Rubén Vasconcelos Méndez, titular de la Fiscalía General del Estado, pretendió “pararse el cuello” con el trabajo realizado por elementos de las fuerzas armadas en coordinación con la Guardia Nacional, quienes a través de un trabajo de inteligencia rescataron a un joven que horas antes había sido secuestrado en céntricas calles de la capital. El funcionario convocó a una conferencia de prensa, pero no supo explicar los detalles del rescate ni estaba enterado si hubo o no pago del rescate como tampoco que los detenidos habían sido trasladados vía aérea a la Ciudad de México
Yolanda Peach
Ante la ineficacia mostrada por la Fiscalía General del Estado a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, no sólo en resolver delitos de alto impacto, sino en general cualquier tipo de ilícito, lo que ha favorecido el incremento de la inseguridad en Oaxaca, la Guardia Nacional asignada a esta entidad, ha entrado al relevo para esclarecer actos delitivos como un secuestro ocurrido en los últimos días en pleno centro de la ciudad.
Elementos federales ya trabajan en labores de inteligencia con la finalidad de erradicar y combatir delitos de alto impacto; en tanto, la Fiscalía continúa archivando expedientes o incluso, ni siquiera inicia las investigaciones cuando sabe de algún delito.
CONMOCIONA SECUESTRO
Previo a los festejos de la Guelaguetza y días después de la llegada de tres mil elementos de seguridad, entre Guardia Nacional y efectivos de la Marina, ocurrió un secuestro que impactó a la ciudadanía.
Lo que más estremeció es que el plagio ocurrió en céntricas calles de la ciudad alrededor de las 10 de la mañana. Un vehículo compacto en el que viajaba un grupo de hombres armados, vestidos de policías, interceptó el automóvil marca Mercedes Benz en el que viajaba un joven, hijo de un comerciante local.
Amenazándolo con un arma, lo obligaron a descender de su carro y subirse al que llevaban éstos; enseguida, escaparon del lugar.
Al tener conocimiento de lo sucedido, la policía llegó al lugar del plagio y todavía encontró el Mercedes Benz encendido con la llave puesta, así como las pertenencias personales del joven.
Circuló que, casi enseguida, los captores se comunicaron con la familia para exigir más de 13 millones de pesos por liberarlo, comenzando las negociaciones.
Un día después, se supo que el joven había sido liberado. Incluso se dijo que previo el pago acordado con los captores.
Al saberse del rescate, el fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez, convocó a una conferencia de prensa en la que evitó dar detalles del secuestro del joven, sólo pudo decir que ya estaba en su hogar después de 28 horas privado de su libertad; sin embargo, aprovechó para informar que en el último año han conocido de 18 secuestros y se han rescatado ilesas a 17 víctimas.
“Puedo asegurar que nuestra Unidad Antisecuestros es una de las mejores del país, porque logra recuperar a través de diversos procesos, entregar a las víctimas ilesas a sus familias”, presumió.
Se intentó conseguir una entrevista con el fiscal especializado para la Atención a Delitos de Alto Impacto, Juventino Pérez Gómez; sin embargo, no estuvo en su oficina y su secretaria quedó en llamar.
Mauricio Martín Carrillo, subdirector de la Fiscalía especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto indicó que no tenía conocimiento del tema de secuestros y no podría dar una entrevista; sin embargo, un agente del Ministerio Público adscrito a esta oficina, informó que, en cuanto al secuestro del joven, la Fiscalía General del Estado se limitó en otorgar asesoría a los familiares de la víctima.
Señaló que en diciembre del año pasado se modernizó la Unidad de Combate al Secuestro, con equipo que consta de un dispositivo de grabación de alta resolución, software especializado, videocámaras y aditamentos especializados para brindar atención efectiva a las víctimas de extorsión y secuestro.
INTERVIENEN FUERZAS FEDERALES
Amigos allegados a la familia del joven confirmaron que éste fue secuestrado a las 10 de la mañana del 17 de julio. Aunque la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de lo ocurrido, no hizo nada al respecto.
La Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional se hizo cargo.
Elementos de la recién creada institución policiaca se encargó del trabajo de campo, en una investigación científica y precisa.
Al otro día, 18 de julio, personal encubierto de la Secretaría de la Defensa Nacional logró rescatar al joven en un lugar despoblado, al tiempo de detener a los implicados. No se pagó nada.
Los castrenses trasladan a los detenidos directamente a las oficinas de la Fiscalía General de la República.
Al no saber nada de lo ocurrido, en la conferencia de prensa que ofreció al otro día, el fiscal, Rubén Vasconcelos Méndez, carecía de información.
No precisó en donde fue el operativo, si se pagó un rescate ni mucho menos habló de los detenidos.
“La Fiscalía no hizo nada (…) pretendía pararse el cuello con el trabajo de las fuerzas castrenses”, comenta la fuente.
Lo cierto es que, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, en coordinación con la Guardia Nacional, trabajan para disminuir los índices de inseguridad y violencia.
Para el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, Oaxaca se ubica como la cuarta entidad más violenta del país con alrededor de 15 zonas clasificadas como inseguras, nueve de éstas son consideradas de alto riesgo.
DESCENSO LOCAL
Cifras oficiales y de diversas organizaciones revelan que el delito de secuestro en Oaxaca presenta un descenso este 2019 comparado con años anteriores.
La actual administración federal publicó que en el país de diciembre de 2018 a junio de 2019 han ocurrido mil 107 secuestros.
La mayoría de los casos en Veracruz con 292; 190 en el Estado de México; 79 en la Ciudad de México y 65 en Puebla. Oaxaca está en el lugar 17 con 17 casos, cifra que supera a Nuevo León, Sonora y Colima.
No obstante, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, advierte que, en promedio, por cada secuestro reportado, cinco no se denuncian.
La asociación Alto al Secuestro, revela que un total de 255 secuestros de 2006 a 2017; por municipios, de 73 secuestros cometidos, 39 fueron en Oaxaca de Juárez, 24 en San Juan Bautista Tuxtepec, 17 en Pinotepa Nacional, 15 en Loma Bonita y 10 en Ejutla de Crespo.
El recuento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que de 1997 a 1999 fue el periodo con la incidencia más alta de secuestros en Oaxaca; 69 casos en 1997, 54 denuncias en 1998 y 78 secuestros en 1999.
Los siguientes siete años tuvieron un promedio de 6.2 casos en siete años, las cifras más bajas registradas. En el año 2000 fueron 10 casos, en el 2007 nueve y en el 2005 sólo se inició una indagatoria por secuestro.
El incremento inició en el 2008 con 27 casos, 33 en el 2009, 26 en el 2010 y 63 en el 2011; después continúa el descenso en el 2012 con 56 casos, 45 casos en 2013 y 35 en el 2014.
EL PEOR DELITO
Se le llaman delitos de alto impacto porque no sólo dejan huellas perenes en la víctima, también en la familia y en el entorno social. La ejecución del delito de secuestro crea un clima de inseguridad que termina por repercutir en la economía de la zona, impacta negativamente en el turismo, daña la imagen de la ciudad y provoca paranoia.
Más allá de la posibilidad de generar un desequilibrio emocional o una sicopatología en la víctima, el secuestro altera el funcionamiento síquico y la relación con el entorno social.
En tanto, la sociedad vive como si estuviera secuestrada. La presencia constante de este delito, la impunidad y la ausencia de alternativas de control y solución, la confrontan a vivir con temor, transformando a cualquier persona en fuente potencial de peligro.
Estudios publicados por la Universidad Nacional Autónoma de México, refieren que las principales víctimas de los secuestradores son personas de conocida solvencia económica, como empresarios, industriales, políticos, comerciantes, ganaderos, artistas, así como los familiares de éstos.
Los lugares donde más comúnmente ocurren secuestros son en el trabajo o casa, restaurantes o sitios cercanos al domicilio.
“La cifra de secuestros se mantiene. La diferencia es que antes los secuestros lo sufrían personas con cierto nivel económico, ahora secuestran a víctimas con recursos y sin dinero. Piden rescates de millones y otros de unos pocos miles de pesos”, revela un agente estatal de investigaciones.
SIN BANDAS ORGANIZADAS
El secuestro había comenzado a aparecer como una constante en Oaxaca, principalmente de empresarios.
Se llegaron a desarticular varias bandas, ninguna de redes de narcotráfico. Poco a poco disminuyó el delito.
Un estudio reciente de la empresa de seguridad AGS Group dedicada a prestar servicios de Protección Ejecutiva y Residencial de alto nivel, asegura que el nuevo blanco son familias de profesionistas o pequeños y medianos empresarios de clase media o media alta, toda vez que estas personas no cuentan con un equipo de seguridad con el que puedan defenderse de dichos ataques.
“En muchos casos no tienen la logística de mantener a la persona secuestrada por mucho tiempo y prefieren lamentablemente quitarle la vida en lo que están negociando, entonces para ellos resulta mucho más fácil y generalmente son los secuestros que ellos consideran de menor impacto (mediático)”, indicó.
En cambio, las familias de clase alta y los empresarios de gran perfil del país tienen equipos de seguridad profesionales y discretos que dificultan el trabajo de los delincuentes, por lo que ahora buscan victimas con un perfil socioeconómico menor.
El Código Penal para el Estado de Oaxaca señala, en su artículo 348 que quien comete el delito de secuestro, quien prive de su libertad a otro, para obtener un rescate en dinero, en especie o información que la víctima o una persona relacionada con ella pueda tener en razón del empleo o actividad que desempeñe o para causarle un daño o perjuicio al secuestrado o a persona distinta pero relacionada con éste.
La pena es de 40 a 65 años de prisión. Se incrementa de 70 a 105 años si la víctima fue asesinada, si los plagiarios operan en grupo o banda, si el implicado pertenece o perteneció a una institución de seguridad pública o privada, de procuración de justicia o se ostente como tal y si tiene una relación de parentesco o confianza con la víctima.
Pero, a pesar del endurecimiento de las penas, el delito no se ha inhibido.
