A tres días de que se defina la terna final de candidatos a dirigir la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, las maniobras políticas en contra de Flavio Sosa y su delfín, César Mateos, han provocado un reacomodo en la contienda, que se podría traducir en la designación de una mujer en torno a la cual giren en un solo frente el PT-PES y la fracción mayoritaria de Morena o, bien, en la unción del candidato oficial, Bernardo Rodríguez Alamilla, con el impulso del PRI, el Partido Verde y los 10 diputados de Morena que permanecen alineados con su dirigencia estatal
David Méndez
Una embestida política y mediática que se agudizó durante la última semana en contra del grupo que encabeza Flavio Sosa Villavicencio, ha puesto al borde del fracaso el plan maestro articulado por los fundadores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y provocado, con ello, que la designación de César Mateos Benítez como próximo titular de la Defensoría de los Derechos Humanos (DDHPO) se pasee por la cuerda floja.
Durante los pasados siete días, el proceso electivo del que saldrá el nuevo ombudsman oaxaqueño sufrió diversas alteraciones principalmente tras la exhibición pública de la presunta red de tráfico de influencias al interior del Congreso del Estado que maquinó Sosa Villavicencio durante los últimos nueve meses para imponer a su operador al frente del organismo que tiene como objetivo la defensa, protección, promoción, estudio y divulgación de las garantías universales de los individuos y que manejará, durante su próxima administración, un presupuesto de al menos 270 millones de pesos.
Lo anterior, sumado a la presión del PRI y del grupo de 10 diputados de Morena liderados por Ericel Gómez Nucamendi, quienes impulsan la postulación de Bernardo Rodríguez Alamilla, han hecho recular a Sosa y sus simpatizantes, que ahora analizan la posibilidad de promover a una mujer.
Tras el descrédito en el que se vieron envueltos los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, luego de que se ventiló que tres de ellos, Magaly López Domínguez, la presidenta; la diputada Elisa Zepeda, integrante del órgano legislativo, y el Secretario Técnico, Razhy González, han sostenido vínculos políticos con Comuna de Oaxaca, organización creada por Flavio Sosa y César Mateos, todos se deslindaron de aquellos personajes y pidieron no hacer ningún “prejuicio” hasta el día que se dé a conocer el nombre de los tres finalistas y el Pleno de la Cámara de Diputados de Oaxaca vote el nuevo nombramiento, el próximo miércoles 10 de abril.
A ello se sumó la postura de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), compuesta por tres legisladores, en el sentido de que sea una mujer la que encabece aquel organismo durante los próximos siete años, lo que avivó las esperanzas de perfiles como Yésica Sánchez Maya.
El PT, fuerza política controlada por el actual diputado federal Benjamín Robles Montoya, ha caminado durante esta legislatura paralelamente con los 16 diputados de Morena afines a Salomón Jara y con los dos del Partido Encuentro Social (PES), también identificados con Robles Montoya, lo que conforma una fuerza política de 21 votos, de 28 necesarios para nombrar al nuevo defensor.
Mientras tanto, los 10 diputados morenistas que se mantienen alineados con su dirigencia estatal (representada por Ericel Gómez), a lo largo de esta legislatura han hecho consensos con el PRI (seis diputados) y sus aliados, el Partido Verde (PVEM) y Mujeres Independientes, que aglutinan cuatro sufragios, para un total de 20, a los que podría añadirse Acción Nacional que ha caminado históricamente con el PRI-Gobierno.
Consultado al respecto, uno de los integrantes del grupo “oficialista” de Morena, admitió que ese sector buscó respaldar a Juan Rodríguez Ramos, actual visitador de la DDHPO, como candidato “de unidad”; no obstante, tuvo el rechazo de sus 16 compañeros.
Con ello, este sector decidió ir, a como dé lugar, en contra de la candidatura de César Mateos Benítez y de cualquier personaje que pueda llegar a ser vinculado con Flavio Sosa, como es el caso de Flor Estela Morales Hernández y Yésica Sánchez Maya.
“Yésica Sánchez lleva la misma línea de César Mateos, así que no se va a ir por ella”, reconoció, al ser consultado.
Desde la semana pasada, fuentes fidedignas al interior de la Cámara de Diputados afirmaron a Real Politik que el “grupo de los 10” de Morena, como se autodenominan los afines a Ericel Gómez, planteó apoyar las aspiraciones de Bernardo Rodríguez Alamilla, identificado como candidato del gobierno del estado y alfil del actual defensor, Arturo Peimbert Calvo.
Los informantes aseguraron, incluso, que ese sector llegó a ofrecer pagos a los integrantes del grupo de Salomón Jara para acumular los 28 votos que necesitan para colocar a su candidato.
Así, los morenistas antagónicos a Salomón Jara y Flavio Sosa buscan aprovechar que la votación se llevará a cabo a través de cédula (voto secreto) para golpetear a sus enemigos y lograr que Rodríguez se convierta en el nuevo defensor.
El bloque de Morena y el PRI requieren de ocho votos, siete si el PAN se suma con ellos, para imponer a aquel cuadro.
A este torpedeo en contra de Flavio Sosa y su candidato, se sumó la diputada Lilia Mendoza Cruz, quien acusó a la Comisión de Derechos Humanos de haber aprobado una convocatoria “ligera” para facilitar la postulación de César Mateos Benítez.
Además, acusó que Benítez es inelegible para ostentar el puesto de defensor debido a que había sido sometido, junto con los hermanos Flavio y Horacio Sosa, a un proceso penal durante el conflicto político social de 2006.
Sin embargo, a pesar de que Mateos y los hermanos Sosa fueron exonerados por los jueces, la legisladora priista aseguró que el simple antecedente de haber pisado la cárcel era suficiente para anular su candidatura.
“La Ley establece que nadie que esté en un proceso o haya tenido un proceso judicial puede participar y resulta que uno de los contendientes (César Mateos) y amigo de ellos (los integrantes de la Comisión) viene y en su primera comparecencia dice: ‘Yo he estado en la cárcel en penales de Alta Seguridad; por lo que haya sido, eso le impide participar’”, apuntó.
“Tema número dos, cuando se quieren hacer las cosas bien, se exige que (los aspirantes) tengan cierta preparación académica, que la puedan acreditar, cuestión que hoy se diluyó entre los requisitos para los participantes; eso no es transparencia ni limpieza”, abundó, en entrevista.
–¿César Mateos debe ser sido eliminado de esta contienda?, consultó este medio.
–Debió haber sido eliminado antes de participar, respondió.
–¿Se puede hacer aún ese proceso de depuración de la lista?
–Yo sólo digo que la ley no permite la participación de quienes tengan antecedentes penales y lo están haciendo ahora.
–¿Es un proceso a modo, entonces?
–Júzguenlo ustedes.
César Mateos Benítez fue detenido por la policía el 24 de noviembre de 2006, junto con el primo de Flavio Sosa, Jorge Sosa –actual funcionario de la DDHPO–, bajo cargos de delitos de secuestro y robo en agravio de dos policías ministeriales, según constaba en el expediente penal 71/200.
Por los hechos que se le imputaban y que presuntamente habían ocurrido el 15 de agosto de 2006 en el municipio de San Bartolo Coyotepec, Mateos Benítez fue remitido a la penitenciaria de Miahuatlán de Porfirio Díaz y, posteriormente, al penal de Cuicatlán.
Sin embargo, siete meses después, el activista obtuvo su libertad por un ‘incidente de desvanecimiento de datos’, lo que también contribuyó a que el entonces procesado no pagara ningún tipo de fianza.
¿Inelegible?
Consultada por Real Politik, la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca descarta las aseveraciones de la diputada Lilia Mendoza, en el sentido de que por haber sido aprehendido y procesado por dos delitos, Mateos Benítez sea inelegible como defensor.
Textualmente, la fracción cuarta del artículo 23 de la normativa, que hace referencia a los requisitos que deber cubrir el ombudsman oaxaqueño dice: “No haber recibido condena por delito intencional”.
Sin embargo, el mismo artículo sí contempla una fracción, la séptima, que podría impedir la intervención del activista en el actual proceso de selección: “No tener antecedentes de violencia y/o discriminación en el ámbito público y privado”.
Desde su salida de prisión, ex alumno de la Preparatoria Número Uno de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), fundador de la Coordinadora Estudiantil Universitaria (CEU), continuó su activismo político como parte de la corriente de los Sosa Villavicencio.
A pesar de que es presentado por sus aliados como un activista defensor de las libertades individuales, tiene en su contra diversos señalamientos por haber actuado en detrimento de los intereses de diversas poblaciones.
Mateos, junto con Flavio Sosa y Efraín Linares, por ejemplo, fueron acusados en julio de 2017 por las autoridades de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, de fungir como asesor de San Sebastián Nopalera, población que en aquel momento había orquestado un ataque armado en su contra, en el marco de un conflicto que se ha prolongado durante una década, con saldo de decenas de muertos.
El aspirante a defensor y conciliador de los pueblos –tarea inherente de quien ostenta ese cargo– también fue acusado de asesorar a la población istmeña de San Dionisio del Mar, donde en diciembre pasado un sector de la comunidad, aglutinada en la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar, impidió la realización de comicios extraordinarios.
El conflicto en esa población data de 2012 luego de la intentona de la empresa de energía Mareña Renovables por instalarse en la zona.
Una de las acusaciones más graves que recaen sobre Comuna y sus dirigentes, Flavio Sosa y César Mateos, fue el estar presuntamente involucrada en una emboscada registrada el 14 de mayo de 2011 en Santiago Choápam con saldo de 10 muertos y 12 lesionados.
Los familiares de las víctimas acusaron, según fuentes hemerográficas, que tanto Sosa como Mateos brindaban asesoramiento al grupo que orquestó la agresión armada.
En su momento, Sosa rechazó su participación en tales hechos, pero admitió que Comuna brindaba asesoramiento al grupo de donde surgieron los atacantes.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado anunció que será el próximo miércoles 10 de abril cuando dé a conocer la terna final de candidatos de donde surgirá el próximo ombudsman de la entidad.
