo que se conoce como «la lucha por las plazas» del crimen organizado.
“Lo que estamos viendo en Oaxaca es que hay un grupo de ciudades donde hay la presencia de grupos criminales tratando de dominar el mercado de ciertas sustancias, por ejemplo, drogas», explica.
“Los delitos están vinculados con cierto tipo de criminalidad, la derivada de la venta de drogas, del tráfico de personas, del tráfico de migrantes, en el Istmo y la Cuenca la derivada del huachicol, estas tres actividades que no persigue la Fiscalía del Estado, sino son delitos de la Fiscalía General, tienen como consecuencia delitos que nosotros perseguimos. Un altísimo número de homicidios en el Istmo y la Cuenca tienen relación con el tráfico de migrantes o con el narcotráfico con el narcomenudeo”, señala.
LA IMPUNIDAD ES MUCHO MÁS ALTA
El reporte Hallazgos del centro de investigación en políticas públicas México Evalúa señala que en México 96% de los crímenes denunciados en 2018 quedaron en la impunidad. Al revisar la eficiencia de las fiscalías de los estados, la organización encontró una nota contrastante para Oaxaca. Por un lado, la Fiscalía es la octava del país que más casos resolvió el año pasado; por otro lado el nivel de impunidad al considerar la totalidad de crímenes denunciados es aún altísima: del 94.1%.
Vasconcelos Méndez apunta que el reporte de México Evalúa debe contextualizarse, pues abre un debate largamente discutido entre juristas sobre la definición de impunidad. Para la organización, cualquier crimen por el que no se dictó una resolución condenatoria o un acuerdo entre partes significa un crimen impune. Para el fiscal es necesario comprender que la impunidad toca únicamente a aquellas denuncias que no reciben una determinación.
El reporte de México Evalúa señala que, a nivel nacional, del total de carpetas de investigación iniciadas únicamente en el 49.6% se dio algún tipo de determinación, siendo el “archivo temporal” la figura más usada (60.5%), seguida por el “no ejercicio de la acción penal” (16.4%).
Archivo temporal, subraya el reporte, significa que las carpetas se “guardan” en el escritorio del Ministerio Público, quedando detenida cualquier actividad investigadora. En Oaxaca, más del 55% de las denuncias presentadas recibieron esta determinación.
Para Vasconcelos Méndez sin embargo el archivo temporal no significa “meter al cajón” las investigaciones, puesto que si bien son delitos menores que no pueden resolverse en lo inmediato, la información es analizada en conjunto en búsqueda de patrones o estadísticas que permitan generar una estrategia diferente para combatir el delito.
“No es que el daño que le es causado a los ciudadanos se entierra, hay un proceso diferente, de análisis criminal que lleve a la determinación de su asunto, no de forma inmediata, quizá, pero sí de forma mediata a través de una metodología de investigación», apunta.
Asimismo, es tajante al señalar que tratándose de delitos menores, que representan el 70% de los que se denuncian, la Fiscalía carece de recursos suficientes para investigarlos uno a uno.
“También se le dice a la víctima algo, es muy difícil para nosotros resolver un caso de una cartera robada, de un celular robado, también les decimos con toda claridad que la Fiscalía no va a hacer más actividad que la necesaria para resolver esos casos porque nuestros recursos de persecución penal son muy escasos, van ahorita a los delitos más graves. Ese es el tema”, asegura.
PRESUPUESTO INSUFICIENTE
El tercer factor a revisar respecto al número de delitos que puede o no perseguir la Fiscalía de Oaxaca refiere al presupuesto con el que cuenta anualmente, «insuficiente», según lo califica el propio fiscal.
Aunque desde 2018 presentó al Congreso del Estado una solicitud presupuestal para avanzar con mayor rapidez en el proceso de reestructuración de la Fiscalía del Estado, hasta ahora el proyecto no ha sido respaldado por los diputados. Para 2019 la variación de los recursos resultó mínima.
Actualmente, de alrededor de 600 millones de pesos de presupuesto con los que cuenta, 90% se destinan al pago de nómina y 10% es para operatividad.
“La Fiscalía no tiene el presupuesto suficiente para atender el número de delitos que ahora tenemos, que cada vez son mayores.
“Si queremos una mejor procuración de justicia, no nada más le corresponde al fiscal general, sino a todas las instituciones.
«El que México Evalúa nos coloque entre los 10 mejores es menor, hace dos años cuando llegué a la Fiscalía estábamos en el número 23, no es menor pero debe tener un efecto. Cuál es, considerar que nosotros ya estamos entregando resultados. El Congreso del Estado tiene una forma razonable hay que entregar recursos a las instituciones que están dando resultados. Si tuviéramos un poco más de presupuesto no nada más aumentarían los índices de judicialización de casos de mayor trascendencia social, sino también nuestros indicadores relacionados con el ranking nacional», asegura.
El estudio Índice Global de Impunidad México emite 16 recomendaciones claves para revertir este fenómeno, como implementar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad en el ámbito local.
Pero además advierte que el nuevo sistema de justicia penal puede fracasar si los elementos operativos y administrativos de seguridad locales no están debidamente capacitados.
Otros puntos importantes que propone este reporte es revisar la autonomía, capacidades y funcionamiento de las instituciones de justicia de los estados; garantizar la autonomía de las fiscalías; evaluar las capacidades y funcionamiento del actual sistema penitenciario, así como la autonomía de las Comisiones de Derechos Humanos de cada entidad.
