El grupo muratista, con la “aprobación” del presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsa la candidatura del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito” a la dirigencia nacional del PRI. Esto ha provocado el resurgimiento de la rivalidad latente entre los dos ex gobernadores de Oaxaca. Ambos, en plena disputa, sólo han coincidido en acusar al ex presidente Enrique Peña Nieto, de haber provocado la debacle de ese instituto político en los comicios del año pasado, lo que llevó al tricolor a perder la hegemonía del poder en México
Jorge VEGA AGUILAR
La sucesión en la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, revivió la vieja pugna entre los ex gobernadores de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz y José Murat Casab.
El grupo muratista impulsa al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas –actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), conocido como Alito, quien tendría el visto bueno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, Ulises Ruiz se ha aliado con la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, para buscar la presidencia del PRI, partido que el 2 de julio de 2018 sufrió la derrota más estrepitosa de su historia.
El otrora partido oficial, después de las elecciones del año pasado, cayó en tercer lugar en las preferencias electorales, lo que lo llevó a perder la Presidencia de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión.
De hecho, hay cinco grupos que buscan posicionarse para suceder a Claudia Ruiz Massieu, sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Un bando está alineado a las decisiones de la actual dirigencia nacional priista y estaría encabezado por el ex rector de la UNAM y ex titular de Salud, José Narro Robles; otro es el grupo Hidalgo que representa el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Un tercer grupo es el que dirige René Juárez Cisneros; el cuarto grupo que aglutina a los detractores del ex presidente Enrique Peña Nieto, es encabezado por Ulises Ruiz Ortiz, mientras un quinto grupo y considerado el más fuerte es el que apoya la candidatura del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas.
De igual manera, en la lista de aspirantes figuran el actual secretario general del PRI, Arturo Zamora, así como los ex gobernadores de Durango, Ismael Hernández Deras, y el de Querétaro, José Calzada Rovirosa.
La militancia decidirá
La dirigente Claudia Ruiz Massieu dio a conocer que será la militancia mediante su voto directo, la que elija a quienes encabezarán el próximo comité ejecutivo nacional.
Ruiz Massieu, solicitó la semana pasada de manera formal licencia al Senado de la República para separarse del cargo.
En una carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, la también dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitó su separación como integrante de la Cámara Alta.
«Expreso a usted y a quienes integramos la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente mi reconocimiento por las consideraciones que he recibido en el desempeño de mis actividades parlamentarias», señala la misiva fechada el 6 de mayo pasado.
La dirigente priista tomó tal determinación para avocarse a prepara la renovación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Murat contra Ulises
Analistas políticos afirman que los ex gobernadores Ruiz Ortiz y Murat Casab, “debido a sus pugnas, son los responsables de la ingobernabilidad en Oaxaca desde 2006, y han provocado que la entidad esté sumida en una crisis”.
Ulises Ruiz Ortiz, por otra parte, encabeza el grupo “Democracia Interna”, que exige la expulsión del PRI del ex presidente Enrique Peña Nieto, quien ahora es consejero de ese instituto político.
“¿Por qué incluyeron a Peña Nieto en el Consejo Político Nacional, si causó un enorme daño al PRI, al llevarlo del triunfo del 2012 a la peor derrota de su historia en el 2018”, planteó Democracia Interna en una misiva enviada a Claudia Ruiz Massieu.
El documento señala: “El resultado del proceso electoral no deja lugar a dudas sobre los pésimos consejos que vertió y ordenó operar Peña a la cúpula priista durante su mandato. ¿Cómo podría ser ahora consejero?”.
Añade la carta que al PRI le ocasionaron desprestigio la corrupción de destacados militantes como el propio Peña, algunos miembros de su gabinete y los gobernadores cuyas candidaturas impulsó él, unos hoy encarcelados, algún otro prófugo y otros más aún al frente de sus entidades.
De igual manera afirmaron que Peña Nieto impulsó contrarreformas al interior del PRI que afectaron los procesos democráticos y privilegiaron a los externos sobre los militantes.
“Para fortuna del priismo, el estatuto es claro cuando establece en su artículo 82 que las consejeras y los consejeros rendirán protesta estatutaria ante el Pleno del Consejo Político Nacional, al tomar posesión de su cargo, supuesto que no se actualizó toda vez que Peña Nieto no estuvo presente ante el pleno”, indicaron.
Pero las acusaciones de Ruiz Ortiz, también fueron en contra de quienes calificó como “operadores políticos que han afectado negativamente al PRI”, como Alejandro Moreno Cárdenas, el ex dirigente nacional Enrique Ochoa Reza, Emilio Gamboa, César Camacho, Charbel Estefan y, sobre todo, el ex gobernador de Oaxaca José Murat.
A todos ellos los acusó de “no respetar la militancia y ser cerrajeros, ya que abogaron por la apertura de candados en los estatutos, al haber permitido que personas externas compitieran en una candidatura presidencial, como el caso de José Antonio Meade, quien perdió la elección”.
Los señalamientos de Ruiz Ortiz continuaron, responsabilizó al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y al de Coahuila, Ángel Riquelme Solís, de hacer proselitismo a favor de Alejandro Moreno y pagar a comités estatales para “inflar” el número de militantes y ponerlos a favor de este último.
En marzo del año pasado, Real Politik publicó que, a cambio de 250 millones de pesos, la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), entregó candidaturas federales y locales en cinco entidades del país, entre ellas Oaxaca al grupo del ex gobernador Ruiz Ortiz.
“Ello permitió que el ex director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva; el ex secretario general de Gobierno, Manuel García Corpus, y la ex titular de Turismo estatal, Beatriz Rodríguez Casasnovas, fueran incluidos en la lista de aspirantes al Senado de la República y la Cámara de Diputados por la vía de mayoría relativa”.
En tanto, el ex gobernador Ruiz Ortiz, así como los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, fueron denunciados ante la Corte Internacional en la Haya, por posibles delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión en Oaxaca en los años 2006 y 2007.
La denuncia la hizo el ahora ex titular de la Defensoría Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert, quien, en un documento, señaló que entre 2006 y 2007 se vivieron protestas por parte del movimiento magisterial y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que aglutinó a organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles, que fueron reprimidas por las fuerzas federales y estatales.
Añade que durante el conflicto se cometieron presuntas ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias de manera sistemática por parte del Estado Mexicano para generar terror entre la población.
Dejan fuera al INE
Por otra parte, será el propio PRI quien lleve a cabo la elección interna de su nueva dirigencia nacional, luego de que el Consejo Político Nacional aprobó no suscribir el convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE).
Ruiz Massieu, dio a conocer en la 45 sesión extraordinaria del tricolor, que no cambiará el método para la elección de la dirigencia, y que seguirá abierto a la base.
Consideró que la colaboración del INE, significaría un costo infranqueable para el PRI que podría ser objeto de multas si fuera cuestionada la validez del padrón de la militancia.
Según dijo Ruiz Massieu, las condiciones que el INE buscaba imponer, limitarían el ejercicio de muchos militantes priistas para participar en la elección de la nueva dirigencia.
Si el INE se mantendría como organizador del proceso habría cobrado una fuerte cantidad (230 millones de pesos) y además de imponer candados para el uso del padrón de militantes.
“Para la dirigencia nacional lo importante es que se ratifique la convicción democrática del partido. No tenemos la intención de proponer un cambio de método”, indicó.
Recordó que por instrucción del propio Consejo solicitó al instituto intervenir. En la respuesta a su petición (recibida la noche del 2 de mayo), el órgano electoral aclaró que su participación en los comicios estaba condicionada a contar con una base de afiliados depurada.
Ello hubiera implicado que el PRI difiera su elección interna hasta enero de 2020, pues la depuración de los padrones concluye el 31 de diciembre de 2019, o bien, dar por depurado el padrón (y, por ende, cerrar su revisión), realizar su elección en septiembre (como está previsto), pero estar sujeto de sanciones por alguna afiliación indebida.
Suben de tono golpeteos
El año pasado, el ex gobernador José Murat se refirió a la debacle electoral del PRI, y dijo que los motivos de la derrota fueron, entre otros errores, “la mala respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto en el caso Ayotzinapa, la falta de transparencia y la campaña de operadores fuera de la realidad.
Murat Casab indicaba que “la respuesta inoportuna al caso Ayotzinapa, la falta de transparencia en algunos temas de resonancia mediática, la persistencia de la violencia en amplias franjas del país, y el mantenimiento de indicadores altos en materia de pobreza moderada, son factores que incidieron en la derrota estrepitosa del partido gobernante”.
Mientras llega la fecha de elección de la nueva dirigencia nacional priista, los golpeteos entre los grupos en pugna se incrementan.
Ruiz Ortiz, señala que el gobernador de Campeche habría hecho un pacto con Andrés Manuel López Obrador, para llegar a la presidencia nacional del PRI, “porque ahora Moreno Cárdenas es de Morena”.
Pero en los círculos priistas se menciona que Ruiz Ortiz quedaría descartado para llegar a ocupar ese cargo, “por sus antecedentes de corrupción”.
