El presidente Andrés Manuel López Obrador atenta contra la lucha por la equidad de género que han enarbolado durante los últimos 50 años diversos grupos de activistas, al dejar sin recursos los albergues para mujeres víctimas de violencia y las instancias infantiles. Ambos proyectos no se tratan de ocurrencias sexenales sino de parte del protocolo para garantizarle a aquel sector una vida libre de violencia en un país donde los feminicidios han aumentado más de 40 por ciento en los últimos seis meses, reclamó el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
David Méndez
Ningún gobierno puede comenzar como lo que ha hecho la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, borrando de un plumazo conquistas logradas durante los últimos 20 o 30 años en la lucha por la equidad de género, al dejar de subsidiar estancias infantiles y albergues para mujeres víctimas de violencia, sentenció la coordinadora en Oaxaca del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Nelly Martínez Echartea.
En el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado ocho de marzo, Martínez Echartea sostuvo que las medidas adoptadas por López Obrador son un retroceso para el activismo femenino, pues ayudarán a perpetuar el machismo y su resistencia a reconocer la liberación de las mujeres.
En entrevista con Real Politik, la activista indicó que si bien la estructura de los dos programas que fueron acotados por el gobierno federal pudo haber sido susceptible a actos de corrupción, la obligación del Ejecutivo era depurar al personal, imponer las sanciones respectivas y hacer más eficiente su funcionamiento y no privarlos de los recursos que recibían.
“Si hubo corrupción fue porque el mismo gobierno lo permitió”.
La activista reclamó que los albergues eran, para muchas mujeres, el único lugar donde podían estar a salvo de un feminicidio y recibir el acompañamiento sicológico y jurídico para poder enfrentar la violencia de género que se gesta en sus hogares, al tiempo que las estancias eran un apoyo para las madres que deciden independizarse económicamente.
“(Sobre) la solución que se está dando, que se va dar el apoyo directo a la mujer violentada, ¿cuándo va a funcionar un mecanismo así?, ¿qué va a pasar?: Lo primero es que el agresor le va a decir a la mujer: ‘Dame lo que te dieron… que sicóloga ni qué nada’”.
Martínez Echartea indicó, incluso, que el presidente López Obrador viola tratados internacionales con aquellas determinaciones, pues vulnera el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, responsabilidad que, constitucionalmente, ha sido asumida por el Estado mexicano.
Entre los acuerdos violentados por la administración federal resalta, dijo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y que entró en vigor en 1981 y considerada la carta internacional de los derechos de la mujer.
Además, el gobierno pasó por alto los acuerdos de Belém do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
“Es una situación que nuestro país no puede, de la noche a la mañana, decir: Sí firmé ese tratado, pero ahorita ya no”.
Sentenció: “Desde mi punto de vista, no puede iniciar un gobierno con esas muestras de no respeto a los mecanismos ya establecidos para garantizar a más de la mitad de la población (del país) una vida libre de violencia”.
–¿Son medidas misóginas?, consultó el reportero.
–No diría eso; sí definitivamente se perpetúa el patrón de no atender a más de la mitad de la población del país (conformada por mujeres), de no atender de manera clara, directa y oportuna, todas las dificultades para poder llevar un vida libre de violencia.
En caso de que el Estado no recule con aquellas determinaciones, dijo, las defensoras de derechos humanos junto con organizaciones no gubernamentales recurrirán a recursos de amparo para obligar a las autoridades a cumplir con su obligación y continuar operando los refugios y las estancias infantiles.
Existe, apuntó, un antecedente en el estado de Jalisco, donde la administración estatal quiso desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres, pero fue frenada tanto por las agrupaciones como por el Poder Legislativo.
Insensibilidad
Además, acusó que las autoridades federales y estatales, incluidas las de Oaxaca, encubren las cifras reales de feminicidios y no clasifican este delito de manera adecuada.
Así, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la activista descartó que existan motivos para llevar a cabo algún tipo de festejo, pues, durante los últimos seis meses, los feminicidios en el país han aumentado 43 por ciento.
Indicó que hasta diciembre de 2017, al día, en el país, eran asesinadas siete mujeres; sin embargo, en enero de 2018, ese índice se incrementó a ocho víctimas cada 24 horas.
Eso no fue todo, pues denunció que ante la falta de voluntad política y políticas públicas eficientes, a finales del año pasado la tasa aumentó a nueve asesinatos al día.
Finalmente, Martínez agregó que en enero de 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) admitió que el número de homicidios dolosos de féminas llegó a 10 casos cada 24 horas.
A pesar de ello, las autoridades locales se niegan a clasificar todos los delitos como feminicidios y optan por catalogarlos bajo tipos penales diferentes, no relacionados con la violencia por razón de género, reprochó.
“No se han implementado las estrategias adecuadas y el fenómeno se perpetúa o aumenta porque es la respuesta de los hombres hacia esta diversidad de actividades que las mujeres desarrollan y que los hacen sentir vulnerados.
“Las mujeres han ido avanzando en todos los espacios; no al ritmo que quisiéramos… (pero) la mujer ha luchado por no estar sometida al gasto, al dinero del varón, y, entonces, a los señores les ha costado mucho trabajo aceptar esa parte y su misma negación redunda en agresión”.
–¿Qué falta para terminar con ese fenómeno?
–Las políticas públicas han fallado; hace falta voluntad política, recursos. Cuando haya voluntad política, los recursos van a ser enviados para abatir este problema.
–¿El de las autoridades, es un discurso demagógico?
–Se encubren las cifras definitivamente y los delitos no son clasificados como deberían. Se supone que en Oaxaca todo asesinato de mujeres debe iniciarse como feminicidio y lo que pasa es que en el camino reclasificaron el delito. Existen casos concretos en los que no se necesita tener el conocimiento jurídico para indicar que es un feminicidio; sin embargo, en el camino el Ministerio Público no aporta suficientes pruebas o el juez reclasificar el delito; entonces, es que se van a un asesinato violento, pero no por un feminicidio.
