Agencias
Las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes, según denunció este viernes en Ginebra, Suiza, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.
“Cuántas desapariciones forzadas hay, no lo sabemos, porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas”, sentenció en rueda de prensa Rainer Huhle, miembro del Comité de Naciones Unidas y relator sobre el caso de México.
Agregó que “el grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014, en el estado de Guerrero, ilustra los graves desafíos que enfrenta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU recomendó a México la creación de una “unidad fiscal especializada en investigar desapariciones forzadas”.
Dicha unidad debería funcionar “en el ámbito de la PGR (Procuraduría General de la República)” y contar “con personal específicamente calificado”, así como tener “una perspectiva estratégica a nivel nacional y transnacional que nutra las tareas de búsqueda”, añade el dictamen.
Durante la evaluación del caso de México, los días 2 y 3 de este mes, el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, surgió en varios momentos del interrogatorio, y los relatores de la ONU hicieron hincapié en que se trata de un caso muy emblemático y un ejemplo de un problema lamentablemente mayor.
El relator de Naciones Unidas añadió que del estudio del caso de México se desprende que “en más de la mitad de los estados del país se han dado casos de este atroz delito”, y recordó que las denuncias no son recientes, sino que se remontan a varios años atrás. “Es por eso que hablamos de impunidad. Porque es un problema de años y el Estado no ha hecho lo suficiente para resolverlo”, agregó.
De hecho, las conclusiones explicitan que “el Comité se muestra preocupado por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”.
“Las cifras hablan por sí mismas, si tenemos en cuenta que hablamos de miles de casos de desapariciones forzadas y sólo seis personas han sido condenadas”, puntualizó el experto.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones, los expertos destacaron tres como las más acuciantes, por las que México deberá responder sobre su implementación antes de un año, mientras que para el resto tendrá un plazo de tres años.
No existe un registro nacional sobre el tema
La primera se refiere a que México no cuenta con un registro nacional sobre desapariciones forzadas, “lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad”.
México “debería adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional, que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante”, dijo.
Prevenir e investigar la desaparición de migrantes
La segunda recomendación se refiere a que México debe redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de migrantes que cruzan su territorio “en busca del paraíso más allá del Río Grande”, en palabras de Huhle.
“Serias” fallas en la identificación de personas
La tercera se centra en “las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos y, en particular, que la búsqueda de las personas desaparecidas no siempre se inicia de forma inmediata”.
“Sorprende la falta de unidades científicas y forenses para buscar a los desaparecidos”, dijo Luciano Hazan, el segundo de los relatores de la ONU.
Otra de las recomendaciones “alienta enérgicamente” a México a reconocer la competencia del Comité de Naciones Unidas para recibir y examinar denuncias presentadas por individuos.
El documento también sugiere “la necesidad de adoptar medidas para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la Convención”, dado que no todos los estados la incluyen en su normativa.
Finalmente, los expertos del Comité de la ONU solicitan que la legislación prevea específicamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos.
