Aunque admiten que se vive un momento inédito en la historia de México, organismos no gubernamentales cuestionan las omisiones y la falta de consistencia en la agenda de Derechos Humanos del presidente Andrés Manuel López Obrador y consideran que aún faltan señales de que el nuevo gobierno federal será capaz de reparar los daños a las decenas de miles de víctimas de un sistema de procuración de justicia ineficaz y hasta criminal como en el pasado. Habla a Real Politik, Damián Gallardo, implicado sin pruebas por la PGR en el secuestro de los niños Álvarez Benfield
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
El proceso de pacificación y justicia emprendido por Andrés Manuel López Obrador ha dado un paso decisivo al aceptar la existencia en el país de presos políticos e iniciar su excarcelación bajo amnistía, no obstante, aunque activistas y defensores de derechos humanos aceptan que es un momento “inédito” en la historia de México, coinciden en que aún faltan señales de que el nuevo gobierno federal será capaz de reparar los daños a las decenas de miles de víctimas de un sistema de procuración de justicia ineficaz y hasta criminal como el que sostuvo durante su mandato Enrique Peña Nieto.
“No se le puede dar un cheque en blanco a ningún gobierno”, dice Damián Gallardo, maestro de la región mixe que fue detenido el 18 de mayo de 2013 acusado de haber participado en el secuestro de los niños Álvarez Benfield, sobrinos del entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani. El pasado 28 de diciembre, cinco años y ocho meses después de su detención, salió libre del penal de Puente Grande, Jalisco, tras haber sido anulado el caso.
De las 13 personas que fueron implicadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en los delitos de secuestro y delincuencia organizada, el caso de Damián ganó notoriedad internacional cuando el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunciaron que su detención fue arbitraria. Los organismos de derechos humanos emitieron recomendaciones y condenaron la actuación del gobierno de Enrique Peña Nieto al mantener a Damián ilegalmente en prisión.
Para Damián, el gobierno de Enrique Peña Nieto perpetró en el país “una especie de estado de excepción” dado que “un Estado que debiera ser responsable de garantizar el cumplimiento a los derechos humanos y las garantías no lo ha hecho, era muy difícil que en ese contexto pudieran acatarse resoluciones que ellos mismos han firmado a nivel internacional con relación a los derechos humanos”.
En entrevista con Real Politik, Gallardo apunta que ahora, frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se debe celebrar el avance que implica la liberación de presos políticos, no obstante lo que requiere el país para fortalecer la ruta democrática es confianza en las instituciones, que sean fuertes y efectivas más allá de quien esté en el poder. Si el poder se centraliza en un solo hombre, apunta, hay riesgos de que los logros se pierdan cuando éste ya no esté. Hay riesgos de que, si se concreta, la Cuarta Transformación dure solo seis años.
Recuperar la libertad
A un mes de haber salido de prisión aún se siente descontextualizado y aunque tiene intenciones de volver a la lucha magisterial para reforzar proyectos como el bachillerato intercultural que apoyó a crear en su natal Santa María Tlahuitoltepec, aún debe reforzar su readaptación al espacio exterior. Todavía le cuesta incluso medir distancias, cruzar calles, recuperar su libertad física a plenitud.
En el patio del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) Damián está rodeado por los más de 50 mil ejemplares que conforman la biblioteca más importante del estado, en la que hay un sinfín de libros prohibidos en la cárcel donde pasó el último lustro, el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. En esa prisión, que ha tenido entre sus huéspedes a hombres responsables de varias decenas de miles de muertes como Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y Miguel Ángel Terviño, líder de Los Zetas, Damián escribió el libro Fragmentos de un espejo oculto, una compilación de cartas que envió y recibió de familiares, amigos y compañeros de lucha. En prisión era incluso difícil conseguir papel, cuenta. El máximo que podía tener eran cinco, estaban prohibidas las plumas de colores y hasta la prensa, publicaciones como Proceso y La Jornada. Escribir, asegura, fue una forma de recuperar la libertad.
Del secuestro que se le imputa, dice, no sabe nada. “A mí no me consta si sucedió o no sucedió”, subraya ante la insistente pregunta del reportero.
“Al final de cinco años de llevar el proceso nuestra defensa fue contundente en desvirtuar los señalamientos y los elementos que supuestamente nos inculpaban. La resolución con la que salimos es absolutoria en términos de que no existe responsabilidad penal de los delitos que nos imputaron”. La PGR, asegura, fabricó pruebas, retardó el proceso de su desahogo, hasta que finalmente aceptó que en las supuestas llamadas de negociación del secuestro ninguna de las voces que se escuchaba era la de Damián. Tampoco pudo constatar que alguna de sus líneas telefónicas haya intervenido en ese proceso. Damián apunta que él no fue beneficiario de ninguna amnistía, porque su caso fue desechado por la justicia por falta de pruebas.
“Liberaron a secuestradores”
Tras la salida de prisión de Damián y de los 12 profesores implicados en este caso, en la prensa y en redes sociales una frase se replicó insistentemente: “secuestradores quedaron libres”. Opinadores de derecha participaron con artículos y editoriales en la prensa nacional. Ahí estuvo Pablo Hiriart, que el 18 de enero de 2019, un mes después de la liberación, publicó en El Financiero: “Secuestradores de niños, amnistiados” (https://bit.ly/2DVvZwH), donde denunció que el proceso de amnistía del gobierno federal era una operación que “se trata de liberar a sus aliados y castigar a sus adversarios”. Su columna es solo una réplica de la publicada en Excélsior por Jorge Fernández Menéndez, quien el 11 de enero de 2019 retomó la información que expuso en una columna del 27 de mayo de 2013 titulada “Los maestros secuestradores de la CNTE”.
De acuerdo con el relato del periodista, el 13 de enero de 2013 “los secuestradores realizaron disparos a su vehículo (donde viajaban los menores Álvarez Benfield) y lograron volcarlo. Los secuestradores le dispararon al chofer en el rostro, matándolo, y sacaron a los menores de manera violenta, no se llevaron a otra hermana, Davia Álvarez Benfield, porque al verla cubierta de sangre pensaron que estaba muerta. Al niño Juan José le propinaron algunos golpes y un culatazo en la cabeza, para sacarlo del vehículo. Los subieron a una camioneta y fueron trasladados a la casa de seguridad”.
Los secuestradores, continúa, fueron detenidos el 17 de mayo en Oaxaca. “Ellos mismos llevaron a las fuerzas de seguridad al lugar donde estaban secuestrados Juan José y Alexa, y donde fueron detenidos sus custodios”.
Fernández Menéndez en su escrito vincula con el secuestro a Leonel Manzano Sosa, hermano de Gloria Manzano Sosa, esposa de Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, asesinado el 24 de diciembre del 2011, quien fue preso por el secuestro del niño Óscar Abraham Rodríguez.
También asegura que la voz del negociador correspondió a David Vargas Araujo, “quien aceptó ser asesor de la diputada Rosario Merlín; reconoció haber organizado el secuestro de los niños junto con Luis Gutiérrez Saldívar (en realidad Leonel Manzano Sosa), Mario Olivera Osorio (funcionario por la Sección 22 del Instituto de Educación Pública de Oaxaca) y Sara Altamirano Ramos”.
Nada dice el columnista de Damián Gallardo ni de Enrique Guerrero, detenidos también por estar presuntamente implicados en este caso. Sobre ellos sí se pronunciaron organizaciones internacionales. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas señaló en informes de 2014 y 2015 que las irregularidades en los procesos judiciales implicaban violaciones graves a los derechos humanos y debían ser puestos en libertad de forma inmediata.
Amnistía Internacional, por su parte, señaló en su informe Falsas sospechas, detenciones arbitrarias por la policía en México, realizado entre junio de 2016 y abril de 2017, que las detenciones políticamente motivadas se volvieron una costumbre para las policías en México. En el caso de Guerrero, apunta la ONG, “fue golpeado y humillado. Posteriormente, fue conducido a un lugar no identificado, donde fue torturado –entre otras formas, mediante golpes, asfixia, y amenazas contra su familia–, mientras le exigían información sobre diversos movimientos sociales”.
El responsable es el Estado
La forma en la que el Estado mexicano ha utilizado a las instituciones encargadas de impartir justicia, -las procuradurías federal y estatal, las policías ministeriales- ha sido violatorio de derechos humanos que impiden llevar a fin cualquier procedimiento jurídico.
Para Carlos Ventura Callejas, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria –una ONG que ha recibido diversos reconocimientos internacionales, fundada por el padre Miguel Ángel Concha-, lo primero que hay que observar es lo que en los casos de defensores de derechos humanos y luchadores sociales acusados como presuntos delincuentes, las violaciones al debido proceso –con fabricación de pruebas, testimonios falseados, detenciones sin órdenes judiciales- han sido una regla que implica la liberación de los inculpados.
“Lo que es importante focalizar en estas acciones es que la Secretaría de Gobernación, que ha sido encargada por parte de la Presidencia de la República, recibió toda la documentación para poder calificar como presos políticos a estas personas, y que se enmarca dentro de las acciones para implementar medidas que reviertan la crisis de derechos humanos que atravesamos”, explica.
Si el Estado pretende hacer justicia, agrega, no puede ser violando la ley.
“Entendemos la preocupación porque hay información de que supuestamente se cuenta con elementos para acreditar las responsabilidades (en el caso de secuestro), sin embargo, como organizaciones que hemos conocido de cerca casos de líderes comunitarios y sociales que han sido criminalizados, en todo caso se tendría primero que reconocer las falencias en los procesos de acusación, lo cual deja totalmente insostenibles las acusaciones que en su momento hicieron la PGR, ahora la Fiscalía”, agrega.
-¿Si hubo delitos que perseguir, los procesos judiciales quedan anulados por las irregularidades cometidas por las autoridades? –se le pregunta.
-De lo que estamos hablando es de la poca certeza que hemos tenido en las instituciones para sostener sus investigaciones, en el caso de estas personas, en conjunto, me atrevería a decir en el caso de toda la lista de presos y presas políticas que presentó la senadora Nestora Salgado acreditan la incapacidad y la falta de diligencia, como lo establece la Constitución, en materia de persecución de delitos por parte de la Procuraduría.
Si hubiera elementos la PGR tendría que demostrar que esas acusaciones que se les hicieron se pudieran acreditar, pero lo importante es que dada la falta de certeza jurídica para las personas que han sido señaladas como posibles responsables eso configura violaciones a sus derechos como personas señaladas, esto es muy delicado.
-¿En el caso de Damián Gallardo y Enrique Guerrero que reportes tienen de los delitos que se les imputan?
-En ninguno de los casos, aunque sigue vigente la exigencia de las familias que se han visto afectadas por este hecho, se comprobó su participación. Identificamos que estas personas en realidad no fueron las responsables y que más bien esta situación se usó para criminalizar su labor.
Pacificación, avance lento y difícil
El proceso de pacificación que ha emprendido Andrés Manuel López Obrador para respaldar a las víctimas de violaciones a derechos humanos, coinciden Damián Gallardo y Carlos Ventura, ha sido complicado y en ningún momento los ciudadanos pueden desistir de su responsabilidad de cuestionar y exigir alternativas que fortalezcan las instituciones.
Ventura expone en un artículo titulado “Procesos de verdad y justicia en el nuevo gobierno” que además de la creación de la comisión para conocer la verdad del caso Ayotzinapa, López Obrador no ha mostrado un considerable interés para el resto de las miles de víctimas del país. “Recordemos que no estuvieron presentes en su discurso de toma de protesta, ni en lo que expresó en Palacio Nacional con motivo de su primer acto en torno al día de los derechos humanos, el pasado 10 de diciembre. Las víctimas de violaciones a derechos humanos tampoco fueron mencionadas de manera amplia en los cien puntos de su Plan de Gobierno. Por desgracia no se ha consolidado su compromiso expresado al universo de víctimas durante su campaña”.
En entrevista expone que para construir la agenda de derechos humanos con el nuevo gobierno “está costando trabajo entendernos para dar ese paso al inicio de acciones de Estado, acciones que den certeza a las víctimas de que vamos por buen rumbo”.
Gallardo por su parte insiste en que ´los ciudadanos deben permanecer vigilantes. “No podemos dar a ninguna persona, a ningún gobierno, un cheque en blanco como ciudadanos, tenemos que ejercer nuestro derecho a las libertades políticas, defender este camino tan tortuoso que se ha tenido que abrir en nuestro país en la lucha por la democracia y tenemos que defenderlo, de manera personal yo no confío en ningún gobierno, finalmente el poder obedece a sus propios intereses.
“Me parece positivo que el nuevo gobierno esté retomando temas importantes como la impartición de justicia, el tema de querer resolver la desigualdad social que lacera, la inseguridad, me parece positivo, sin embargo como ciudadanos tenemos que mantener una visión crítica, la ciudadanía cometería un error al dar un cheque en blanco a cualquier gobierno”, apunta.
PIES DE FOTO:
1.- Foto principal
2.- Damián Gallardo Martínez estuvo preso cinco años en un penal de alta seguridad acusado de secuestro, en el que afirma, no participó.
3.- Gallardo, originario de Santa María Tlahuitoltepec, Mixes, profesor de bachillerato intercultural, responsabiliza al Estado de su encarcelamiento.
4.- Con un mes en libertad, Damián Gallardo sostiene que no le dará “un cheque en blanco” a ningún gobierno.
