Amnistía Internacional y la ONU encabezaron las críticas al plan de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, que pese a haber ofrecido el retiro del Ejército de las calles basa su estrategia en darle todo el mando de la seguridad pública a la Sedena
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
El Plan de Paz y Seguridad presentado por Andrés Manuel López Obrador el pasado miércoles 14 de noviembre no ha gustado a nadie fuera de su círculo de trabajo y esta vez, más allá de la iniciativa privada a la que el presidente electo le planteó la pregunta “¿quién manda aquí?” tras cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las críticas vienen de organizaciones internacionales –incluida Naciones Unidas y Amnistía Internacional- y de sus propios seguidores, que se oponen desde hoy a que en la Cuarta Transformación continúe la seguridad pública en manos de las fuerzas armadas.
El plan de López Obrador, anunciado frente a quien será el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, coloca como piedra angular la creación de la Guardia Nacional que debe darse a través de una modificación constitucional. Este cuerpo, que estará conformado por entre 120 y 150 mil elementos que deberán estar alistados a más tardar en 2021, el tercer año de gobierno de López Obrador, dividirá al país en 266 zonas, cada una con aproximadamente 500 vigilantes. En el primer año se atenderán 150 zonas, “donde hay más problemas de inseguridad y violencia, desgraciadamente casi en todo el país”, señaló López Obrador.
Para completar el cuadro, Durazo señaló que los primeros en integrarse a las tareas de seguridad pública serán los policías militares y navales, que hoy son alrededor de 41 mil efectivos. El resto serán jóvenes reclutados para integrar el nuevo cuerpo de seguridad. El punto de la estrategia que reventó las críticas de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales fue la decisión de dejar en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el mando de la Guardia Nacional, traducido en “el ejército seguirá en las calles”.
Los diagnósticos tanto de los organismos internacionales como del equipo de transición de López Obrador son coincidentes:
Durazo aceptó en su presentación que “los recursos militares consumidos y los sistemas de inteligencia y vigilancia empeñados en la guerra contra las drogas, el gobierno mexicano no ha logrado vencer a los cárteles y no hay perspectiva de que logre vencerlos en un tiempo estimado, la estrategia belicista aplicada no solo alentó la espiral de violencia desde el mismo poder público, sino que efectivos de corporaciones de seguridad se convirtieron en protagonistas de esa violencia. Bajo la estrategia actual México ha sido convertido en un país de víctimas”.
Para Amnistía Internacional (AI), la política antidroga no solo no ha logrado reducir la delincuencia ni la violencia en el país. “Al contrario, se ha registrado un aumento en los principales indicadores de violencia, y ha sido ese precisamente el marco en el que se han cometido crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos: tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”. Pese a la coincidencia, los rumbos se han marcado como diametralmente opuestos.
Tania Reneaum, directora de AI México, señaló a través de un comunicado que ante la crisis de inseguridad y derechos humanos, el nuevo gobierno debería “romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo. Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones. La propuesta del presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las policías civiles”.
Al respecto se pronunció también el representante en México del Alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, para quien resulta urgente el retiro del Ejército de las tareas de seguridad pública y mientras esto no se logre su participación “debe estar bajo el mando de las autoridades civiles y ser llevada a cabo en todo momento con pleno respeto de los derechos humanos”.
-¿Por qué no darle un mando civil a la Guardia Nacional?
Responde Durazo:
“Porque no tiene sentido simular la realidad, una formación militar, con disciplina militar, jerarquía militar, es más eficaz con un mando militar, pero recuerden ustedes, todos estos mandos, toda la base de la Guardia Nacional tendrá una formación distinta a la de los soldados.
“Lo importante es utilizar la infraestructura, la capacidad, los recursos humanos que ya tiene capacitados el Ejército Mexicano. El Ejército tiene aproximadamente 35 mil policías militares ya capacitados y la Marina debe tener 6 o 7 mil policías navales. Los policías militares y navales tienen una formación distinta a la del soldado raso, están capacitados para el trato con la población, están capacitados en derechos humanos y están capacitados en otras materias que son importantes para un buen desempeño”, señaló.
Diálogo con el narco, abierto
Tantas dudas como críticas generó la creación de la Guardia Nacional, implicó la declaración de Durazo de aceptar que el diálogo con el crimen organizado es una alternativa estudiada por el equipo del presidente electo: “En esta primera etapa estamos planteando la necesidad de explorar todo tipo de opciones para lograr la paz en el país, en otros lugares más politizados se ha llegado a negociaciones con organizaciones que han tenido connotación política, pero también connotación criminal, creemos que esto es posible con una serie de condicionamientos como reparación del daño a las víctimas, al conocimiento de la verdad, al desarme y por supuesto a la no repetición de los daños”, expresó el futuro secretario de Estado. Se espera que la reforma constitucional que dé paso a la creación de la Guardia Nacional quede lista en el Congreso de la Unión antes del próximo 1 de diciembre, cuando inicie la cuarta transformación.
