Oaxaca de Juárez, Oax.- El secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, aseguró ayer que durante los primeros dos años de la actual administración se han ejecutado 111 sanciones económicas por un monto de 230 millones de pesos en contra de funcionarios que han cometido actos irregulares.
Durante su comparecencia en el Congreso del Estado, en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del mandatario Alejandro Murat, el funcionario informó que 47 servidores públicos sancionados se desempeñan en la actual administración y 54 de ellos pertenecían al exgobierno de Gabino Cué Monteagudo.
Díaz Navarro, hijo del expresidente municipal de Oaxaca de Juárez, Jesús Ángel Díaz Ortega, admitió que la corrupción ha crecido e incluso se ha “extendido” a dependencias como el Registro Civil.
Al respecto, refirió que la Contraloría comenzó dos auditorías por “temas financieros” y otro por desempeño por denuncias hechas por usuarios.
Sin comprobar, 866 mdp
En lo relacionado con el seguimiento a las 26 auditorías realizadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2017, refirió que se han concluido 13 con 82 resultados publicados y por un monto de 866 millones de pesos.
De la misma forma, dijo que su Secretaría coordinó y dio seguimiento “en el ejercicio de sus atribuciones” a 348 observaciones pendientes de solventar por un monto de 7 mil 572 millones de pesos ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), correspondientes a auditorías de los ejercicios 2009-2017.
Asimismo, reportó que se radicaron durante 2017 805 expedientes de investigación de quejas, denuncias y peticiones contra servidoras y servidores públicos, además de que se radicaron mil 106 expedientes de investigación, de los cuales se han concluido 635 en ese mismo periodo.
Al contestar el reporte del servidor público, el legislador de Morena, Horacio Sosa Villavicencio, recriminó que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental ha reducido sus labores a fines políticos, “en donde se persigue injustificadamente a funcionarios de partidos contrarios al gobierno estatal y se garantiza la impunidad a quienes son emanados del PRI”.
Por su parte, Leticia Socorro Collado Soto, solicitó a Díaz Navarro poner fin a la impunidad en Oaxaca y garantizar las sanciones correspondientes contra quienes han malversado los recursos del pueblo de Oaxaca.
Incluso, el priista Jorge Octavio Villacaña Jiménez, hermano del exedil de Oaxaca capital, Javier Villacaña, admitió que en la entidad oaxaqueña persiste el desvío de recursos públicos para campañas electorales, los cuales necesitan ser sancionados para abonar a la lucha contra la corrupción.
