Agencias JM
San Raymundo Jalpan. A la persona que en ejercicio de la tutela o estando encargado de la guarda de un menor lo maltrate física, mental o emocionalmente se le pondrán las penas correspondientes por las lesiones, la cual podrá aumentar hasta en cinco años de prisión dependiendo de la gravedad de la agresión; así lo aprobó el Congreso del Estado con la reforma al artículo 281 del Código Penal del Estado de Oaxaca.
Además de las sanciones previstas, la persona que agreda a la niña o el niño, perderá derechos relacionadas a la guarda o tutela del menor, a quien el Estado deberá otorgar medidas de protección.
La Diputada de Morena y promovente de dicha reforma, Magaly López Domínguez, expresó que las nuevas disposiciones legales se desprenden de disposiciones internacionales que tienen como objetivo la protección amplia de la integridad de la o el menor de edad.
“Los Estados deben asumir su compromiso en la protección de niñas y niños, además de brindar el cuidado necesario para su bienestar”, señaló López Domínguez.
En los argumentos de la reforma aprobada, la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXIV Legislatura local, precisó que la protección de la niña o el niño contra toda forma de prejuicio o abuso físico o mental; descuido o trato negligente; explotación, incluido el abuso sexual, es responsabilidad del Estado, lo cual, se debe evitar a través de medidas legislativas, administrativas o sociales.
“Esta reforma aprobada obliga al Estado a cumplir con su responsabilidad y sancionar de manera ejemplar a quien agreda a un niño y una niña; las penas además de ser por la lesión se agravarán hasta en cinco años más de cárcel, dependiendo de la gravedad de la agresión”, apuntó.
De acuerdo con datos de organizaciones civiles, Oaxaca se encuentra dentro de los nueve estados del país con mayor incidencia por maltrato infantil; el estado ocupa la posición número seis con el 5 por ciento de las niñas, niños y adolescentes trabajadores; con lo que respecta al abuso sexual infantil, dependencias del Gobierno del Estado han aceptado que solo son visibles el 5 por ciento de los casos existentes.
