Cuatro años permaneció escondido en el monte por temor a ser privado de su libertad, luego de que un grupo de transportistas irregulares, en contubernio con el fiscal en jefe de Pochutla, le fabricaran diversos delitos, amén de agresiones físicas y patrimoniales, don Antonio Cortés Bustamante recurrió a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia, pero se enfrentó a la indolencia y decidía del titular Rubén Vasconcelos Méndez, cuya omisión le causó la muerte
Sergio CRUZ
Don Antonio Cortés Bustamante nunca se cansó de suplicar justicia.
Recurrió a diversas instancias.
Acudió a las autoridades locales.
A través de su familia buscó citas con el fiscal general del Estado.
Realizó denuncias públicas a través de videos.
Se acercó a periodistas.
Pidió ayuda a organizaciones sociales.
Encabezó bloqueos en las oficinas de la Fiscalía.
Finalmente fue asesinado.
Nativo de Los Reyes Chacalapa, del municipio San Pedro Pochutla, don Antonio se dedicaba a la siembra de maíz.
Tres familiares cercanos, incluida su esposa, tienen una concesión del transporte público, lo que, aunado a sus labores del campo, le ayudaba a tener una solvencia económica que le permitía apoyar a la gente de su pueblo.
Ayudaba a estudiantes y maestros de preescolar, primaria y secundaria con dinero o en especie. Abrió una brecha que beneficiaba a los escolares a llegar a sus escuelas en la temporada de lluvias, ante la creciente de los ríos principales en la comunidad.
“Siempre le preocupó el pueblo. Soñaba con su desarrollo y entre sus ideales, era que todos tuvieran las mismas oportunidades de crecimiento”, recuerda su hijo.
Pendiente de lo que ocurría en Los Reyes Chacalapa, se percató, al igual que miembros de la Unión de Concesionarios del Servicio Público de San Pedro Pochutla (agrupa 14 organizaciones de transportistas que operan en diversos municipios de la Costa) del desmedido crecimiento y descontrol en el ordenamiento del transporte público.
Más grave que la ilegalidad en que operaban estos vehículos, es que comenzaban a incrementarse los asaltos en el tramo carretero de Candelaria Loxicha a San Pedro Pochutla.
La Unión de Concesionarios del Servicio Público de San Pedro Pochutla está conformada por las agrupaciones Azteca de Oro, Los Naranjos, Pluma Hidalgo, San Mateo Piñas, San Isidro del Camino, Tierra Blanca Loxicha, San Rafael Totontepec, Los Reyes Pochutla, Tachicune Pochutla, entre otras líneas del transporte debidamente registradas.
PIDE ALERTA ANTE DELITOS
Don Antonio, al igual que los concesionarios, acusó con oportunidad que las camionetas de transporte afiliadas al Sindicato Libertad y a la CTM, específicamente la agrupación del servicio público mixto de alquiler con razón social Los Tres Reyes, perteneciente a los Reyes Chacalapa, transitaban en pésimas condiciones, no tenían permisos de circulación ni placas o, en su defecto, eran apócrifas.
Explicó que concesionarios de esa agrupación no tenían la antigüedad mínima de 10 años como choferes del transporte público de alquiler y las concesiones que les fueron expedidas durante la administración del gobernador Gabino Cué no fueron publicadas en el Diario Oficial del Estado ni se realizó el pago respectivo ante la Secretaría de Finanzas.
Encima, las camionetas al servicio de “Los Tres Reyes” no tenían póliza vigente de seguro de viajero, ni cumplían con la ley y reglamento de la Secretaría de Movilidad, tampoco tienen la carta de anuencia del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla para operar.
“La extinta Secretaría de Vialidad y Transporte, no realizó el estudio de factibilidad en virtud de que Los Reyes Chacalapa es una ranchería de menos de 400 habitantes que no viajan al mismo tiempo ni el mismo día”, lamentó en su momento.
Concesionarios habían revelado que existían dos procesos de revocación en contra de la línea de pasaje “Los Tres Reyes”, una por parte de la Secretaría de Movilidad y el otro interpuesto por concesionarios inconformes.
Casualmente, las camionetas que no pertenecían a esa organización, precisamente la Unión de Concesionarios del Servicio Público de San Pedro Pochutla, eran objeto de asaltos carreteros, lo que dañaba severamente su imagen y, por ende, su economía.
Los asaltos violentos se convirtieron en una constante. Uno de los casos más impactantes fue cuando seis hombres encapuchados armados con fusiles y pistolas atracaron por la madrugada una camioneta de la empresa Líneas Unidas, la cual se dirigía con cupo lleno a la capital oaxaqueña, procedente de San Pedro Pochutla. En otro atraco, una de las pasajeras fue atacada sexualmente.
ENDURECEN HOSTIGAMIENTO
Transportistas, quienes ya le habían pedido apoyo a don Antonio para que los ayudara a conseguir concesiones, comenzaron una “guerra sucia” en su contra, con la complicidad del fiscal en jefe de la Fiscalía local de San Pedro Pochutla, Luis Armando Martínez Ramírez. En noviembre de 2015 comenzaron a fabricarle delitos, ya que lo veían como un estorbo para adueñarse de la plaza.
Ante el hostigamiento, don Antonio denunció públicamente a David, Anselmo Figueroa, José Juan, Nicolás Cipriano, José Antonio, Eduardo, Cuauhtémoc, Jonás, así como un abogado de nombre Héctor, concesionario y vecino de Chacalapa, de la persecución en su contra, que lo llevó a esconderse durante cuatro años en el monte con el temor de ser privado de su libertad injustamente.
Los acusó de generar miedo y desestabilizar en la comunidad Los Reyes Chacalapa, generar violencia, inseguridad e impedir a otros trasportistas brindar el servicio, ya que eran golpeados, asaltados y amenazados de muerte para quedarse con la ruta.
Don Antonio se enteró, que el grupo de agitadores, con apoyo de este fiscal en jefe de la Fiscalía local de Pochutla, le fabricaban ilícitos, como asalto y robo específico de una motocicleta, “no cometí ningún delito, tengo una buena solvencia económica y no tengo la necesidad (…)”, comentó en una entrevista que se le realizó en esas fechas. Aseguró que la población lo avalaba como un ciudadano honesto y trabajador.
Uno de los denunciantes, David, en la causa penal 419/2015, lo acusó del robo de un celular y cuatro mil pesos; presentó como testigos a su esposa y a su hermana.
José Juan, otro denunciante en la causa penal 422/2015, lo señalaba de asalto y robo especifico de una motocicleta y mil 800 pesos. Su madre y su tío fueron sus testigos.
Una vecina, quien se arrepintió de prestarse como testigo falso del denunciante David, buscó al fiscal para retractarse; sin embargo, no fue recibida, por lo que incluso solicitó la intervención de la Defensoría de Los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, cuyo organismo levantó el acta correspondiente.
Vecinos acusaban a los agitadores de entregarle una cantidad exorbitante al fiscal en jefe para fabricar los delitos, incluso, decidieron tomar la Fiscalía para exigirle que actuara con apego a la verdad y a la justicia.
También el Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (Codedi) decidió apoyarlo. Tomaron 10 veces las oficinas de la Fiscalía en Pochutla para exigir justicia. No encontraron respuesta.
BUSCAN APOYO SIN ÉXITO
Don Antonio, ante el temor fundado de ser víctima de atropellos, vivió cuatro años escondido entre el monte, sin poder ver a su familia.
En tanto, su familia era hostigada y en uno de los últimos ultrajes, golpearon con saña a su hijo Esaú. La paliza fue tal, que después de perder la conciencia, fue internado en una clínica particular en la ciudad capital.
También calcinaron un tractor agrícola de su propiedad. Pese a las denuncias formales, el fiscal en jefe, archivó las indagatorias.
Al salir la nota publicada la nota en Real Politik de los actos de corrupción en que incurría el citado fiscal en jefe de Pochutla, Luis Armando Martínez Ramírez, la dependencia decidió quitarle la adscripción a la zona.
Lo último, hace un mes. Una insistente llamada anónima sobre tráfico de armas provocó que militares, mediante orden de cateo, entraran a su casa a revisarla minuciosamente después de que lo acusaran de almacenar armas de fuego de grueso calibre. No encontraron nada.
Desesperados, tanto la esposa como el hijo de don Antonio, buscaron el apoyo del fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez, éste, primero los citó en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en el complejo de Ciudad Judicial, en Reyes Mantecón. Los hizo esperar más de cinco horas y no llegó, después los citó en lo que era el Centro de Atención Temprana (CAT), en el centro de la ciudad, tampoco llegó; posteriormente los citó en el edificio de La Experimental y nuevamente no los recibió.
Tras varias citas fallidas, los atendió finalmente un abogado que se identificó como Camarillo, coordinador de fiscales de la Fiscalía General del Estado, quien se comprometió a darle cuenta al fiscal general.
Por último, vía telefónica, Rubén Vasconcelos le aseguró a su hijo Esaú, que su padre podría andar en total libertad, ya que los expedientes fabricados estaban inactivos; incluso les prometió que en nueve días estaría resuelto el tema.
Ante las inclemencias de los temporales que azotaron la región y aún con temor, don Antonio iba saliendo de su escondite, al tiempo que retomaba sus labores en el campo. Sólo una semana pudo gozar de esta “libertad”.
El sábado 27 de julio, don Antonio estaba acompañado de su esposa y sus dos hijos cuando fue atacado a balazos al volver de su terreno. Murió asesinado después de recibir un impacto de bala.
