Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Agencia Estatal de Investigaciones, estos últimos adscritos a la Fiscalía General del Estado, cuyos salarios en conjunto representan una sangría para el erario estatal de 54 millones de pesos anuales, están dedicados de tiempo completo a brindar seguridad personal a funcionarios y sus familias, dirigentes sociales y empresarios o amigos cercanos al círculo del poder, lejos de cumplir con su tarea de prevenir y combatir la delincuencia que azota a la entidad o investigar la comisión de delitos
David Méndez
Al menos 450 policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) permanecen comisionados, al margen de la ley, como guardias personales tanto de funcionarios públicos como de sus familias, sin importar que la mayoría de ellos no desempeñen actividades de alto riesgo.
Lo anterior, mientras Oaxaca se hunde en la ola de inseguridad más grave de los últimos 10 años, con grupos delincuenciales apoderados de diversos territorios del estado en los que han impuesto una ley del terror.
Visto por expertos en seguridad como un ejemplo de la frivolidad de la clase política de Oaxaca, estos elementos “son menospreciados” y subutilizados para fungir roles de choferes, lava autos, mensajeros, niñeros y carga-maletas de los funcionarios a los que sirven, a pesar que le significan al erario público de la entidad alrededor de 54 millones de pesos al año o, lo que es lo mismo, 4 millones 500 mil pesos mensuales, por concepto de sueldos, aproximadamente.
Por cualquier lado desde el que se observe tal fenómeno, condenaron especialistas consultados por Real Politik, se trata de una cuestión ilegal porque los funcionarios no pagan ni un peso por recibir ese privilegio, mientras el Estado desvía sus recursos para proveer un servicio que está fuera de su competencia.
“Son poses”, dijo una de los personajes entrevistados, ex alto mando de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) y especialista en temas de seguridad interior.
“Es para presumir, hacerle al cuento”, coincidió otro de los conocedores, éste, con experiencia en la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) y activo en labores de investigación. Ambos hablaron a cambio de reservar su nombre porque mantienen contacto con diversos funcionarios de los tres órdenes de gobierno.
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Mientras a nivel federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó desaparecer al Estado Mayor Presidencial, un cuerpo de élite conformado por más de 2 mil elementos del Ejército y la Armada de México, que tenía como misión resguardar la seguridad del titular del Ejecutivo y de su familia, en Oaxaca al menos 30 elementos tanto de la Agencia Estatal de Investigaciones como de la Secretaría de Seguridad Pública, separados en dos turnos, se encargan de la seguridad del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa.
En tanto, Alfonso Martínez Córdoba, vocero del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, tiene a su disposición cuatro elementos de seguridad y, además, una camioneta blindada.
A pesar de que su labor no está relacionada con temas de seguridad pública, seguridad interna, finanzas o procuración de justicia, su vigilancia está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado.
Entre los diversos grupos que coexisten en la cúpula que actualmente mantiene el control político de Oaxaca, Martínez Córdoba es señalado por sostener “una estrecha” relación con el fiscal del estado, Rubén Vasconcelos Méndez.
“El Estado no tiene por qué dotar de ese privilegio a los funcionarios; se trata de un servicio ilegal”, reiteró el experto en temas de investigación, después de haber sido consultado al respecto.
“Si eres amigo del gobernante, te dotan de escoltas, pero eso debería quedar restringido para funcionarios de alto riesgo…. gente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en el caso de PGR (hoy Fiscalía General de la República)”, agregó.
“En Oaxaca hay un desorden total de escoltas. El titular de cada corporación dice a quién se le brindan los guaruras”, apuntó, al tiempo de condenar que la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realice funciones de ese tipo.
Fuentes de la FGE precisaron que la mayoría del personal que es utilizado para fungir como guardaespaldas emana de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI), un destacamento pararelo a la Dirección General de la AEI, que únicamente recibe instrucciones del fiscal general.
“De ahí se toman los elementos y se envían a dónde el Fiscal indique”.
Mientras los niveles de impunidad que predominan en el estado son reiteradamente condenados por organizaciones civiles y de acuerdo con los reportes recibidos por este medio, en la actualidad, son entre 100 y 150 los agentes estatales de investigación que se desempeñan como guardias de seguridad personal.
Por igual, los policías investigadores se dedican a cuidar funcionarios, a los familiares de éstos, a líderes sociales y de organizaciones de transportistas.
Uno de ellos es Pedro Paz, dirigente en Oaxaca de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), ligada con el ex gobernador José Murat, quien posee como escolta a un policía ministerial identificado como Pedro Enríquez Mojica.
“Hay particulares que llevan escoltas puestos por el fiscal; es un hecho”, dijo el ex funcionario de PGR.
Según la versión proporcionada, la esposa de Rubén Vasconcelos Méndez, radicada en la Ciudad de México, tiene a su disposición una camioneta blindada y, también, al menos, dos miembros de la AEI para su seguridad.
Mientras eso sucede, otros cuatro millones de oaxaqueños tienen que vivir con la incertidumbre de si serán víctimas de una extorsión, un secuestro, un asalto a mano armada, un robo de vehículo, amenazas y, en el peor de los casos, de un homicidio.
“En la Ciudad de México, mientras más bajo sea tu perfil es mejor. Un funcionario de cualquier otra entidad puede pasar perfectamente desapercibido. No es necesaria esa ostentocidad”, consideró la fuente.
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Informes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública indican que, en la actualidad, 50 de sus elementos brindan protección a funcionarios locales, entre ellos, los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesoh), Yolanda López Martínez; de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semovi), Mariana Nassar Piñeyro; de la Comisión Estatal de la Vivienda (Cevi), Luis Alfonso Martínez Ruiz, y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), Eduardo Rojas Zavaleta.
En ellos, la corporación aseguró utilizar a 20 elementos “fijos”.
Por su parte, otros 30 policías, separados en dos turnos, se encargan de la seguridad del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa.
El informe, no obstante, omitió hacer referencia sobre los policías que fungen como guaruras del titular de Seguridad Pública, Raymundo Tuñón Jáuregui, cuya integridad “cuando menos” es reguardada por 10 elementos que viajan a bordo de dos vehículos, al igual que la del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Manuel Vera Salinas.
Ambos funcionarios, además, cuentan con vigilancia domiciliaria las 24 horas, por lo que, de manera individual, tienen a su disposición al menos una patrulla con sus respectivos agentes.
Lejos de las cifras proporcionadas a este semanario, otro de los especialistas entrevistados, quien trabajó al interior de la SSP de Oaxaca, afirmó que son al menos 300, “si no es que más”, los policías estatales que están comisionados en tareas de seguridad personal.
Los casos no se limitan únicamente a funcionarios y a sus familias, sino a activistas, empresarios, diputados y amigos de servidores públicos.
Hasta el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, apuntó la fuente, los líderes de agrupaciones como la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Fabián Pereda Pereda; del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult), Rufino Merino Zaragoza; de Comuna-Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, e incluso el del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), Abraham Ramírez Vásquez, entre otros, contaban con seguridad personalizada con cargo al erario.
En el caso de los “defensores de derechos humanos”, la mayoría se hacía de seguridad por medio de “dudosas” medidas cautelares emitidas por el actual titular de la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, a quien ligan económicamente con la familia del empresario Sergio Castro. Políticamente, Peimbert sostiene nexos con Flavio Sosa.
“Muchas veces sugería a los altos mandos de la SSP que no se aceptarán más medidas cautelares porque se expedían de manera indiscriminada”.
–¿Entonces, si yo soy un político de medio u alto rango y quiero un guarura, acudo con el Fiscal o el Secretario de Seguridad para conseguirlos. También, supongo, puedo cabildear con el propio Gobernador y el personal cercano a él. Así funciona?, cuestionó Real Politik.
–Así es, básicamente, contestó.
–¿Y si yo soy activista y me llevo con los defensores de derechos humanos, acudo a ellos para que me brinden medidas cautelares?
–Sí.
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Contrario a lo que podría pensarse, la prestación de servicios de vigilancia y seguridad personal sí está contemplada en el marco normativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Oaxaca, pero no a través de la AEI ni de la Policía Estatal, como sucede de manera clandestina, sino por la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC).
La PABIC es una corporación integrada por más de 3 mil elementos capacitados para custodiar bienes inmuebles y brindar servicios de protección personal; ello, no obstante, a cambio de pagos mensuales que van de los 11 mil a los 23 mil pesos.
El entrevistado, ex funcionario de la SSP, reveló que el costo por los servicios de un guarura son los más elevados, justamente, 23 mil pesos mensuales.
Ahí comienza el problema.
Ostentosidad e hipocresía
“Si funcionarios o particulares quieren tener escoltas, tienen que pagarlas, contratar agencias de seguridad privada…”, condenó el primer especialista, con experiencia en PGR.
No obstante, debido a que los secretarios, subsecretarios, directores o presidentes de organismos autónomos no cuentan con presupuestos públicos para sufragar el costo de guardaespaldas y no quieren pagarlos de su bolsa, recurren al tráfico de influencias con los titulares de la Fiscalía, de la SSP, de la Secretaría General de Gobierno (Segego) o, bien, al propio titular del Poder Ejecutivo.
Entonces, como los encargados de seguridad deben cumplir con esos favores, pero sin cubrir el costo que solicita la PABIC, recurren a sus propios elementos, a pesar de que estos no cuentan con capacitación como guardaespaldas.
“Han habido casos en los que les dan escoltas a amigos de gobernadores… Eso no pasa tanto en la Ciudad de México, Jalisco o Nuevo León –entidades con mejor calidad de vida que Oaxaca– quien quiera escolta que lo pague… aquí eso se da para hacerle al cuento, porque se quieren sentir importantes”, criticó la fuente.
Ambos personajes coincidieron en que, además de un despilfarro, los guardaespaldas son una acción de pose, para llamar la atención y pretender dar una imagen de poder, pues en apego estricto a los lineamientos, ni los funcionarios beneficiados ni los escoltas de la AEI ni de la SSP tienen la capacitación adecuada, pues, en el caso de éstos últimos, no fueron formados para ello.
“Si hoy ocurriera un atentado dirigido contra cualquiera de ellos (funcionarios con escoltas), es seguro que no se salvan, menos con las condiciones que prevalecen”.
Para empezar, las autoridades incumplen, parcial o totalmente, con el protocolo de Análisis de Riesgo, que determina qué tipo de actividades realiza el funcionario, su ritmo de vida y el entorno en el que socializa.
Si se cumpliera con la normativa, sentenciaron, el 80 por ciento de los personajes que cuentan con seguridad personal del Estado, no la tendrían.
A partir del examen de riesgo, se define cuántos elementos deben ser comisionados en la tarea, en qué horarios e incluso el tipo de vehículos en los que se deben movilizar; es decir, blindado o convencional.
“En Oaxaca, los funcionarios o tienen temor o, por pose, piensan que mientras más gente tengan atrás más protegidos están… pero el hecho de que haya mucha gente, hace que la responsabilidad se diluya.
“El análisis de riesgo dice cuántos elementos requiere; no es que diga cuántos quiere si no cuántos debe tener…”.
Ciudad armada; bomba de tiempo
“¿Quieres darte cuenta de cómo está el tema del guarurismo en Oaxaca?, cuestiona a los reporteros el ex mando de la PGR.
Tras la respuesta afirmativa de los comunicadores, soltó: “Vayan por las mañanas, a primera hora, al Sport City, al gimnasio. Van a ver decenas de vehículos y de vigilantes con sus chalecos, sus manos libres y equipo de radiocomunicación.
“Es decir, son evidentes; una protección debe ser discreta”.
Eso no es lo peor, pues el ex mando de la SSP advirtió: “Si alguien grita arma!, qué van a hacer? El arma de quién?, quién es el sospechoso, si todos van armados? Eso se volvería un caos.
Para los especialistas, un policía sin adiestramiento como guarura, un funcionario sin los conocimientos de cómo se debe actuar en una contingencia y un entorno caótico, son las combinaciones perfectas para un asesino.
“Si alguien te quiere matar, te va a matar”.
El gobierno no ha medido otro peligro que se ha desencadenado con el guarurismo: la proliferación de personas armadas en la ciudad.
El experto de PGR e investigación alertó que las policías pueden tener noción de cuántos efectivos permanecen en labores de custodia personal, pero no se sabe con exactitud, cuántos ex militares retirados, a los que se les otorga una licencia de manejo de armas para que cuiden de su integridad, han sido contratados por la PABIC y empresas de seguridad privada.
“Hay otros ex militares que se contratan de manera directa con los empresarios o quién sea. En lo personal, sé de empresarios que toda su escolta son militares retirados.
“La ciudad es un polvorín. Imaginen el riesgo potencial de que se suscite un fuego cruzado o un asesinato derivado de una disputa entre un guardia y un particular. Quién fue?
No se va a saber.
