Desde hace más de un año, el secretario de Medio Ambiente Energías y Desarrollo Sustentable promueve un multimillonario proyecto para un nuevo tiradero municipal en los Valles Centrales, pero hasta el momento no hay nada claro; el gobierno federal le canceló otro ambicioso proyecto de transmisión de energía eléctrica de Ixtepec a Yautepec, Morelos, y el parque eólico “más grande de América Latina” recientemente inaugurado en el Istmo de Tehuantepec, estuvo a punto de ser cancelado por un amparo de comuneros ante la Corte tras una consulta amañada
Texto: Alonso PÉREZ AVENDAÑO
Fotos: Esteban CHINCOYA
Entre actos de corrupción, ineficacia y proyectos fallidos opera José Luis Calvo Ziga, secretario de Medio Ambiente Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), el tiradero municipal localizado en la Villa de Zaachila, una bomba de tiempo que cada día consume la salud y la tranquilidad de 20 mil personas que habitan la agencia Vicente Guerrero, perteneciente al municipio de Zaachila.
Pese a que Calvo Ziga ha anunciado durante más de un año que el proyecto multimillonario que impulsa para que una empresa privada opere un nuevo tiradero municipal en los Valles Centrales “será anunciado en unos cuantos días”, hasta ahora esta obra no se ha concretado ni se ha avanzado en el mejoramiento del actual tiradero municipal.
Corrupción en Semaedeso
El pasado 31 de mayo, el periódico Reforma publicó que la empresa Alianza Empresarial Larbin, que Calvo Ziga contrató al inicio de la actual administración estatal para sustituir a Sistema de Ingeniería y Control Ambiental (SICA) en la operación y manejo del tiradero municipal, es una empresa fantasma.
De acuerdo con la información del diario de circulación nacional, el Gobierno del Estado ha pagado desde 2017 más de 11 millones de pesos a esta empresa, cuyo RFC AEL1412119X4, “con el que ha facturado sus servicios, no figura en el padrón de contribuyentes, de acuerdo con los registros del SAT”.
La denuncia por los pagos irregulares a Larbin fue interpuesta por SICA, que además acusó que la secretaría estatal otorgó el contrato sin licitación y que mantiene con ella un adeudo de por lo menos 10 millones de pesos.
Tras la publicación de la nota de Reforma “Empresa fantasma opera relleno sanitario”, el gobierno estatal emitió una aclaración, rechazando que Larbin opere actualmente el tiradero municipal.
Es cierto, Larbin ya no opera el basurero municipal. Las extorsiones que permitió el Gobierno del Estado superaron su capacidad operativa y financiera. Su contrato duró solo del 7 de abril al 10 de octubre de 2017, seis meses.
“Cuando llega Larbin, nosotros nos dimos cuenta que la organización 14 de Junio pretendía controlar el tiradero, a la empresa solo la dejaron sobrevivir seis meses, entonces llegaron los líderes y les dijeron ‘a partir de este mes vas a dar una lana, 100 mil pesos al mes”, cuenta un habitante de la agencia Vicente Guerrero que pide se omita su nombre por el riesgo que corre al denunciar las irregularidades que persisten en la operación del tiradero municipal.
“Larbin empieza con la operación, pero tras la extorsión decide irse. Lo informaron trabajadores que habían estado con SICA y que aceptaron una mejor oferta de Larbin para continuar trabajando, ellos conocían a la perfección la operación del tiradero. Larbin se fue, la que opera actualmente el tiradero es otra empresa que no sabemos cómo se llama”, señalan vecinos que exigen a la Semaedeso que mejore el control sobre la basura que llega a este sitio. Desde octubre de 2017, las condiciones irregulares en las que opera el tiradero se han acentuado.
“Calvo Ziga nunca ha dado la cara a los vecinos, el que atiende siempre las quejas por la contaminación es Alejandro Rustrián (director de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable), a él le hemos expuesto la problemática por el desborde de lixiviados, que apenas con las primeras lluvias que han caído han inundado casas, por la contaminación que genera el basurero y las enfermedades en la población, él ha venido pero niegan la situación.
“Con la empresa que está ni el nombre sabemos, vinieron unos biólogos y químicos, su diagnóstico, lo que nos dijeron, es ‘están en una bomba de tiempo’, ahorita no se le está dando tratamiento a la basura, solo están tirando y tapando, ya nos lo advirtieron, en cualquier momento puede explotar, es un grave riesgo”, expresan vecinos entrevistados.
La pugna por los recursos
Desde entonces la salida de Larbin, el basurero se ha vuelto una pugna por los recursos millonarios que genera su administración, que legalmente corresponde al municipio de Oaxaca de Juárez.
Aunque en teoría el basurero metropolitano solo debería aceptar desechos de municipios conurbados a Oaxaca de Juárez, en la práctica incluso ayuntamientos como Miahuatlán y el penal de mediana seguridad de Mengolí trasladan su basura hasta Zaachila, con autorización de autoridades municipales. Actualmente, más de una veintena de municipios, entre ellos algunos de los más poblados del estado –Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino– utilizan este lugar como principal depósito de desechos. A ellos se suman otros como San Jacinto Amilpas, la Villa de Etla y San Francisco Tutla.
Desde la salida de Larbin del tiradero, tanto la autorización para el acceso de camiones como la cantidad de desechos que cada uno deja en el tiradero se ha descontrolado. “Antes había un control claro de cuántos camiones y de qué municipio ingresaban, pero el municipio de Oaxaca de Juárez (entonces bajo el gobierno de José Antonio Hernández Fraguas), empezó a aceptar una doble contabilidad, si un municipio ingresa 10 camiones, cobra seis solamente, dos se pagan de forma personal (a funcionarios), dos se quedan libres, así empezó a operar”, explicó la fuente consultada. En un cálculo conservador, aseguran, en el basurero se generan entre siete y ocho millones de pesos mensuales, contados oficialmente o no.
“El basurero es un lugar peleadisimo, hay muchos recursos de por medio pero nadie le pone atención a un buen manejo”, señalan las fuentes.
Un proyecto inexistente
José Luis Calvo Ziga se ha convertido en el hombre de los megaproyectos fallidos en la actual administración estatal. Una de las primeras acciones que tomó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue cancelar un proyecto considerado prioritario en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, la línea de transmisión de energía eléctrica de Ixtepec a Yautepec, Morelos, que transportaría hasta 3,000 megawatts en 500 kilovatios y tendría una longitud de 610 kilómetros. “La inversión estimada para el proyecto es de 1,200 millones de dólares”, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo.
El 29 de mayo, el gobernador Alejandro Murat inauguró “el parque eólico más grande de América Latina” en los municipios de Juchitán y El Espinal, donde sectores de la población se inconformaron por una consulta amañada que acompañó tanto la Semaedeso como la secretaría de Energía federal y que llevó el caso a un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proyecto estuvo en riesgo de ser cancelado.
Respecto al tiradero municipal, pese a que existen otras alternativas mucho más eficientes y que requieren una menor inversión, desde el inicio de la actual administración Calvo Ziga se ha empeñado en crear un monstruo inalcanzable de 500 millones de pesos.
Desde agosto de 2017, Calvo Ziga ha pregonado en diversos foros nacionales y estatales que la obra que pretende construir el Gobierno del Estado –que generará energía eléctrica a partir de biogás, no tendrá olores fétidos y “no costará un peso” a la administración estatal- contará con una inversión de 250 millones de pesos aportados a fondo perdido por el Banco Nacional de Obras (Banobras) y el restante 50% de la inversión lo aportará la empresa privada encargada de ejecutar y operar el proyecto que, de acuerdo con las declaraciones del funcionario, en una primera etapa atenderá a 25 municipios y al avanzar alcanzará hasta a 50.
Hasta ahora, pese que el funcionario estatal garantiza que la inversión de la Federación está comprometida, no ha habido un solo avance al respecto.
Insistente en su proyecto, el secretario de Medio Ambiente anunció el pasado 13 de marzo que “en los próximos días” comenzaría la construcción del tiradero en su primera etapa.
Entre incongruencias declarativas, aunque el secretario señaló que este basurero empezaría a operar este mismo año, aseguró que en una primera etapa se gastarían 175 millones de pesos –el 35% de los recursos proyectados- “para bardear las 28 hectáreas que comprenderá” la obra. ¿Entonces el basurero empezará a operar en un terreno con solo una barda?
Calvo Ziga no solo habló entonces de un proyecto del que no se ha colocado ni una sola piedra, sino que además comprometió al gobernador Alejandro Murat a anunciar la ubicación del predio para que se inicien estos trabajos, lo cual hasta ahora no ha ocurrido.
Alternativas, menos costosas, más eficaces
Para solucionar el problema de la basura hay apuestas mucho menos costosas y más eficientes, desde generar depósitos municipales hasta generar plantas de reciclaje de menor tamaño. Ninguna ha sido atendida por la Semaedeso.
Uno de los proyectos fue impulsado como precandidato por Samuel Gurrión, quien contendió por el municipio capitalino por la alianza PAN-PRD. Con una obra que instalaría una planta de reciclaje y generadora de energía eléctrica, se estimaba una inversión de 80 millones de pesos.
En la administración de Gabino Cué, el entonces secretario técnico Bernardo Vásquez presentó un proyecto de modernización que costaría alrededor de 100 millones de pesos.
Otras organizaciones ambientalistas se han pronunciado porque la Secretaría de Medio Ambiente analice propuestas sustentables y adecuadas a las condiciones que enfrenta cada municipio respecto a la generación de basura. Obras como la que plantea construir Calvo Ziga, asegura Eloy Leyva, director de la asociación civil Manejo de Ecosistemas y Paisajes, han demostrado que su fracaso está garantizado. Para ejemplificar refiere al relleno sanitario que construyó el priista Roberto Borge en Cancún en 2015, una obra que anunció como “vanguardia en Latinoamérica” y que para 2017 estaba rebasada por la ingente cantidad de basura que recibía.
“Es el mismo esquema que el proyecto que pretende construir la Semaedeso, si no es que hasta la misma empresa. Habría que debatir con los técnicos de gobierno, pero esta solución no funciona”, expresa. La opacidad respecto a este proyecto, resalta, ha sido la norma.
“Les he preguntado cuál es el costo de metro cúbico para la obra que se está planteando y no me dan datos. Cuánta gente van a necesitar para operar las alrededor de mil toneladas de basura que van a recibir diario, no dan datos. Desde el punto de vista de la asociación y de otros técnicos no funciona, ya está visto. Se necesita discutir, pero cuando se les invita a foros ellos no responden”, apunta.
