De manera extraña, en la lista de comunicadores beneficiados por el anterior régimen y filtrada por el gobierno federal no aparecen las dos grandes televisoras que son las que se llevan la mayor parte del pastel
DANIELA CHAO
Desde periodistas reconocidos por su intachable trayectoria, hasta los odiados por su servilismo al poder. Todos ahora con el mismo estigma.
Ninguna sorpresa provocó la lista que divulgó el gobierno encabezado por Manuel López Obrador en donde reveló los nombres de periodistas y empresas que obtuvieron millonarios contratos en el sexenio anterior. Un gasto erogado, entre 2013 y 2018, de mil 011 millones 812 mil 357.06 pesos.
No causó extrañeza que la lista la encabezara Joaquín López Dóriga, quien, según el documento difundido, cobró por medio de cuatro empresas, un total de 251 mil millones 482 mil pesos.
Lo que sí generó dudas, es que en la lista no aparecieran las televisoras Grupo Televisa ni TV Azteca, pese a que periodistas de estas empresas estén entre los 36 periodistas balconeados.
Tampoco aparecen los diarios El Universal, Excélsior, Milenio y Reforma, principales proveedores en el sexenio pasado, según un informe de medios realizado por Gobernación, al igual que las televisoras, quienes recibirían el 26.9% de la publicidad oficial.
La lista enumera, con el monto más alto, Joaquín López Dóriga, seguido de Federico Arreola-Periódico Digital Sendero, con 153 millones 578 mil 253 pesos; y en tercero Enrique Krauze -Clío y la revista Letras Libres, con 144 millones 80 mil 995 pesos.
Enseguida Óscar Mario Beteta, 74 millones 571 mil 100 pesos; Beatriz Pagés, 57 millones 204 mil 346 pesos; Callo de Hacha, 47 millones 389 mil 112 pesos; Raymundo Rivapalacio, 31 millones 138 mil 703 pesos; Ricardo Alemán, 25 millones 851 mil 109 pesos; Adela Micha, 24 millones 365 mil 501 pesos, y Luis Soto, con 23 millones 631 mil 357.
Continúa la lista con Pablo Hiriart, 22 millones 149 mil 942 pesos; Jorge Fernández Menéndez, 19 millones 776 mil 381 pesos; Rafael Cardona, 15 millones 814 mil 265; Roberto Rock, 15 millones 819 mil 516 pesos; Francisco García Davish, agencia Quadratín con 14 millones 369 mil 481; Eunice Ortega, 10 millones 607 mil pesos; Maru Rojas, con 9 millones 554 mil 903 pesos.
Al final aparecen Guillermo Ochoa, 8 millones 178 mil; Martha Debayle una cantidad de 8 millones 123 mil pesos; Animal Político, 7 millones 753 mil; Paola Rojas, que recibió 6 millones 7 mil pesos; Ricardo Rocha, 4 millones 626 mil 583 pesos; Eduardo Ruiz Healy, con 4 millones 242 mil, y Nino Canún, con un millón 636 mil pesos.
La polémica lista de inmediato causó furor, primero por evidenciar lo que ya muchos suponían: periodistas de dudosa ética para informar, premiados de sobremanera por su lealtad al poder; segundo, por saber, que otros comunicadores, con una imagen de credibilidad, también están en la lista.
Un listado que mezcla desde reconocidos periodistas, hasta intelectuales y decadentes. Todos unificados bajo el concepto de “chayoteros”. Se exhibe a periodistas, no a medios de comunicación.
López Portillo, expresidente de México, reconocido hasta la actualidad como uno de los mandatarios que conocía muy bien el tema de control de los medios de comunicación, fue muy claro al respecto.
Precisamente un 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, soltó un discurso que ha quedado grabado para la posteridad: “¿Una empresa mercantil organizada como negocio profesional tiene derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga? Esta es, señores, una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversiones que no menciono aquí por respeto a la audiencia: ‘te pago para que me pegues’ ¡Pues no, señores!”.
Efectivamente. Se trata de una historia de amor tormentosa, pero todavía no adquiere tintes pasionales.
El mensaje es claro, gobierno federal no quiere pleitos con las grandes empresas, prefirió irse por la tangente y quemar a los protagonistas. Otra muy clara es que se sigue prefiriendo la televisión como medio de difusión, pese a que no figuran las dos principales del país, una de ellas, señalada como la principal orquestadora de que Peña Nieto llegara al poder.
Se confirma la centralización de la comunicación social con el manejo de los medios públicos. Una complejidad de actores cuyo común denominador es que funcionan con dinero público.
Más que respuestas surgen dudas, por ejemplo, el monto descomunal, los 251 millones, a López Dóriga, ¿por qué invertir en una persona, cuya credibilidad está por los suelos desde hace años?
Sin embargo, para los televidentes, radioescuchas y lectores, sobre todo, los seguidores fieles de la Cuarta Transformación, esta lista será la ley. Una mancha difícil de limpiar para los comunicadores involucrados. Credibilidad que será muy compleja y agotadora recuperar.
Sea como sea, se trata de una clara confrontación al periodismo. Los aludidos, son señalados, como los más críticos del gobierno actual, al defenderse, aseguran que sólo representan el 2.5% del total de la publicidad oficial con Enrique Peña Nieto, ¿dónde quedó el 97.5% restante?
Una lista parcial, para los estudiosos del tema. Muchas aristas por investigar, sobre todo, qué fines persiguieron al elegir a quién exhibir y a quien proteger del escarnio público. A estudiar, uno por uno, quién realmente afecta al poder actual y quién sirvió de chivo expiatorio, cuál es el trasfondo real de este escarnio público. Una “sopa de su propio chocolate” para los periodistas.
Definitivamente se abrió la caja de Pandora. Ahora, a esperar el siguiente round.
